La investigación por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en Bogotá entró en una fase decisiva. Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del caso, fue dada de alta de un centro de salud mental en Londres, notificada formalmente por Interpol y quedó bajo custodia de las autoridades británicas, lo que activó el proceso de extradición solicitado por Colombia.
La empresaria bogotana, de 54 años, había permanecido internada tras ser rescatada el pasado 17 de diciembre de las aguas del río Támesis, en lo que las autoridades interpretaron como un presunto intento de suicidio. Su estado de salud mental había impedido hasta ahora que se le notificara oficialmente la orden de captura internacional emitida por la Fiscalía colombiana, retrasando los trámites judiciales. Ese escenario cambió en las últimas horas, luego de que un dictamen médico certificara que se encuentra en pleno uso de sus facultades físicas y psicológicas.
Notificación de Interpol y arresto formal
El procedimiento fue realizado por la National Crime Agency, luego de que la mujer fuera dada de alta por parte del personal médico del hospital donde se encontraba en el Reino Unido; y comunicado de inmediato a la Oficina Central de Interpol – Colombia.
Con el alta médica, agentes de Interpol procedieron a notificarle la circular roja vigente en su contra, expedida el 16 de octubre pasado por solicitud de la Fiscalía General de la Nación. Tras la diligencia, Guzmán fue trasladada desde el hospital St Charles Centre for Health & Wellbeing, en Notting Hill, a la estación de policía de Islington, donde permanece retenida de manera provisional mientras avanza el trámite de extradición.
Estación de policía de Islington, Londres
La empresaria ya fue puesta a disposición de la justicia británica y deberá comparecer ante la Corte de Westminster, tribunal encargado de conocer en primera instancia las solicitudes de extradición. Allí se verificará su identidad, se le informarán los cargos que enfrenta en Colombia y se evaluará si acepta o se opone a ser enviada al país. Una eventual oposición no impediría el proceso, pero sí podría extender los plazos.
Guzmán Castro, presunta responsable de la muerte de dos menores de edad y las lesiones causadas a otras dos personas, mediante intoxicación con talio, será presentada en audiencia ante el Tribunal de Westminster para notificarla del inicio del trámite de extradición en su contra.
Las autoridades colombianas han cumplido la totalidad de los trámites legales y diplomáticos exigidos para avanzar en la extradición. El Reino Unido confirmó que se ha recibido formalmente el requerimiento y que será gestionado de acuerdo con su ordenamiento jurídico.
Por su parte la Fiscalía en Bogotá adelantaba los tramites para procesarla como persona ausente, luego de que un juzgado penal municipal emitiera un edicto emplazatorio ante la imposibilidad de notificarla personalmente. Con Guzmán ya arrestada y formalmente requerida, las autoridades colombianas esperan su traslado para que responda de manera presencial ante un juez.
De acuerdo con autoridades judiciales, el dictamen médico concluyó que la empresaria se encuentra en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, lo que descarta cualquier intento de declararse inimputable o de prolongar el proceso alegando incapacidad psiquiátrica.
El origen del caso: frambuesas con talio
El proceso judicial se remonta al 3 de abril de 2025, cuando dos menores de 13 y 14 años, compañeras de colegio, consumieron frambuesas cubiertas con chocolate que habían llegado como un supuesto regalo a un apartamento del norte de Bogotá. Horas después, ambas colapsaron y fueron trasladadas de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde fallecieron tras varios días de hospitalización.
Los análisis toxicológicos confirmaron que las frutas estaban impregnadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e insaboro, cuya ingestión provoca fallas multisistémicas severas. Expertos médicos consultados durante la investigación señalaron que las concentraciones halladas en las menores eran excepcionalmente altas, incluso superiores a los registros habituales en literatura médica internacional.
Un antecedente clave y una hipótesis de venganza
Las pesquisas permitieron establecer que el caso no era aislado. La madre de una de las niñas fallecidas había presentado, años atrás, síntomas compatibles con intoxicación por talio, entre ellos pérdida de cabello y fuertes dolores, y llegó a registrar niveles elevados de este metal en su organismo. Aunque logró una mejoría inicial, falleció en 2021 por cáncer luego de llegar de un viaje a Europa, un antecedente que hoy es considerado clave por los investigadores.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Zulma Guzmán habría actuado como determinadora del envenenamiento, presuntamente motivada por una disputa personal tras el fin de una relación sentimental con el padre de una de las menores. Para los fiscales, la coincidencia del veneno utilizado, el entorno familiar y la secuencia temporal de los hechos evidenciarían un plan deliberado y no accidental.
En entrevista exclusiva con Focus Noticias Zulma Guzmán contó que la relación extramatrimonial con Juan de Bodout duró desde el 2013 al 2020 y que luego se encontraron ocasionalmente, además entregó su versión de porque había salido del país hacia Argentina el 13 de abril días después de la muerte de la segunda menor y la compra recurrente de frambuesas.
