El Gobierno Nacional suspendió la agenda de interlocución del Espacio de Conversación Socio Jurídico (ECSJ) con los voceros de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí, luego de la revelación de una parranda vallenata realizada dentro del penal el miércoles 8 de abril de 2026. La decisión fue anunciada este jueves 9 de abril por la delegación oficial, que rechazó lo ocurrido y condicionó la reanudación de las conversaciones a que se esclarezcan responsabilidades.
En su pronunciamiento, la mesa del Gobierno señaló que los hechos “no hacen parte de las garantías de funcionamiento del ECSJ” y añadió que “suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”. La delegación también expresó su respaldo a las medidas adoptadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
La controversia estalló después de que se conocieran imágenes y denuncias sobre una fiesta de grandes proporciones en la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí, donde están recluidos varios de los cabecillas que participan como voceros en la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá. La celebración, según la información conocida públicamente, incluyó música en vivo, licor y alimentos ingresados desde el exterior del centro penitenciario.
Entre los detalles más llamativos del episodio figura la presencia del cantante vallenato Nelson Velásquez, mencionado como uno de los artistas que ingresó al establecimiento. En las versiones divulgadas también aparece el nombre del cantante Luis Posada y se habla de la posible participación de una intérprete de música popular, extremo que no había sido confirmado oficialmente al momento de los reportes.
Sobre quiénes estuvieron en la fiesta, la información disponible apunta a que participaron jefes de bandas recluidos en la cárcel de Itagüí que actúan como voceros en el proceso de paz urbana. De acuerdo con las denuncias conocidas, los organizadores habrían aprovechado el permiso de ingreso de visitantes de los miércoles, con lo que en el penal se habrían reunido cerca de cien personas. Ese dato, así como otros detalles logísticos y económicos de la celebración, hace parte de versiones bajo verificación.
También han circulado señalamientos sobre el costo de la rumba. Según testimonios y denuncias públicas recogidas en los reportes iniciales, la celebración habría sido financiada mediante una “vaca” entre cabecillas, con un valor total cercano a los 500 millones de pesos, y al artista principal se le habría pagado alrededor de 100 millones de pesos. Hasta ahora, esos montos no han sido confirmados oficialmente por las autoridades y forman parte del material que podría ser objeto de investigación.
El Inpec reaccionó con medidas administrativas inmediatas. La entidad informó la apertura de investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de servicio cuando ocurrieron los hechos, la remoción del director encargado del penal y del coordinador de vigilancia, y la intervención de grupos especiales en el pabellón de alta seguridad. Además, subrayó que la actividad “en ningún momento fue aprobada, ni autorizada por el Gobierno Nacional, Ministerio de Justicia y del Derecho, ni la Dirección General del Instituto”.
La suspensión de los diálogos se produce en un momento especialmente delicado para el proceso. En los últimos días, los voceros y la delegación oficial venían reportando avances hacia un eventual acuerdo condicionado de paz urbana para el Valle de Aburrá. Sin embargo, el escándalo de la parranda reabrió las críticas sobre los privilegios carcelarios y sobre los controles alrededor de los jefes criminales que participan en ese espacio sociojurídico.
El contexto del proceso ayuda a dimensionar el impacto de lo ocurrido. El Espacio de Conversación Sociojurídico fue instalado formalmente en la cárcel de Itagüí el 2 de junio de 2023, luego de varios meses de acercamientos exploratorios, con el propósito de abrir una ruta de paz urbana y eventual sometimiento a la justicia para estructuras criminales del Valle de Aburrá. En su fase inicial se habló de 17 cabecillas en representación de más de 200 combos; con el tiempo, la interlocución pública pasó a involucrar a 23 jefes de estructuras criminales.
El proceso ya había estado rodeado de controversias por los beneficios y traslados otorgados a algunos voceros. Uno de los antecedentes más recordados es el llamado “tarimazo”, un acto público realizado en Medellín con participación de cabecillas trasladados desde la cárcel de Itagüí, episodio que derivó en cuestionamientos judiciales y políticos sobre el alcance de esas autorizaciones.
Con la suspensión anunciada este 9 de abril, el Gobierno deja en pausa la interlocución con las estructuras mientras se determina qué ocurrió dentro del penal, quién autorizó el ingreso del artista y de otros elementos, y si los voceros de la mesa tuvieron responsabilidad directa en la organización de la fiesta. Por ahora, el mensaje oficial es que la construcción de paz urbana no puede confundirse con permisos o privilegios incompatibles con el régimen penitenciario.