El Consejo de Estado admitio una demanda que busca la pérdida de investidura del Representante a la Cámara por Bogotá, David Racero, por presunto uso indebido de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en labores ajenas a las funciones públicas.
La acción judicial, presentada por los ciudadanos Samuel Ortiz Mancipe y Lucas Durán, señala que Racero habría asignado a un colaborador de la UTL para atender su negocio personal, un supermercado de frutas y verduras ubicado en Villa Luz, al occidente de Bogotá.
Detalles del caso y pruebas aportadas
La demanda se basa en la normatividad que establece que los funcionarios de las Unidades de Trabajo Legislativo deben dedicarse exclusivamente a apoyar las actividades legislativas de los congresistas. Cualquier desviación para fines particulares puede constituir causal de pérdida de investidura.
Entre las pruebas aportadas al expediente figuran audios, fotografías, conversaciones de chat y denuncias periodísticas. Una investigación del periodista Daniel Coronell, en su columna “Los Danieles”, expuso cómo Racero solicitaba informes de ventas a Jhon Leonardo García, miembro de su UTL, presuntamente para labores relacionadas con su negocio privado.
Proceso y consecuencias
El expediente fue asignado al despacho del magistrado Freddy Hernando Ibarra Martínez, quien además estudia un recurso previo por hechos similares. El Consejo de Estado evalúa acumular ambos procesos para un análisis conjunto.
Con la admisión de esta nueva demanda, el conteo de términos procesales quedó suspendido mientras avanza el trámite. Si las acusaciones se confirman, el congresista podría enfrentar la pérdida de su investidura, lo que implicaría su salida del Congreso y la llamada “muerte política”.
Escándalos paralelos y más investigaciones
Este proceso se suma a un escándalo reciente protagonizado por Racero, tras la difusión de un audio donde ofrece un millón de pesos para contratar a una empleada con jornadas extendidas y sin prestaciones laborales, lo que ha generado indignación pública.
Paralelamente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también investiga el posible uso indebido de personal de la UTL y otras irregularidades relacionadas con la contratación sin garantías laborales.
Indagación disciplinaria en el Sena
A su vez, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra Racero por presuntas irregularidades en la designación de cargos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La investigación, motivada por un informe periodístico de W Radio, analiza audios y chats donde el congresista y el director del Sena, Jorge Eduardo Londoño, habrían pactado nombramientos para personas cercanas al representante y su partido, el Pacto Histórico.
Entre las pruebas, se evalúan solicitudes para reservar cargos para aliados políticos e incluso recomendaciones que involucran a familiares del congresista.
David Racero ha rechazado públicamente las acusaciones, calificándolas de inexactas. Sin embargo, será la justicia la que determine la veracidad de las pruebas y posibles sanciones legales o políticas.
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