La Comisión Nacional de Disciplina Judicial anunció este 9 de abril de 2026 la apertura de una actuación disciplinaria de oficio para establecer si hubo una falta en la actuación de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que tenían a cargo el proceso contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. La decisión se produce dos días después de que un despacho del Tribunal Superior de Bogotá ordenara la libertad del exfuncionario por vencimiento de términos, al considerar que para el momento de la audiencia no se había radicado el escrito de acusación.
El nuevo pronunciamiento introduce un frente adicional en uno de los expedientes más sensibles derivados del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Comisión señaló que la actuación busca verificar si la aparente demora en la radicación del escrito de acusación constituye o no una falta disciplinaria, y precisó que, por la calidad y jerarquía de los fiscales involucrados, será la propia corporación la que adelante directamente las averiguaciones.
La controversia surgió después de la audiencia del 7 de abril, en la que la magistrada Isabel Álvarez Fernández concluyó que, desde la imputación formulada el 1 de diciembre de 2025 y hasta la instalación de la diligencia de libertad, la Fiscalía no había radicado oportunamente el escrito de acusación contra Bonilla. Con base en ese presupuesto objetivo, el despacho ordenó su libertad inmediata por vencimiento de términos. La Fiscalía, sin embargo, sostuvo que sí había presentado la acusación ese mismo día y apeló la decisión junto con otras partes del proceso.
El caso de fondo sigue abierto. Bonilla continúa vinculado al proceso penal por su presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD, un expediente que la Fiscalía amplió más allá de los sobrecostos y contratos irregulares dentro de esa entidad para sostener que existió un esquema más amplio de direccionamiento de proyectos públicos con fines políticos.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco habrían tenido un rol de dirección dentro de un supuesto acuerdo criminal destinado a ofrecer proyectos financiados con recursos del Estado a congresistas o a sus círculos políticos, con el propósito de asegurar apoyos legislativos a iniciativas del Gobierno. La hipótesis del ente acusador habla de 79 proyectos por más de 612.000 millones de pesos, de los cuales 74 corresponderían a Invías y cinco a la UNGRD.
Ese señalamiento llevó a que ambos exministros fueran procesados por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos. En diciembre de 2025, Bonilla y Velasco no aceptaron cargos y fueron enviados a prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Desde entonces, las defensas han insistido en su inocencia y han rechazado la tesis de la Fiscalía.
La decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no redefine el proceso penal ni modifica por sí misma la situación jurídica de Bonilla, pero sí abre una indagación sobre la conducta de los fiscales que manejaron el caso. En términos institucionales, el nuevo movimiento añade presión sobre la Fiscalía, en momentos en que el expediente UNGRD sigue siendo observado como una prueba sobre la capacidad del Estado para investigar, acusar y juzgar uno de los mayores escándalos de corrupción del actual periodo de gobierno.
Texto completo del comunicado
Boletín de Prensa
Bogotá, 9 de abril de 2026
“La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó de oficio disponer actuación disciplinaria, en razón al conocimiento que se obtuvo a través de los medios de comunicación, de hechos relacionados con la libertad por vencimiento de términos del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla dentro del proceso penal que se sigue en su contra por un presunto caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cual fue decretada al parecer, por demora en la radicación del escrito de acusación por parte de los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de la investigación, con la cual se busca establecer si ello constituye o no falta disciplinaria, y dada la calidad y jerarquía de los fiscales, corresponde a esta Corporación adelantar directamente las averiguaciones