Bogotá, 21 de agosto de 2025.
El Consejo de Estado dejó en firme la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la nación, al negar la demanda que pretendía anular su designación por supuestas irregularidades en el proceso de conformación y votación de la terna presentada por el presidente Gustavo Petro.
El alto tribunal desestimó la demanda que buscaba anular su nombramiento, tras concluir que no se vulneraron normas constitucionales ni legales en su elección.
La Sección Quinta del alto tribunal, encargada de asuntos electorales, concluyó que la renuncia de Amelia Pérez —una de las integrantes de la terna original—, no vicia la votación realizada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia el 12 de marzo de 2024, cuando se eligió a Camargo con 17 votos.
Asimismo, descartó que hubiesen sido vulneradas garantías constitucionales relacionadas con el voto secreto, la paridad de género, el quórum reglamentario, o los derechos de participación política.
Los hechos en contexto
La terna original para elegir al sucesor de Francisco Barbosa fue remitida por el presidente Petro el 2 de agosto de 2023, incluyendo a Ángela María Buitrago, Amparo Cerón y Amelia Pérez. Posteriormente, Cerón fue reemplazada por Luz Adriana Camargo. Esta modificación generó controversia, ya que se realizó sin que la candidata sustituida hubiera formalizado su renuncia.
A esto se sumó la renuncia sorpresiva de Amelia Pérez el 12 de marzo de 2024, minutos antes de la votación final. La jurista alegó razones personales derivadas de la exposición pública de su vida privada. A pesar de ello, la Corte Suprema decidió proceder con la elección, decisión que también fue objeto de reparos jurídicos por parte de los demandantes.
Además, durante la primera ronda de votaciones en febrero, se registraron protestas y disturbios alrededor del Palacio de Justicia, lo que generó inquietudes sobre un posible constreñimiento a los magistrados.
Argumentos de la demanda
La acción judicial cuestionó varios aspectos del proceso:
- Disolución de la terna: por la renuncia intempestiva de Amelia Pérez, presuntamente invalidando el procedimiento.
- Paridad de género: se alegó que al conformarse una terna solo con mujeres se vulneraba el derecho a elegir y ser elegido de otros sectores.
- Violencia externa: se argumentó que el asedio al Palacio de Justicia pudo haber alterado la voluntad libre de los magistrados.
- Presunta violación al voto secreto.
- Conflicto de interés del Presidente de la República.
Decisión del Consejo de Estado
Tras unificar los múltiples procesos contra la elección de Camargo, el despacho de la magistrada Gloria María Gómez emitió el fallo negando la nulidad.
En su decisión, el Consejo de Estado subrayó que el presidente de la República tiene la facultad exclusiva de conformar, modificar o retirar la terna, sin que se requiera consentimiento de los postulados ni autorización de la Corte Suprema. En ese sentido, la renuncia de Pérez, presentada ante un órgano sin competencia nominadora, carece de efectos jurídicos.
“La Corte Suprema no tenía competencia para decidir sobre la renuncia de Pérez Parra, pues la postulación es competencia exclusiva del Presidente”, señaló el fallo.
Sobre la alegada vulneración del voto secreto o el posible constreñimiento por las protestas del 8 de febrero, el Consejo concluyó que no se demostró afectación alguna en la voluntad ni en el resultado de la votación.
Respecto a la paridad de género, el alto tribunal consideró constitucional la presentación de una terna integrada exclusivamente por mujeres, al tratarse de una medida afirmativa destinada a corregir brechas históricas de discriminación.
Postura de las instituciones
La Corte Suprema de Justicia respaldó la validez de la elección, al indicar que los magistrados tomaron la decisión de continuar con la votación tras deliberar sobre la renuncia de una de las candidatas.
“El Presidente es el único facultado para modificar la terna, y ningún magistrado manifestó haber sufrido presiones que comprometieran su voto”, expresó el alto tribunal en su intervención.
Entidades como la Presidencia de la República, la Procuraduría General y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado también intervinieron en el proceso, solicitando mantener en firme el nombramiento.
Camargo continuará al frente de la Fiscalía General de la Nación hasta 2028.