El proceso judicial por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay sumó esta semana un nuevo y polémico capítulo, luego de que la Fiscalía citara a audiencia de imputación al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, y horas después retirara la solicitud.
La decisión provocó una fuerte reacción del funcionario, quien negó cualquier omisión en la protección del dirigente político y aseguró que la UNP no tenía competencia legal para reforzar su esquema de seguridad cuando era precandidato presidencial.
En medio de la controversia, también se conoció la renuncia de Andrea del Pilar Verdugo, esposa del ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, quien ocupaba un cargo directivo en la Fiscalía. La dimisión fue presentada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y se produjo horas después de que el ente acusador reversara la imputación contra Rodríguez.
“La palabra precandidato no existe para la UNP”
En entrevistas radiales y de prensa, Augusto Rodríguez sostuvo que la normativa vigente en 2025 no permitía a la UNP activar protocolos especiales para aspirantes que aún no estuvieran inscritos formalmente como candidatos.
“La palabra precandidato no existe en el lenguaje electoral ni en el lenguaje de protección de la UNP”, afirmó.
“El CORMPE solo se activa cuando hay campaña oficial. En ese momento se activaba para los candidatos, no para los precandidatos”.
Según el director de la UNP, esa limitación legal impidió que se evaluaran amenazas bajo el Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE), instancia encargada de recomendar refuerzos de seguridad en contextos electorales.
Augusto Rodríguez afirmó contar con testimonios internos que, según él, lo eximen de cualquier responsabilidad directa en el esquema de protección del senador asesinado. El director de la UNP aseguró que dentro de la investigación administrativa reposan declaraciones de los propios integrantes del esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay, en las que se establece que era el mismo senador quien administraba parte de los recursos asignados para su protección. “Yo tengo las declaraciones de los miembros del esquema dentro de la investigación interna y ahí se señala que era el propio senador quien disponía de los recursos que se le dieron para su seguridad”, sostuvo. Incluso, detalló que el día del atentado había un despliegue de protección activo. “Ese día una camioneta blindada y dos escoltas estaban al frente de su casa”, dijo.
Rodríguez agregó que que nunca fue citado formalmente por la Fiscalía antes del intento de imputación. “Nunca me ha llamado la Fiscalía a escucharme. A mí no me han recibido versión libre ni testimonio”, aseguró, y recalcó que su vinculación al proceso se produjo sin haber sido oído previamente. “No es normal que a uno lo llamen a imputación sin siquiera haberle pedido su versión de los hechos”, concluyó.
Policía, Congreso y una responsabilidad compartida
Rodríguez recalcó que la seguridad de los congresistas, incluido Miguel Uribe Turbay, no recaía exclusivamente en la UNP, sino que estaba a cargo de la Policía Nacional, en virtud de un convenio interadministrativo con el Congreso.
“A los congresistas los atiende la Policía Nacional. Cuando hay una amenaza o se requiere refuerzo, la solicitud se tramita por medio del Congreso hacia la Policía, y esta nos remite el caso si es necesario”, explicó.
El funcionario negó haber recibido solicitudes formales de refuerzo del esquema del senador.
“No hay ni una sola solicitud; revisamos todos los archivos y correspondencias”, dijo.
“El abogado Víctor Mosquera está equivocado al señalar que hubo desprotección de la UNP”.
Sobre las más de 20 cartas enviadas por Uribe Turbay y su equipo, Rodríguez sostuvo que no se trataba de peticiones de refuerzo estructural, sino de apoyos logísticos para desplazamientos fuera de Bogotá.
“Lo que había eran solicitudes de apoyo en viajes, no refuerzos del esquema”, puntualizó.
Sorpresa por la imputación y denuncias de presiones
Rodríguez aseguró que se enteró por los medios de la citación a imputación y que nunca fue escuchado formalmente por la Fiscalía antes de esa decisión.
“Algo raro estaba pasando. Nunca me llamaron a una diligencia para oír mi versión”, manifestó.
El director de la UNP sugirió que detrás del intento de imputarlo podría haber motivaciones políticas y presiones internas. Señaló directamente al ministro de Justicia (e.), Andrés Idárraga, con quien mantiene un enfrentamiento público.
“Llegué a pensar que esto podría ser una retaliación del doctor Andrés Idárraga”, afirmó.
“Jamás pasa por mi cabeza hacerle escuchas a nadie. Tengo que ser impoluto”.
Rodríguez negó cualquier vínculo con supuestas interceptaciones ilegales y aseguró haber entregado información al presidente Gustavo Petro sobre lo que calificó como “indelicadezas”.
El retiro de la solicitud de audiencia de imputación obedece a un problema de competencia funcional dentro de la entidad. La fiscal que radicó la solicitud de audiencia pertenece a una unidad de Administración Pública, que no estaría habilitada para asumir el conocimiento de este proceso específico, debido a la existencia de un grupo especial de tareas creado mediante la Resolución 00633 del 19 de junio de 2025, liderado por la fiscal Elsa Reyes el cual concentra la investigación del caso Miguel Uribe.
