Bogotá, 25 de agosto de 2025.
Por solicitud formal de la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría General de Interpol publicó una circular roja en contra de César Augusto Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y uno de los exfuncionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro. La medida busca hacer efectiva la orden de capturaemitida en su contra en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La circular roja —un instrumento internacional utilizado por Interpol para localizar y detener provisionalmente a personas buscadas por autoridades judiciales— fue publicada tras la orden judicial emitida el pasado 29 de julio por un juez de control de garantías de Bogotá, quien impuso a Manrique una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. No obstante, desde el 30 de julio, fecha en la que debía hacerse efectiva la detención, se desconoce su paradero, por lo que las autoridades lo consideran prófugo de la justicia.
Vínculos con el escándalo de la UNGRD
La Fiscalía señala a Manrique como uno de los articuladores del entramado de corrupción que operó en la UNGRD y que presuntamente habría servido para el desvío de recursos públicos mediante coimas y sobrecostos en procesos contractuales. Según la investigación, Manrique habría recibido pagos ilícitos superiores a los 3.000 millones de pesos, en un esquema que involucraría a varios exfuncionarios del más alto nivel del actual gobierno.
Manrique, ya fue condenado previamente por irregularidades en la contratación pública durante su gestión en la Alcaldía de Bogotá, bajo la administración de Gustavo Petro, específicamente por un contrato para la adquisición de 100 motocicletas para la Policía.
El caso de Carlos Ramón González y el asilo en Nicaragua
Paralelamente, otro nombre clave en este caso es Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien también enfrenta graves señalamientos de la Fiscalía por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.
González abandonó Colombia el 2 de noviembre de 2024, antes de que se emitieran medidas judiciales en su contra, y residió entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 en la sede diplomática de Colombia en Managua, Nicaragua. En junio de 2025, el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político, protegiéndolo de cualquier proceso de extradición solicitado por Colombia. El 20 de agosto, Nicaragua rechazó oficialmente la solicitud de extradición presentada por el gobierno colombiano, escudándose en el estatus legal que le otorga el asilo.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria sobre este caso y visitó recientemente la sede de la Cancillería para solicitar documentación relativa al procedimiento de asilo. La canciller Rosa Villavicencio afirmó en rueda de prensa que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Justicia han colaborado con las solicitudes del ente de control y manifestaron su inconformidad con la decisión del gobierno nicaragüense.
La Corte Suprema de Justicia ya ha citado a declarar a otros protagonistas del caso, incluyendo a Sneyder Pinilla, en investigaciones que involucran a congresistas como Julio Elías Chagüi y Martha Peralta.
La Fiscalía continúa avanzando en la judicialización de los implicados, mientras se mantiene la alerta internacional sobre César Manrique, ahora formalmente buscado en los 196 países miembros de Interpol.
Redacción