La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó este viernes una audiencia pública de seguimiento a las órdenes emitidas en 2024, en el marco de la Medida Cautelar Nacional sobre desaparición forzada, una acción judicial que busca proteger los derechos de las víctimas y contribuir a su búsqueda en todo el territorio nacional.
La sesión fue convocada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SARV) y estuvo presidida por el magistrado Raúl Sánchez, acompañado por la magistrada María del Pilar Valencia y el magistrado Gustavo Salazar.
El encuentro inició con un acto simbólico y la proyección de un video de la Fundación Nydia Érika Bautista, en homenaje a su fundadora, Yanette Bautista (q.e.p.d.), reconocida defensora de derechos humanos y referente de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. Durante la apertura, se recordó su legado en la defensa de la memoria, la verdad y la justicia.
“Esto que estamos haciendo será ejemplo para otros lugares del mundo: es el primer país donde se impulsa una ley para las mujeres buscadoras”, expresó Bautista en vida, al referirse a la Ley 2364 de 2024, que reconoce y protege de forma integral la labor y los derechos de las mujeres que buscan a sus familiares víctimas de desaparición forzada.
Vea la Audiencia Aquí:
Durante la audiencia, el magistrado Raúl Sánchez destacó que la Medida Cautelar Nacional de Desaparición Forzada constituye una de las acciones más significativas adoptadas por la JEP:
“No se trata únicamente de una decisión judicial, sino de un instrumento vivo que busca la protección integral de las víctimas y de quienes las buscan”, afirmó.
Por su parte, Federico Sajonero Aguilar, representante de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), señaló que la medida ha tenido impactos directos en los territorios, al trascender el ámbito judicial y convertirse en un proceso de transformación social y política.
Sajonero destacó algunos de los avances logrados desde la implementación de las órdenes de la JEP: la identificación de más de 300 cuerpos, la creación de mesas técnicas regionales, la vinculación de 40 entidades estatales, el fortalecimiento presupuestal y científico de la medida, la acreditación del Laboratorio Forense con estándares internacionales, y la creación del Centro Nacional de Identificación en Soacha.
“Estos resultados evidencian el papel activo y transformador de la JEP en la búsqueda y en la reconstrucción del tejido social”, subrayó.
Sin embargo, Carlos Antonio Murillo, representante del Instituto Nacional de Medicina Legal, advirtió que persisten desafíos en la formación de profesionales especializados:
“Hemos querido contratar médicos forenses y antropólogos forenses, pero no los hay en el mercado y muchos no quieren trabajar en este tema”, señaló.
La audiencia, que reunió a magistrados, organizaciones de víctimas y entidades estatales, reafirmó el compromiso de la JEP con la búsqueda de personas desaparecidas y con el reconocimiento del papel de las mujeres buscadoras como protagonistas en los procesos de verdad, memoria y justicia en Colombia.
