En una operación ejecutada por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia por temas relacionados con corrupción . El exmandatario enfrenta un proceso penal, la audiencia de lectura de fallo ante la Sala de Primera Instancia, esta programada para este miércoles a las 4:00 pm.
La captura de Abadía se relaciona con irregularidades detectadas en un contrato destinado a la adquisición de material bibliográfico para dotar a 40 establecimientos educativos en 10 municipios del departamento del Valle del Cauca. El contrato, firmado por un valor de 1.072 millones de pesos con la Fundación Calimío, ha sido objeto de escrutinio por presuntas prácticas corruptas.
Los delitos que se imputan inicialmente al exgobernador Abadía datan del período comprendido entre 2007 y 2010, durante su mandato en la Gobernación del Valle del Cauca. La Fiscalía General de la Nación ha formulado cargos por peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.
En el proceso judicial, se ha evidenciado que el contrato habría beneficiado a un particular que no cumplía con los requisitos legales necesarios. La empresa Fundación Calimío recibió la suma de 1.000 millones de pesos del departamento, a pesar de no contar con la experiencia requerida para ejecutar el contrato. Posteriormente, se descubrió que la empresa subcontrató a otra entidad para la ejecución del proyecto, generando más dudas sobre la transparencia del proceso.
Abadía también ha vinculan al escándalo conocido como el ‘Cartel de la Toga’, una red de corrupción en la que presuntamente estaban involucrados el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte y otros exintegrantes de la Rama Judicial. Se alega que Abadía habría participado en actos de soborno para obtener beneficios en procesos judiciales relacionados con el ‘Cartel de la Toga’.
El exgobernador se enfrenta a un juicio por el delito de cohecho por dar u ofrecer, cargo del cual se ha declarado inocente.
Abadía presuntamente había ofrecido 400 millones de pesos para obtener beneficios en el proceso penal en su contra. Por lo que fue relacionado con el «Cartel de la Toga«, habría contactado al exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez y al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera.