La huida y localización en Europa
Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió de Colombia y se desplazó por varios países, entre ellos Argentina, Brasil y España. Las autoridades sostienen que intentó borrar rastros digitales y de redes sociales para evitar ser ubicada. Finalmente, fue localizada en Londres gracias a labores de cooperación internacional y seguimiento, y su rescate en el Támesis precipitó la intervención de las autoridades británicas.
Durante su internación, el estado de salud de la empresaria fue el principal obstáculo para avanzar en el proceso judicial. Sin embargo, el reciente dictamen médico descartó cualquier condición que le impida responder ante la justicia, despejando también la posibilidad de que alegue inimputabilidad.
Lo que viene: extradición y juicio en Colombia
Con la notificación de Interpol y el inicio de las audiencias en la Corte de Westminster, el proceso entra ahora en su fase definitiva. Si se concede la extradición, Guzmán será trasladada a Colombia para comparecer ante un juez de control de garantías, donde se formalizará la imputación de cargos por homicidio agravado y otros delitos asociados.
De ser vencida en juicio, la empresaria podría enfrentar penas de entre 40 y 50 años de prisión, según las estimaciones de la Fiscalía. El caso, por la gravedad de los hechos, el uso de una sustancia poco común y la dimensión internacional de la investigación, se ha convertido en uno de los expedientes penales más complejos y sensibles de los últimos años en Colombia.
La salida de Zulma Guzmán Castro del hospital mental en Londres marca un punto de inflexión definitivo en el caso que investiga la justicia colombiana por la muerte de dos menores envenenadas con talio en Bogotá. Con el alta médica certificada por especialistas británicos y su traslado a una estación policial, se despejó el principal obstáculo que había frenado durante semanas el trámite de extradición solicitado por Colombia.
De acuerdo con autoridades judiciales, el dictamen médico concluyó que la empresaria se encuentra en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, lo que descarta cualquier intento de declararse inimputable o de prolongar el proceso alegando incapacidad psiquiátrica. Este concepto fue determinante para que Interpol formalizara la notificación de la orden de captura internacional y para que la justicia del Reino Unido activara el procedimiento de entrega.
La notificación oficial de Interpol, realizada una vez Guzmán fue dada de alta, permitió su retención provisional con fines de extradición, figura que la mantiene bajo custodia mientras se surten las audiencias ante un tribunal británico. Actualmente, la empresaria permanece bajo vigilancia policial en el distrito de Islington, a la espera de que se definan los plazos y condiciones de su eventual traslado a Colombia.
Fuentes judiciales confirmaron que la primera audiencia ante la corte de Westminster tiene como objetivo verificar la identidad de la requerida, informarle formalmente los cargos que enfrenta en Colombia y evaluar si se cumplen los requisitos legales para avanzar con la extradición. En esta etapa, Guzmán puede manifestar si acepta o se opone a ser enviada al país, aunque una eventual oposición no detendría el proceso, sino que lo extendería.
Mientras tanto, la Fiscalía General de la Nación continúa fortaleciendo el expediente que sustenta la solicitud de extradición. El ente acusador sostiene que cuenta con pruebas técnicas, periciales y testimoniales que ubican a Guzmán como presunta determinadora del envío de frambuesas impregnadas con talio, sustancia altamente tóxica que habría sido utilizada de manera deliberada para causar la muerte de las menores.
Uno de los elementos clave del caso es el análisis de patrones previos de intoxicación con talio en el mismo entorno familiar. Para los investigadores, la coincidencia de síntomas, el tipo de sustancia empleada y la secuencia temporal de los hechos refuerzan la hipótesis de una conducta sistemática y no accidental, lo que agrava la responsabilidad penal atribuida a la empresaria.
El avance del proceso en el Reino Unido también dejó sin efecto la posibilidad de que Guzmán fuera juzgada en Colombia como persona ausente, una alternativa que había sido considerada de manera excepcional ante la imposibilidad de ubicarla y notificarla. Con su captura formal y comparecencia ante autoridades británicas, la Fiscalía podrá exigir que responda de manera presencial ante un juez colombiano.
De concretarse la extradición, Guzmán será presentada ante un juez de control de garantías en Bogotá para la imputación formal de cargos, etapa en la que se definirán los delitos específicos y las medidas de aseguramiento. Según estimaciones jurídicas, de ser hallada culpable, la empresaria podría enfrentar penas que oscilan entre 40 y 50 años de prisión, dada la gravedad de los hechos y la condición de las víctimas.
El caso de las niñas envenenadas con talio no solo ha generado conmoción nacional, sino que se ha convertido en uno de los procesos penales más complejos de los últimos años por el uso de una sustancia poco común, la presunta planificación del crimen y la dimensión internacional de la huida y captura de la principal sospechosa. Con el inicio formal del trámite de extradición, el expediente entra ahora en su fase decisiva.
