Una audiencia decisiva para el mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro
Reanuda la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Desde las 9:30 a. m., en una audiencia virtual seguida de cerca por el país, el Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), será enviado o no a prisión por su presunta participación en el desvío multimillonario de recursos públicos destinados a emergencias humanitarias a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD
Fiscalía pide cárcel para Carlos Ramón González por su supuesta participación en el escándalo de corrupción.González fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, cargos que no aceptó. Según la Fiscalía González habría gestionado con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, la repartición de 70.000 millones de pesos en contratos.
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Por su parte, Iván Cancino abogado defensor del exdirector de DAPRE argumento que no existía superioridad jerarquica entre Olmedo López y Carlos Ramón González, ademas que no había cercanía entre ellos y que no conocía a muchos de los implicados.
Sobre el peculado Cancino dice que todo son expeculaciones, su cliente no participó en fiestas, reuniones no «era el gran capo como lo han querido dejar ver, Carlos Ramón es una vícitma de Olmedo López»
González, quien también fue director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y figura cercana al presidente Gustavo Petro desde sus días en el M-19, es señalado por el ente investigador como una de las cabezas de una sofisticada red de corrupción que habría transformado la UNGRD en un canal de financiamiento político ilegal.
Durante la audiencia anterior González negó los cargos, ante la pregunta del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, González respondió:
“No acepto los cargos, dado que todos son calumnias sin fundamento”.
🕙 En desarrollo: Minuto a minuto de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento
⏺️9:30 a.m — Inicio de la audiencia virtual
Carlos Ramón González se conectó de manera virtual a la audiencia ante el magistrado Leonel Rogeles Moreno del Tribunal Superior de Bogotá.
🔴 Siga aquí la cobertura en vivo del juicio a través de nuestras plataformas.
Fiscal Delegada ante la Corte Suprema, Maria Cristina Patiño, solicita cárcel para Carlos Ramón González por su supuesta participación en el escándalo de corrupción
Durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía presentó detalles sobre el papel de Carlos Ramón González en el entramado corrupto relacionado con la UNGRD. Según la Fiscalía, en 2023, González habría gestionado junto a Olmedo López, exdirector de la UNGRD, la repartición de contratos por 70.000 millones de pesos destinados a los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.
Se habría acordado la entrega en efectivo de 3.000 millones de pesos a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle, montos que, según la Fiscalía, fueron entregados entre el 12 y 14 de octubre de 2023. El enlace para la entrega fue la exconsejera Sandra Ortiz Nova, quien también fue imputada y permanece privada de la libertad. Para ello se habían reunido en varias oportunidades en Residencias Tequendama, Palacio de Nariño para materializar las «órdenes ílicitas».
Estas coimas habrían buscado asegurar el voto favorable de los congresistas a las reformas promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro, una práctica que, según la Fiscalía, se repite en otros capítulos de este caso, donde se habrían utilizado recursos de la UNGRD con ese fin.
Al respecto, la fiscal Patiño señaló:
«Su señoría, por medio de la sustentación que a continuación se presentará, la Fiscalía demostrará que la solicitud que hoy se eleva a su despacho no se basa en simples sospechas carentes de respaldo, sino que por el contrario existen suficientes elementos de juicio que sometidos al criterio de razonabilidad, sirven al propósito de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada, y contribuye a mantener inalterado el mandato de proporcionalidad implícito en la regulación constitucional.»
La fiscal presentó audios del interrogatorio del Senador Iván Name, Olmedo López y Sneyder Pinilla “Allí me da la orden, que era necesario cumplirles, que los presidentes del Senado y la Cámara no caminaban, que él había llegado a acuerdos con ellos para entregarles unos contratos. Me dijo $60 mil millones a Name y un poco más de $10 mil millones a Calle en contratos”: así fue la orden que Carlos Ramón González dio a Olmedo López.
En las declaraciones de Olmedo López, en un interrogatorio de la Fiscalía, el exjefe de la UNGRD dijo que se encontró con Carlos Ramón González «entre el 18 y 21 de septiembre en el Palacio de Nariño. Las convocatorias del doctor Carlos Ramón siempre era ‘nos vemos tal día’, era voz a voz, y había momentos en los que se aprovechaba de la agenda, aprovechábamos los tiempos de los consejos de ministros, porque llegábamos dos horas antes«.
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Los cargos y las pruebas
La Fiscalía General de la Nación imputó a González por tres delitos:
- Cohecho por dar u ofrecer
- Peculado por apropiación a favor de terceros
- Lavado de activos
Según la fiscalía, González habría ordenado el pago de sobornos a congresistas a cambio de apoyo político a las reformas del Gobierno. Los pagos habrían sido canalizados a través de contratos ficticios de la UNGRD, particularmente uno para la compra de 40 carrotanques para La Guajira, valorado en más de 70 mil millones de pesos.
Una red criminal organizada desde el poder
Según los testimonios de Olmedo López (exdirector de la UNGRD) y Sneyder Pinilla, González habría coordinado personalmente una estructura criminal. Esta tenía como fin redireccionar recursos públicos hacia congresistas clave:
- Iván Name, entonces presidente del Senado, habría recibido $3.000 millones en efectivo.
- Andrés Calle, entonces presidente de la Cámara, recibió $1.000 millones.
Estos pagos, de acuerdo con la Fiscalía, fueron planeados en reuniones privadas en el Palacio de Nariño, en apartamentos de lujo en Bogotá, e incluso en las Residencias Tequendama. Una figura clave en estas entregas fue Sandra Liliana Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien habría servido de intermediaria.
La defensa: negación total y denuncia de persecución
Desde su conexión virtual, Carlos Ramón González se mantuvo firme en su inocencia. Negó cualquier relación con el desfalco, asegurando que las acusaciones en su contra carecen de sustento probatorio.
Iván Cancino Argumentó que no existen pruebas sólidas en contra de su cliente y que los testimonios que lo involucran presentan múltiples inconsistencias.
“No solo no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales para acceder a esta medida, sino que hay claras y serias deficiencias probatorias; gravísimas contradicciones en las declaraciones rendidas por el señor Olmedo López, único testigo que la Fiscalía tiene para pedir esta imputación y esta medida de aseguramiento. Los demás nombres, los demás informes, las demás evidencias… ante la debilidad de la prueba presentada por la Fiscalía, pues los hace para tratar de soportar la medida solicitada. Desafortunadamente, tanto la declaración de Olmedo como los demás soportes, en el caso de Carlos Ramón, son como un castillo de naipes en una tormenta, no aguantan la misma y se caen y se desbaratan en favor de mi cliente”, dijo el defensor
La estrategia de defensa se centró en deslegitimar los testimonios de López y Pinilla, calificándolos como «colaboradores interesados» que buscan beneficios judiciales a costa de “fabricar una historia”.
El poder detrás del cargo
El fiscal Gabriel Sandoval en su exposición manifestó que González no era un funcionario más. “Su proximidad con el presidente, su cargo de confianza y su control sobre la contratación pública lo convertían en una figura de altísimo poder político y administrativo. Ese poder fue utilizado con dolo”.
Además, la Fiscalía reveló que González posee un patrimonio declarado de 6.500 millones de pesos y es accionista de varias empresas.