El Consejo Nacional Electoral (CNE) se encuentra en un punto clave de tensión mientras evalúa la posibilidad de abrir pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En el centro del debate está la presunta violación de los topes de financiación por un monto que supera los 5.300 millones de pesos.
La ponencia presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz plantea la apertura formal de una investigación contra la campaña presidencia 2022 de Gustavo Petro y su gerente de campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol. Sin embargo, el proceso se ha visto afectado por divisiones políticas dentro del CNE y la situación del magistrado Altus Alejandro Baquero.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la reincorporación de Baquero, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado en junio de 2024, al determinar que no cumplía con los 15 años de experiencia profesional requeridos para ocupar el cargo. Aunque el magistrado presentó una tutela ante la Corte Constitucional, la cual suspendió la decisión del Consejo de Estado, su reincorporación al CNE aún no ha sido oficializada.
El Consejo de Estado precisó que de conformidad con los artículos 264 y 232 de la Constitución Política, los quince años de experiencia profesional para ser magistrado de alta corte, deben contabilizarse desde el día de la obtención del título de abogado hasta el día de la postulación efectuada por las colectividades políticas. En el caso objeto de estudio, se concluyó que el señor Baquero Rueda completó catorce (14) años, once (11) meses y veinticinco (25) días a la fecha de postulación.
En medio de este panorama, el CNE decidió aplazar la votación sobre la ponencia de cargos hasta el 30 de septiembre, debido a que la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien se encontraba incapacitada, solicitó tiempo adicional para estudiar el expediente.
La defensa del presidente Petro, encabezada por el abogado Héctor Carvajal, ha cuestionado la legitimidad del proceso, argumentando que el CNE no tiene competencia para investigar al mandatario, invocando el fuero presidencial.
Por otro lado, las divisiones políticas dentro del CNE complican aún más la toma de decisiones. Con solo ocho magistrados habilitados para votar, la necesidad de una mayoría de seis votos para aprobar la ponencia podría llevar al nombramiento de conjueces si no se alcanza un consenso. Se sabe que cinco de los magistrados son críticos al gobierno, mientras que los otros tres están más alineados con Petro. La eventual participación de Baquero podría inclinar la balanza a favor o en contra de la apertura de cargos.
El CNE ha solicitado al Gobierno mayor protección para sus miembros tras recibir amenazas. La votación ha sido reprogramada para el 30 de septiembre, cuando finalmente se decidirá si se abre o no la investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.
El Consejo Nacional Electoral no tomó ninguna decisión sobre la ponencia que propone formularle cargos al presidente Gustavo Petro e investigar a su campaña por la presunta violación de topes. La magistrada Alba Lucía Velásquez del Pacto Histórico, solicitó la rotación del expediente. Los magistrados se volverán a reunir el 30 de septiembre para tomar una decisión.
Hasta el momento, solo hay ocho magistrados habilitados para votar. De no lograrse una mayoría decisiva, es posible que se deban nombrar conjueces para resolver el caso. La mayoría de las votaciones en temas contrarios al Gobierno han terminado 5-3 la mayoría requerida es de seis votos. Adicionalmente, la solicitud de tiempo por parte de la magistrada Alba Lucía Velásquez, quien estuvo incapacitada, podría retrasar aún más la decisión, sumándose a otros recursos legales interpuestos por el abogado defensor de Petro, Héctor Carvajal quien cuestiona la decisión del Consejo de Estado que dio el visto bueno al CNE.
La situación es aún más complicada debido a las divisiones políticas internas del CNE, donde cinco de los magistrados tienen una inclinación opositora al gobierno, mientras que los tres restantes han mostrado cercanía con el presidente Petro y su movimiento político. Se espera que la presencia de Altus Baquero incline la balanza, aunque el proceso sigue envuelto en incertidumbre.
Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), ha sido representante a la Cámara por el departamento del Huila por el partido Centro Democrático, fue director nacional de Registro civil y secretario de gobierno del Huila, entre otros. Prada está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia en el caso de falsos testigos de expresidente Álvaro Uribe Vélez.