La consulta del Pacto Histórico programada para el 26 de octubre atraviesa su momento más crítico. La decisión de Daniel Quintero de retirarse como precandidato a la Presidencia ha reconfigurado el panorama interno de la coalición, al tiempo que abrió un debate jurídico, político y financiero sobre la viabilidad del proceso.
El exalcalde de Medellín anunció su retiro tras conocerse que el Consejo Nacional Electoral (CNE) prohibió el uso del logo del movimiento en el tarjetón electoral. Quintero calificó la decisión como un intento de «convertir la consulta en interpartidista», lo que, según explicó, cambiaría las reglas de juego y pondría en riesgo su aspiración presidencial en 2026.
¿Por qué se retiró Quintero?
El argumento central de Quintero se basa en la interpretación del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011. Este establece que si una consulta se considera como mecanismo para seleccionar al candidato presidencial de una coalición, su resultado es de carácter obligatorio. Por tanto, quien participe y gane, no podría postularse después en otra consulta interpartidista —como la del Frente Amplio prevista para marzo— sin incurrir en doble militancia o incumplimiento de una decisión popular.
“El CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra de nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del Frente Amplio. No vamos a caer en la trampa”, dijo Quintero en un video publicado en redes sociales.
El exmandatario local agregó que, tras un análisis jurídico con su equipo, optó por no participar en la jornada de octubre y enfocarse en una eventual candidatura en 2026 bajo condiciones que considere más justas y transparentes.
La decisión del CNE
El CNE tomó la determinación con siete votos contra dos, al considerar que el Pacto Histórico no cuenta con personería jurídica como partido único, sino que sigue siendo una coalición de movimientos. Esto impide que aparezca en el tarjetón con su nombre o símbolo, lo cual representó un golpe simbólico y político al proceso.
Reacciones desde el Gobierno y la coalición
El presidente Gustavo Petro, líder natural del Pacto Histórico, se pronunció de inmediato. A través de su cuenta en X (antes Twitter), afirmó que el fallo del CNE “desbarata la consulta a la fuerza” y lo calificó como un “golpe antidemocrático”.
Por su parte, la precandidata Carolina Corcho confirmó que continúa en la contienda y pidió a las autoridades electorales que garanticen la transparencia del proceso:
“Seguimos firmes. Reimprimir el tarjetón con claridad, permitir la inscripción equitativa de testigos y custodiar los materiales electorales son medidas mínimas que deben cumplirse”, señaló.
La expectativa ahora recae sobre el senador Iván Cepeda, quien aún no ha definido si seguirá participando o se sumará al retiro de Quintero. Se espera un pronunciamiento en las próximas horas.
¿Y si se cancela la consulta?
La posible cancelación del proceso no solo tendría consecuencias políticas. También existen implicaciones legales y económicas importantes. La Registraduría Nacional, bajo la dirección de Hernán Penagos, ya imprimió cerca de 39 millones de tarjetones con los tres precandidatos. No utilizarlos o reimprimirlos podría acarrear un detrimento patrimonial estimado en más de 200.000 millones de pesos.
Adicionalmente, la Ley 1475 de 2011 establece que, si un candidato se retira una vez iniciado el proceso, debe reintegrar proporcionalmente los gastos en que haya incurrido la organización electoral. Según analistas, los partidos del Pacto podrían tener que asumir la devolución de recursos públicos ya ejecutados, que superarían los 100.000 millones de pesos.
El futuro del Pacto Histórico
Mientras se resuelve el futuro de la consulta presidencial, sigue en pie la jornada interna para definir las listas al Senado y la Cámara de Representantes. Esta votación sigue siendo válida y legalmente convocada, por lo que los partidos integrantes del Pacto deberán decidir si avanzan por esa vía o replantean todo el ejercicio.
Entretanto, Quintero no solo lidia con su retiro político temporal. En paralelo, enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades en la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) durante su alcaldía. La Fiscalía ya radicó el escrito de acusación en su contra, en un caso que también involucra a varios exfuncionarios de su gabinete. El exalcalde ha reiterado que es inocente y que demostrará su versión ante los tribunales.
¿Consultas divididas o unidad en marzo?
El panorama es incierto. Si no se realiza la consulta del 26 de octubre, algunos sectores del Pacto Histórico apuntan a reestructurar sus esfuerzos hacia la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026.