El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, se encuentra en el centro de una nueva controversia judicial, tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación para imputarle cargos por su presunto involucramiento en el escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En una audiencia solicitada ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputará a González por los delitos de cohecho, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos, además de pedir una medida de aseguramiento en centro carcelario.
Un Escándalo de Corrupción que ha tocado a funcionarios del Gobierno y políticos
Carlos Ramón González, quien fue el encargado del Dapre durante la administración del presidente Gustavo Petro, figura como uno de los personajes clave en un entramado de corrupción . Según la Fiscalía, González habría jugado un papel determinante en la entrega de millonarios sobornos a congresistas de alto rango, presuntamente para asegurar su apoyo a las reformas propuestas por el gobierno.
Testimonios cruciales de exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, apuntan a que González dio instrucciones directas para facilitar el pago de 4.000 millones de pesos a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes, a finales de 2023, ocupaban posiciones estratégicas en el Congreso. Según las versiones, González habría organizado un cónclave con altos funcionarios para definir cómo y cuándo se entregarían estos recursos, con el objetivo de obtener respaldo político para las reformas del gobierno.
Fijan Fecha para la Audiencia de Imputación y Medida de Aseguramiento:
Los Cargos y las Investigaciones en Curso
La Fiscalía ha detallado que González será procesado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos, debido a las presuntas irregularidades en la contratación y el manejo de recursos públicos en la UNGRD. La investigación revela que, en octubre de 2023, González habría coordinado con Sandra Ortiz, pagos de sobornos a los presidentes del Senado y la Cámara, lo cual pone en evidencia un posible uso indebido de los recursos públicos para fines personales y políticos.
La Fiscalía está investigando si González también habría incurrido en el delito de tráfico de influencias de activos, al igual que Sandra Ortiz. De acuerdo con las investigaciones, se presume que González coordinó con Olmedo López la asignación de contratos y la transferencia de fondos de la UNGRD a los congresistas Iván Name y Andrés Calle quienes fueron capturados hace una semana en atención a una orden de captura de la Corte Suprema de Justicia.
Además, se investigan otras posibles irregularidades, como el tráfico de influencias y la dirección de contratos en beneficio de terceros. La Fiscalía también está analizando el papel de otros actores clave en el caso, como César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien también enfrenta cargos relacionados con este mismo escándalo de corrupción.
¿Dónde esta Carlos Ramón González ?
Mientras las investigaciones avanzan, la figura de Carlos Ramón González se ha visto envuelta en otro misterio: su salida del país. Según fuentes cercanas al caso, González habría abandonado Colombia poco después de que se conocieran las primeras investigaciones sobre su presunta participación en el caso de corrupción en la UNGRD. Algunos rumores apuntan a que el exfuncionario estaría tramitando asilo en España, aunque su defensa, liderada por el penalista Iván Cancino, ha asegurado que su viaje fuera del país fue por motivos personales y para un período de descanso.
Su viaje ocurrió poco después de que su esposa, Luz Dana Leal, renunciara a su cargo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
¿Quién es Carlos Ramón González Merchán?
Carlos Ramón González Merchán (Puente Nacional, 11 de noviembre de 1958) es un político colombiano con una carrera marcada por su paso por la guerrilla del M-19 y su participación activa en la política nacional.
Fue Director de la Dirección Nacional de Inteligencia y excopresidente del partido Alianza Verde.
Estudió Ingeniería Química en la Universidad Industrial de Santander (1977-1979) y más tarde se formó en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad del Valle.
En 1991 fue elegido candidato a la Asamblea Nacional Constituyente y, posteriormente, se desempeñó como Representante a la Cámara por Santander hasta 1994.
En 2013, como Director Ejecutivo del Partido Verde, jugó un papel clave en la consolidación de una alianza con el Movimiento Progresistas de Gustavo Petro.
La Investigación continúa
El caso sigue en desarrollo, con nuevos llamados a juicio para otros implicados en el entramado de corrupción dentro de la UNGRD. Entre ellos se encuentran el abogado Édgar Riveros Rey, acusado de concierto para delinquir y falsedad en documentos públicos, así como varios contratistas de la UNGRD. La Fiscalía también ha citado a César Manrique Soacha, quien fue considerado un hombre cercano al presidente Petro, para que rinda cuentas por su presunta participación en el escándalo.
La Fiscalía General de la Nación avanza en múltiples actividades investigativas para lograr la judicialización de los presuntos responsables en el entramado de corrupción que direccionó la contratación y se apropió de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Producto de ese trabajo fueron radicadas solicitudes de imputación en contra de ocho (8) presuntos involucrados en uno de los eventos delictivos detectados, la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En ese sentido, el equipo de fiscales imputará a:
• César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
• El abogado Édgar Riveros Rey, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
• Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas por prestación de servicios de la UNGRD, por los delitos delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
• Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, representante legal y jefe de ventas, respectivamente, de la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Social Integral (Yapurutú), por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado.
• Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD, por el delito de lavado de activos.