Condenan a exdirectivos de Chiquita Brands por nexos con paramilitares: pena de 11 años y multa millonaria


Antioquia, Colombia — En un fallo histórico, el Juzgado 6 Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió una condena de 11 años y 3 meses de prisión contra siete exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands por el delito de concierto para delinquir agravado, debido a su participación en el financiamiento a grupos paramilitares, específicamente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Además, la sentencia impone una multa superior a los 13 mil 879 millones de pesos y ordena la emisión inmediata de órdenes de captura contra los condenados.


Detalles de la condena

El juez encargado del caso negó beneficios como la prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la pena. En su pronunciamiento, subrayó que financiar grupos armados ilegales representa un ataque directo contra el Estado y la paz social, ya que esos recursos prolongaron la capacidad operativa de las AUC y aumentaron el riesgo de más crímenes.

El fallo también criticó duramente la actuación de la Fiscalía General de la Nación, calificándola de “sumisa, superficial y carente de rigor”, señalando que esta negligencia vulneró los derechos de las víctimas y los principios que rigen la función pública.

La juez  les negó la suspensión de la pena y la prisión domiciliaria y se ordenó librar órdenes de captura.

Llamado a la Fiscalía y al Estado

El juzgado instó a la Fiscalía General a revisar y mejorar sus procesos investigativos, dado que su deficiente actuación causó un grave detrimento procesal y afectó el derecho a la justicia de las víctimas.

«Por último, el despacho no puede culminar este proveído sin dejar sentada su más enérgica nota de protesta por la actuación de la Fiscalía en el presente caso, toda vez que incurrió en una manifiesta negligencia en su deber de investigar y acusar con seriedad el presente caso, vulnerando no solo los derechos de las víctimas, sino también los principios de eficacia y buena fe que rigen la función pública. A pesar de tratarse de hechos de graves repercusiones sociales y jurídicas, su actuación fue sumisa, superficial y carente de rigor, tanto en la fase investigativa como durante el juicio oral, lo que generó un grave detrimento procesal y una afectación al derecho a la justicia, omitiendo su deber de actuar con la debida diligencia pese a su delicada misión institucional. Por razón de lo anterior, copia de esta decisión deberá remitirse al fiscal general de la Nación para lo de su competencia«.


Los condenados

Los exdirectivos condenados son:

  • Reinaldo Elías Escobar de la Hoz
  • John Paul Olivo
  • Charles Dennis Keiser
  • Álvaro Acevedo González
  • José Luis Valverde Ramírez
  • Víctor Julio Buitrago Sandoval
  • Fuad Alberto Giacoman Hasbún

Por otro lado, el juzgado absolvió a tres exdirectivos de Banacol, al considerar que no se logró desvirtuar la presunción de inocencia en su contra.

Para la juez «La conducta atribuida a los ciudadanos REINALDO ELÍAS ESCOBAR DE LA HOZ, JOHN PAUL OLIVO, CHARLES DENNIS KEISER, ALVARO ACEVEDO GONZÁLEZ, JOSE LUIS VALVERDE RAMÍREZ, VICTOR JULIO BUITRAGO SANDOVAL y FUAD ALBERTO GIACOMAN HASBÚN es bastante censurable, toda vez que la financiación de grupos armados no es un delito común, sino un ataque indirecto El Estado y la paz social, no se afecta solamente la seguridad pública como bien jurídico, sino la integridad de los ciudadanos colombianos, además en cuanto al daño potencial, el aporte de esos recursos prolongó la capacidad operativa de las AUC y con ello el riesgo de más crímenes, aspectos que denotan un mayor juicio de reproche, de allí que la necesidad de la pena tanto desde el punto de vista de la prevención y la retribución justa, demande una sanción cuyo mensaje disuada a otros empresarios, políticos o personas con posición de autoridad, de incurrir en este tipo de ilícito«

Contexto del caso y antecedentes internacionales

Chiquita Brands International, empresa estadounidense dedicada a la producción y distribución de banano, fue condenada en Estados Unidos hace poco más de un año por haber entregado más de 1,7 millones de dólares a tres bloques paramilitares entre 1997 y 2004. Estos pagos, según la justicia estadounidense, se realizaron con el objetivo de garantizar seguridad privada a la empresa, pero constituyeron asistencia sustancial a grupos armados ilegales.

La multinacional había argumentado que los pagos buscaban proteger a sus empleados frente a extorsiones y amenazas. Sin embargo, organizaciones de víctimas y expertos en derechos humanos calificaron estas acciones como un “pacto con el diablo”, dado el conocimiento que tenía la empresa sobre los crímenes cometidos por los paramilitares.

Este caso se mantuvo en litigio durante 17 años, con investigaciones periodísticas y evidencias desclasificadas, que permitieron reconstruir el entramado de pagos y su impacto en las comunidades afectadas.


El vínculo con el jefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún

La sentencia identifica a Raúl Emilio Hasbún, alias “Pedro Bonito”, como el intermediario que canalizaba los recursos entregados por la multinacional hacia las arcas de las AUC. Hasbún lideró el Bloque Bananero y fue parte de la desmovilización paramilitar en 2004.