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La acusación de la Fiscalía
Según el escrito de acusación, de 287 páginas, Bonilla y Velasco habrían tenido un papel directivo dentro de una presunta estructura ilegal que habría operado entre 2023 y 2024.
La Fiscalía sostiene que, durante ese periodo, se habrían comprometido más de $612.000 millones en proyectos y contratos para obtener apoyos políticos en el Congreso. De acuerdo con el ente acusador, el supuesto esquema habría incluido el direccionamiento de 74 contratos del Invías y cinco de la UNGRD.
En el expediente, la Fiscalía afirma que los exministros se habrían concertado con otras personas para cometer delitos contra la administración pública, presuntamente con el objetivo de asegurar mayorías parlamentarias para iniciativas del Gobierno nacional.
¿Qué pasó antes?
El caso UNGRD estalló por denuncias de corrupción en contratos de la entidad encargada de atender emergencias y desastres en Colombia. Las investigaciones iniciales estuvieron relacionadas con presuntas irregularidades en la contratación de carrotanques y otros proyectos financiados con recursos públicos.
Con el avance de la investigación, la Fiscalía vinculó a exdirectivos de la UNGRD, exfuncionarios del Gobierno y congresistas. En ese proceso aparecieron los nombres de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior.
Ambos fueron enviados a detención preventiva en diciembre de 2025, mientras avanzaba la investigación. Sin embargo, el 7 de abril de 2026, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Ricardo Bonilla por vencimiento de términos. Esa decisión no significó absolución ni cierre del caso, por lo que el exministro sigue vinculado al juicio.
La situación de Bonilla y Velasco
Los dos exministros han negado los señalamientos en su contra. Sus defensas sostienen que será durante el juicio donde la Fiscalía deberá demostrar la validez de sus pruebas y la responsabilidad individual de cada acusado.
Por ahora, Bonilla y Velasco mantienen la presunción de inocencia, principio que se conserva hasta que exista una sentencia en firme.
¿Qué pasará ahora?
Tras la lectura del escrito de acusación, la Corte Suprema deberá avanzar en la definición del calendario judicial, la discusión y admisión de pruebas, y las siguientes audiencias del juicio.
En esta etapa, la Fiscalía buscará demostrar su tesis sobre la presunta compra de apoyos políticos mediante contratos públicos. Las defensas, por su parte, podrán controvertir las pruebas, presentar sus argumentos y solicitar la práctica de elementos probatorios a favor de los exministros.
El proceso seguirá bajo observación nacional por sus implicaciones políticas, judiciales e institucionales, especialmente porque involucra recursos públicos destinados a la gestión del riesgo y atención de emergencias.
Claves del caso
- Investigados: Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves.
- Entidad involucrada: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
- Delitos señalados: concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
- Monto mencionado por la Fiscalía: más de $612.000 millones.
- Contratos bajo revisión: 74 de Invías y cinco de la UNGRD, según la acusación.
- Autoridad judicial: Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
La audiencia continúa como parte de la etapa formal de juicio. La responsabilidad penal de los exministros será definida por la Corte Suprema con base en las pruebas que se practiquen durante el proceso.