El Juzgado Primero de Conocimiento de Bogotá condenó a César Augusto Manrique por su participación en un escándalo de corrupción relacionado con la compra de 100 motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá. Manrique fue hallado responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, fue absuelto del cargo de peculado por apropiación.
Manrique fue director del Departamento Administrativo de la Función Pública, involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD.
Un juez de Bogotá declaró culpable a César Manrique, exdirector de la Función Pública, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en un caso de corrupción relacionado con la adquisición de motocicletas eléctricas para la Policía de Bogotá durante la alcaldía de Gustavo Petro.
El caso de las motos eléctricas
Los hechos que llevaron a la condena de Manrique se remontan al 28 de agosto de 2012, cuando, en su rol de gerente encargado del Fondo de Vigilancia de Bogotá, firmó un contrato para la adquisición de 100 motocicletas eléctricas por un valor de $4.357 millones. El propósito de la compra era mejorar la movilidad y operatividad de la Policía en la capital colombiana durante la administración del entonces alcalde Gustavo Petro.
Vea aquí la audiencia donde fue condenado Cesar Manrique exfuncionario de la Alcaldía de Bogotá:
Sin embargo, las motocicletas, del modelo Cross Marca Zero DS-ZF9, nunca entraron en funcionamiento y actualmente se encuentran inservibles. Este episodio se suma a otros casos polémicos de la época, como la compra fallida de camiones para la recolección de basura en Bogotá.
El proceso judicial contra Manrique comenzó en febrero de 2016, cuando la Fiscalía General de la Nación lo imputó por peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. A pesar de varias demoras y declaraciones de nulidad emitidas por el Tribunal de Bogotá, el juicio avanzó hasta que, en noviembre de 2021, se dio inicio formal a las audiencias.
Vínculos con el escándalo de la UNGRD
Además de su implicación en la compra de motocicletas eléctricas, César Manrique también ha sido señalado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la Fiscalía, Manrique participó en una reunión con Olmedo López, exdirector de la entidad, y otros funcionarios, con el objetivo de coordinar el pago de presuntas comisiones ilícitas derivadas de un contrato por cerca de $100.000 millones.
La reunión, que tuvo lugar en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras, también contó con la presencia de Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento de la UNGRD, y Gerardo Vega, entonces director de la ANT. En este encuentro se discutió la modificación del valor de un convenio y la destinación de recursos con el presunto fin de pactar el pago de sobornos.
Su renuncia y el traslado de la investigación
En agosto de 2022, Manrique asumió el cargo de director del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo, en septiembre de 2023, su defensa intentó trasladar el caso a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, argumentando su fuero por el nuevo cargo. Esta estrategia se diluyó cuando presentó su renuncia, oficializada el 1 de noviembre de 2024, con el argumento de haber recibido amenazas y enfrentar problemas de salud.
Manrique fue señalado como presunto involucrado en un caso de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según las investigaciones, el exfuncionario habría participado en una reunión el 25 de septiembre de 2023 con Olmedo López, exdirector de la entidad, y otros funcionarios, en la que se discutieron lineamientos para el pago de comisiones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía, en el encuentro también estuvo presente Luis Carlos Barreto, exsubdirector de conocimiento de la UNGRD. La reunión tuvo lugar en las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y contó con la participación del entonces director Gerardo Vega. Según las pruebas recopiladas, el objetivo era modificar el valor de un convenio y trasladar aproximadamente $100.000 millones a la UNGRD, con el fin de gestionar el pago de una coima equivalente al 7% de esa suma.
Con la reciente condena, se espera que el proceso judicial avance en la fase de individualización de pena y que se determine su posible responsabilidad en otros hechos de corrupción.