El proceso quedó en manos de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La audiencia de formulación de acusación fue fijada para el 23 de abril y el caso se centra en las decisiones que tomó el exministro de Relaciones Exteriores en la fallida licitación para la expedición de pasaportes.
La Fiscalía General de la Nación radicó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia el escrito de acusación contra el excanciller Álvaro Leyva Durán, a quien señala por el presunto delito de prevaricato por acción dentro del caso de la licitación de pasaportes. El expediente fue asignado a la magistrada Blanca Nélida Barreto, de la Sala Especial de Primera Instancia, despacho que ya programó la audiencia de formulación de acusación para el 23 de abril de 2026 a las 3:00 p. m.
De qué lo acusa la Fiscalía
La tesis del ente acusador es que, cuando era canciller, Leyva habría expedido actos administrativos “contrarios a derecho” durante el proceso de licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes. Según la Fiscalía, el exfuncionario declaró desierta la licitación en septiembre de 2023 pese a que había conceptos técnicos que recomendaban adjudicar el contrato y advertían riesgos para la continuidad del servicio.
De acuerdo con la acusación, la actuación de Leyva habría desconocido los principios de transparencia, selección objetiva y legalidad en la contratación estatal. La Fiscalía sostiene que el entonces canciller actuó con desviación y abuso de poder al apartarse de las recomendaciones técnicas y luego inadmitir un recurso presentado por la firma Thomas Greg & Sons, empresa que venía operando el servicio y que, según los reportes conocidos, era la única que cumplía los requisitos exigidos en ese proceso.
El caso penal se concentra, por tanto, en la decisión de declarar desierta la licitación y en las actuaciones posteriores relacionadas con ese trámite. Para la Fiscalía, esas determinaciones no solo habrían sido irregulares desde el punto de vista jurídico, sino que además comprometieron la prestación de un servicio público sensible, ligado al derecho de los ciudadanos a la libre movilidad.
Quién es Álvaro Leyva
Álvaro Leyva Durán fue ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Gustavo Petro y una de las figuras más visibles de la política exterior al comienzo de esa administración. Antes de llegar a la Cancillería, tuvo una larga trayectoria pública en Colombia y fue reconocido durante décadas por su participación en iniciativas de paz y en la vida política nacional.
El contexto del caso pasaportes
La controversia surgió cuando el Gobierno decidió no continuar con el esquema que mantenía a Thomas Greg & Sons como operador de la expedición de pasaportes. En medio de ese proceso, la Cancillería declaró desierta la licitación pública de 2023, una decisión que abrió una crisis administrativa y judicial por el riesgo de afectar la continuidad del servicio.
Después de ese episodio, el Gobierno optó por un convenio interadministrativo con la Casa de la Moneda de Portugal como salida transitoria, mientras avanzaba el plan oficial para transferir conocimiento y capacidades a la Imprenta Nacional de Colombia. Esa transición ha estado rodeada de observaciones y controversias institucionales, y el expediente contra Leyva se convirtió en uno de los capítulos centrales de esa crisis.
Antecedentes disciplinarios
Además del frente penal, Leyva ya enfrenta una consecuencia disciplinaria por estos mismos hechos. La Procuraduría confirmó en septiembre de 2025 la destitución e inhabilidad general por 10 años contra el excanciller, al concluir que su decisión sobre la licitación de pasaportes careció de fundamento legal y desconoció los principios de la contratación estatal.
Qué sigue en el proceso
Con la radicación del escrito de acusación, el caso entra en una nueva fase ante la Corte Suprema. En la audiencia prevista para el 23 de abril, la Fiscalía expondrá formalmente la acusación y las pruebas que pretende llevar a juicio, mientras la defensa del excanciller podrá controvertir los señalamientos dentro del proceso. La Sala Especial de Primera Instancia será la encargada de definir, en etapas posteriores, la eventual responsabilidad penal de Leyva por este caso.