La renuncia en la Fiscalía
En paralelo al retiro de la imputación, se conoció la renuncia de Andrea del Pilar Verdugo, esposa del ministro Idárraga, quien se desempeñaba como directora de Asuntos Jurídicos en la Fiscalía.
Su cargo es de naturaleza administrativa, no esta relacionada por el area misional o procesos penales, la funcionaria presentó su renuncia ante la Fiscal General Luz Adriana Camargo.
Fuentes del ente acusador indicaron que la dimisión de Verdugo — abogada egresada de la Universidad Libre, especialista en Alta Dirección del Estado de la Escuela de Alto Gobierno de la ESAP y especialista en Gestión de Desarrollo Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada. Tiene una maestría en Democracia y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca. Con más de 15 años de trayectoria en el sector público, en la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) ha sido Secretaria de la Mujer, la Familia y la Equidad de Género en el departamento del Meta y asesora jurídica del Ministerio de Interior.
Un vacío legal que ya fue corregido
Rodríguez reconoció que el asesinato del senador Uribe Turbay llevó al Gobierno a modificar los protocolos de protección electoral para incluir, por primera vez, a los precandidatos presidenciales.
“Lamentablemente, el atentado al doctor Miguel Uribe hizo que se cambiara todo”, señaló.
“A partir de esa situación, el Ministerio del Interior dispuso que de aquí en adelante se protegerán también precandidatos”.
El comunicado de la Fiscalía al respecto:
«Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Balleteros, y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores.
La fiscal 295 adoptó la determinación para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado…
En los próximos días se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal 295 de Administración Pública para fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso»
Por su parte, la Fiscal 295 seccional informó mediante una constancia que retira la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, la cual le había sido asignada mediante reparto automático y aleatorio el 11 de junio de 2025 y traslada el caso al Grupo de Tareas Especiales creado desde junio de 2025, del cual la funcionaria dice no tenía conocimiento:
Esta es la constancia de la fiscal:
Revisada la carpeta contentiva de la noticia criminal identificada con en NUNC 110016000050202556999 este
Despacho Fiscal deja CONSTANCIA de lo siguiente:
i) El conocimiento de la noticia criminal en referencia fue asignada el 11 de junio de 2025 a este despacho, por reparto automático y aleatorio, en etapa de indagación.
ii) Frente a la situación fáctica, se adujo que: Se presentó denuncia penal por parte del Doctor Victor Mosquera en contra del director de la Unidad Nacional de Protección en la que al parecer en razón al atentado que sufrió 7 de junio de 2025 el señor Miguel Uribe Turbay, y que tras haber sido herido de bala en la cabeza, esta situación se pudo haber sido prevenido ya que por información de Doctor Mosquera representante de victima, la Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Augusto Rodriguez, rechazó en varias oportunidades un refuerzo al esquema de seguridad de quien perdiera la vida el doctor Uribe, por esta razón se denunció por el delito de prevaricato por omisión. Esta fiscalia realizó el programa metodológico y diversas órdenes a policia judicial
iii) El día de hoy 19 de enero de 2026 se tiene conocimiento por esta delegada, referente a la existencia de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, «Por medio de la cual se crea el Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización dentro de las noticias criminales (…) y demás hechos relacionados con el atentado realizado en contra de Senador Miguel Uribe Turbay».
iv) En el mismo sentido, se deja la presente constancia en razón a que la Resolución considera que esta investigación debe ser asumida por los despachos competentes que son los indicados en el artículo tercero, con la finalidad de evitar posibles nulidades y especialmente concentrar las diligencias de una forma eficiente dada la naturaleza de los hechos investigados y su relevancia.
Como la indagación se ajusta a los parámetros se envia para que se asuma y como consecuencia se retirara la Audiencia de Formulación de Imputación al Centro de servicios Judiciales».
El atentado
El caso tiene su origen en el atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Ese día, Miguel Uribe Turbay recibió varios disparos mientras participaba en un mitin político. Fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde permaneció más de dos meses en estado crítico, hasta que falleció el 11 de agosto de 2025 por complicaciones derivadas de las heridas. Desde entonces, la actuación de la UNP quedó bajo escrutinio público, al ser la entidad encargada de evaluar riesgos y asignar esquemas de protección a dirigentes amenazados.
La defensa de la familia sostiene que desde 2023 la UNP había clasificado al senador con nivel de riesgo “extraordinario” y que, pese a ello, no reforzó su seguridad, ni siquiera después de que anunciara su aspiración presidencial en 2024. Uribe contaba el día del atentado con tres escoltas de la UNP, dos camionetas y cuatro policías adicionales que compartía con su núcleo familiar. Un juez de la República, en el marco de