La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, envió una carta al presidente Gustavo Petro para solicitar la revocatoria inmediata de la calidad de “miembro representante” de Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, jefe negociador del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc. La petición busca que se reactiven las órdenes de captura suspendidas en el marco de la política de paz total.
La solicitud, fechada el 6 de abril y dirigida directamente a la Casa de Nariño, marca un nuevo choque entre la Fiscalía y el Gobierno sobre los alcances de los beneficios otorgados a cabecillas armados en negociación. En el documento, Camargo sostiene que alias “Calarcá” no solo habría incumplido los compromisos asociados a su participación en los diálogos, sino que, según el material recopilado por el ente acusador, habría seguido ordenando y articulando acciones criminales mientras gozaba de la suspensión de órdenes judiciales.
La carta se apoya en un informe estratégico del CTI citado por la Fiscalía, según el cual “Calarcá” habría “continuado impartiendo directrices claras para la ejecución sistemática de conductas punibles después de la suspensión de sus órdenes de captura”. En otro de los apartes divulgados, el documento señala: “Dicho informe ratifica que alias Calarcá Córdoba articula las comisiones armadas para consolidar su hegemonía territorial en Meta, Caquetá y Guaviare” y agrega que existiría un “nexo causal directo entre sus órdenes y la macrocriminalidad documentada”.
Los hechos que expone la Fiscalía
La Fiscalía fundamenta su petición en varios hechos violentos que, según su reconstrucción, comprometen la permanencia de “Calarcá” como representante en la mesa. Entre ellos menciona el asesinato de la lideresa indígena Carmelina Yule en Toribío, Cauca; la instalación de minas antipersonal en la vereda Coposa, en Valdivia, Antioquia, donde murieron seis soldados el 4 de julio de 2024; la masacre de 26 personas en Miravalle, Guaviare, ocurrida el 18 y 19 de enero de 2026, entre ellas siete menores de edad; además de 19 eventos con explosivos contra el comercio en municipios del Meta. A eso suma señalamientos por extorsión, desplazamiento forzado y delitos ambientales ligados a la deforestación en Caquetá y Guaviare.
En paralelo, la fiscal general anunció que alias “Calarcá” será citado a audiencia de imputación de cargos. En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Camargo explicó que la decisión se sustenta en nuevas evidencias recolectadas por los investigadores. Allí afirmó: “Tenemos evidencia en los medios electrónicos que se incautaron en el retén”, y agregó que la fecha de esa diligencia se fijará “con celeridad”.
Qué le pide exactamente la fiscal al presidente
La petición formal de Camargo busca que el presidente revoque la designación hecha mediante la Resolución 419 del 29 de diciembre de 2023, con la que Díaz Mendoza fue reconocido como miembro representante del Estado Mayor Central en el proceso de diálogo. El aparte central de la carta, divulgado por medios nacionales, dice: “Con fundamento en estas manifestaciones, de la forma más comedida solicito que se revoque la calidad de miembro representante del Estado Mayor Central Farc-EP al señor Alexander Díaz Mendoza”, y que, en consecuencia, se pida la reactivación de las órdenes de captura vigentes en su contra.
Camargo ha sostenido que la Fiscalía no puede revertir por sí sola la suspensión en este caso sin una actuación del Ejecutivo. Según explicó en la misma solicitud, dentro de la discusión institucional sobre los voceros y representantes de grupos armados, tanto la Defensoría del Pueblo como la oficina del comisionado de paz han considerado que esa facultad no está en cabeza del ente acusador, sino del presidente de la República. Esa interpretación es la que explica por qué la Fiscalía decidió remitir la carta a la Casa de Nariño en lugar de proceder directamente.
El contexto: suspensión vigente y desacuerdo con el Gobierno
La carta llega apenas un día después de una reunión entre delegados de la Fiscalía y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en la que no hubo acuerdo para levantar la suspensión de la orden de captura de “Calarcá”. Tras ese encuentro, Caracol Radio reportó que la medida seguiría vigente mientras se analizaba la controversia jurídica sobre quién tiene la competencia para reactivarla.
El trasfondo es el creciente cuestionamiento a la permanencia de “Calarcá” dentro del esquema de paz total, pese a los señalamientos de que habría seguido delinquiendo. El País reportó que la petición de la fiscal coincide con presiones previas del Ministerio de Defensa y de otros sectores del Estado para que el Gobierno revise los beneficios otorgados al jefe disidente, debido a denuncias sobre reclutamiento de menores, ataques a civiles y continuidad de operaciones armadas en el suroriente del país.
Hasta el momento, la Presidencia no ha informado públicamente si aceptará o no la solicitud de la fiscal general.