Un grupo de exministros de Hacienda y Jonathan Malagón presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) expresaron su preocupación frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero. A través de una carta abierta a la opinión pública y declaraciones posteriores del gremio bancario, los firmantes cuestionaron la conveniencia técnica y los posibles efectos económicos de la medida.
En la misiva fechada el 18 de febrero de 2026, los exministros señalaron que la propuesta genera inquietud por su impacto sobre el ahorro y el crédito. “Expresamos nuestra más profunda preocupación frente al reciente anuncio del Presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sistema financiero. Lo hacemos desde la experiencia, no desde una postura partidista”, indicaron. En el documento sostienen que “las inversiones forzosas no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia” y advierten que este tipo de instrumentos “encarecen las tasas de interés, reducen la disponibilidad de recursos y terminan perjudicando a quienes más necesitan financiamiento”.
Los firmantes —Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas— también señalaron que “la experiencia internacional es contundente” y que la mayoría de economías que implementaron estos esquemas los desmontaron por sus efectos adversos. En la carta agregan que, durante el siglo XXI, “solo Bolivia y Venezuela han creado nuevas inversiones forzosas” y subrayan que “una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso, no la premura de una emergencia”. Como alternativas, proponen instrumentos como garantías del Gobierno nacional, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento.
En la misma línea, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, manifestó su preocupación por el impacto de la medida sobre el ahorro de los ciudadanos. En declaraciones recientes, afirmó que los recursos comprometidos “no pertenecen a las entidades financieras, sino que son parte integral del ahorro de los colombianos depositado en el sistema”. Según explicó, la propuesta implicaría que el Gobierno administre un porcentaje de los 790 billones de pesos correspondientes a los depósitos totales del país.
El gremio estima que destinar de manera obligatoria un 5 % de los depósitos —equivalente a 38 billones de pesos— podría elevar las tasas de interés entre medio y un punto porcentual. De acuerdo con sus cálculos, para una familia que adquiere una vivienda de interés social a 15 o 20 años, este aumento representaría hasta 37 millones de pesos adicionales en intereses. Malagón calificó el mecanismo como un “subsidio cruzado” que, en su concepto, encarecería el crédito para la mayoría de usuarios.
Frente a las críticas sobre un eventual incumplimiento del llamado Pacto por el Crédito, el dirigente gremial señaló que, según cifras de la Superintendencia Financiera, los sectores priorizados crecieron 20 % en desembolsos frente al 10 % del resto de la economía, con un cumplimiento del 97 % y entregas cercanas a los 245 a 250 billones de pesos. Asimismo, recordó que el modelo de inversión forzosa fue común en la década de 1950, pero fue sustituido progresivamente por mecanismos de banca de fomento y créditos de segundo piso. Actualmente, el único instrumento vigente de esta naturaleza en el país son los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA).
En materia tributaria, Malagón también cuestionó las cifras sobre utilidades del sector financiero. Explicó que, de los 112 billones de pesos mencionados por el Gobierno, 90 billones corresponden a rendimientos de fondos de pensiones y pertenecen a los ahorradores. Según el gremio, las utilidades reales del sector ascendieron a 27 billones, con un pago de 14,5 billones en impuesto de renta. Además, advirtió que elevar el impuesto al patrimonio o llevar la tarifa efectiva de renta a niveles cercanos al 50 % afectaría la competitividad del país y podría trasladarse en mayores costos para los usuarios.
Finalmente, Asobancaria planteó que la discusión debería centrarse en alivios para deudores en zonas bajo declaratoria de emergencia. Indicó que actualmente existen 21 billones de pesos colocados en esos departamentos que podrían requerir periodos de gracia y refinanciaciones. El gremio reiteró su disposición a acompañar soluciones que, según señaló, protejan el ahorro y mantengan la estabilidad del sistema financiero.
