Un juez de control de garantías del Circuito de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra dos miembros activos del Ejército Nacional y una mujer civil, señalados por la Fiscalía General de la Nación de haber infiltrado el esquema de seguridad de la Presidencia de la República.
Los implicados fueron identificados como el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado, quien se habría hecho pasar por una oficial del Ejército para obtener acceso a información reservada.
Durante las audiencias, el juez validó los argumentos presentados por el ente acusador y concluyó que los tres procesados representan un peligro para la sociedad, dada la gravedad de los delitos imputados y la posibilidad de que, en libertad, entorpezcan el curso de la justicia o evadan su responsabilidad penal.
Un entramado de infiltración
De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se remontan a los últimos meses, cuando se detectó que Salgado habría ingresado en al menos 36 ocasiones al Batallón de Fuerzas Urbanas No. 5, ubicado en Bogotá. Su presencia allí, según el material probatorio recolectado, fue autorizada de forma irregular por el mayor Jiménez y el sargento Padilla.
Durante estas visitas, la mujer habría participado activamente en reuniones estratégicas relacionadas con la seguridad del presidente Gustavo Petro, así como en operativos militares dirigidos contra organizaciones delictivas como el Tren de Aragua.
La Fiscalía estableció que Salgado utilizó una identidad falsa como “capitán del Ejército” para acceder a documentos y reuniones de carácter reservado, secreto y ultrasecreto. Incluso habría intervenido en instancias interinstitucionales, lo que permitió la recopilación de información sensible sobre el funcionamiento de los esquemas de seguridad de altos funcionarios del Estado.
Cargos imputados
El ente investigador imputó a los tres señalados por los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura, revelación de secreto y fraude procesal.
“La mujer, haciéndose pasar como capitán, es señalada de asumir funciones exclusivas de los oficiales, ingresar a reuniones interinstitucionales y acceder a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto relacionada con indagaciones en curso, composición de los esquemas de seguridad de altos dignatarios”, explicó Nelson Andrés Escobar, director especializado contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía.
Según el mismo funcionario, esta presunta infiltración pudo comprometer investigaciones en desarrollo y estrategias de seguridad del Estado, lo que elevó la preocupación de las autoridades sobre un posible riesgo para la integridad de los funcionarios públicos y la seguridad nacional.
Decisión judicial
El juez concluyó que la libertad de los tres procesados podría significar un riesgo latente, especialmente por la posibilidad de fuga o de obstrucción a la justicia. Por ello, negó cualquier tipo de medida sustitutiva, como la detención domiciliaria, y ordenó su traslado inmediato a un centro penitenciario.
Por ahora, el proceso penal continuará en etapa de acusación, mientras la Fiscalía avanza en el análisis de nuevos elementos que podrían revelar si hay más personas involucradas o si estas acciones hacían parte de una red de inteligencia paralela.