Tras el alarmante aumento en las tarifas de energía en zonas del país como la Costa Atlántica, que ha tenido un amplio debate desde septiembre de 2022.
Se realiza un amplio análisis para evaluar la pertinencia de los costos de las tarifas de energía y gas combustible, como herramienta para la implementación de la política de prestación de los servicios públicos, y su impacto fiscal en los esquemas de subsidios respectivos, al organismo de control le preocupan varias situaciones:
- La demora en la toma de medidas efectivas para resolver los problemas de liquidez de las empresas comercializadoras.
Esta situación se ha visto agudizada por las medidas regulatorias para contener los aumentos tarifarios, hecho que podría tener impactos negativos en la estabilidad del suministro de energía en el país. - La exposición a los precios volátiles de la bolsa de energía, que ha llegado a superar los $1.059 kW/h en la última semana, y la suspensión de contratos de energía de largo plazo, aumentan la incertidumbre en el sector.
- Se está mirando el impacto que han tenido las medidas regulatorias para lograr estabilizar las tarifas en el país y las medidas adicionales que se puedan implementar, identificando los componentes de la cadena de prestación del servicio que aplicarían.
En medio de un panorama preocupante, la Contraloría ha expresado inquietudes acerca de varias situaciones críticas. Se destaca la demora en la adopción de medidas efectivas para solventar los problemas de liquidez de las empresas comercializadoras, agravados por medidas regulatorias destinadas a contener los aumentos tarifarios. Este hecho, según la Contraloría, podría tener consecuencias nefastas en la estabilidad del suministro energético en el país.
En el estudio sectorial en curso, la Contraloría se sumerge en aspectos específicos, desde el análisis del comportamiento de los componentes del costo unitario del servicio eléctrico hasta la evaluación de la evolución de los subsidios de energía eléctrica frente al comportamiento de las tarifas durante el periodo 2010-2022. Este análisis se promete como una herramienta esencial para comprender y abordar la crisis energética actual.
El Contralor Delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, ha resumido las preocupaciones de la Contraloría, expresando inquietudes desde febrero de este año. Señala la falta de debate sobre la sustitución de ingresos provenientes de hidrocarburos, exploración y explotación de carbón e hidrocarburos. Además, destaca el aumento exorbitante en el costo de producción de energía eléctrica, alcanzando un asombroso 300% en 2023, lo que podría resultar en tarifas inalcanzables para empresas sin contratos a largo plazo.
La deuda acumulada de los comercializadores de energía, que asciende a cerca de $6 billones, y las medidas de emergencia destinadas a ayudar a La Guajira, pero que generan costos adicionales para usuarios en otras regiones, intensifican la crisis. La Contraloría advierte sobre la posibilidad de un «apagón comercial o financiero» si no se abordan las deudas y los aumentos de precios.