La Corte Constitucional declaró inexequibles las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo que otorgaban autonomía presupuestal al Consejo Nacional Electoral (CNE), decisión que tendrá efectos a partir de enero de 2027. El alto tribunal concluyó que dichas normas vulneraban el principio de unidad de materia.
La determinación fue adoptada por la Sala Plena tras analizar los artículos 336 y 337 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Estas disposiciones habían introducido modificaciones al Estatuto Orgánico del Presupuesto con el objetivo de crear una sección presupuestal independiente para el CNE, además de otorgar a su presidente la facultad de actuar como ordenador del gasto.
En su análisis, la Corte estableció que los artículos demandados no guardaban una relación directa ni inmediata con los objetivos, metas o estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, ni con su plan plurianual de inversiones. Según el fallo, esta desconexión normativa constituye una vulneración del principio de unidad de materia, que exige coherencia entre las disposiciones incluidas en una ley y su propósito general.
Como consecuencia de esta conclusión, el tribunal ordenó retirar las normas del ordenamiento jurídico y restablecer el esquema previo de manejo presupuestal para el organismo electoral. No obstante, la decisión contempla efectos diferidos, por lo que los cambios comenzarán a regir a partir de enero de 2027.
La sentencia pone fin a un debate jurídico e institucional sobre el alcance de la autonomía del CNE en materia financiera, un tema que había generado diversas interpretaciones desde la expedición del Plan Nacional de Desarrollo. Con este fallo, la Corte reafirma los límites constitucionales en la elaboración de este tipo de leyes y la necesidad de mantener la coherencia temática en su contenido.