Cuatro funcionarios y exfuncionarios de Migración Colombia fueron capturados y judicializados por, presuntamente, facilitar el tránsito irregular de extranjeros a través del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. La investigación reveló un esquema que incluía registros falsos en los sistemas oficiales, uso de pasaportes auténticos de terceros y movimientos realizados incluso fuera de turno.
La Fiscalía, en coordinación con la Dijín de la Policía y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI, puso al descubierto una estructura que, según la investigación, operaba desde el principal aeropuerto del país para permitir la salida e ingreso irregular de migrantes, principalmente provenientes de China, México y Vietnam. Los capturados fueron identificados como Johan Alexander Cendales Tafur, Johan Mauro Cerón Reyes, Cristian Camilo Bueno Casallas y Efraín Collazos Guerrero.
De acuerdo con el expediente conocido en las audiencias, el grupo no se limitaba a omitir controles. La hipótesis de la Fiscalía es que los implicados aprovecharon su conocimiento interno de los procedimientos migratorios para mover a los viajeros por la terminal aérea sin que pasaran por los filtros normales, o para llevarlos a módulos de Migración Colombia y diligenciar allí información falsa en los sistemas misionales de la entidad. Según la formulación expuesta por el ente acusador, el objetivo era “eliminar filtros para validar el paso u omitir caprichosamente la verificación de la información”.
Pasaportes de terceros y “registros fantasma”
Uno de los hallazgos más delicados del caso es el uso de pasaportes auténticos de otras personas o documentos suplantados para registrar movimientos migratorios sin que el verdadero viajero estuviera físicamente en el puesto de control. El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que los procesados, “valiéndose de su experiencia” como funcionarios y exfuncionarios de Migración Colombia, habrían permitido el tránsito irregular de extranjeros y suministrado documentos suplantados, “especialmente de las regiones administrativas de Hong Kong y China”, para evadir controles.
La misma línea investigativa sostiene que la red “reciclaba” documentos en distintas fechas y filtros, de tal forma que los registros en el sistema mostraban pasos migratorios aparentemente regulares, aunque los titulares de esos pasaportes no estuvieran presentes. Esa maniobra, de acuerdo con la Dijín y la Fiscalía, habría servido para facilitar desplazamientos hacia Panamá, México y, finalmente, Estados Unidos.
Qué habría hecho cada uno de los capturados
La investigación permitió perfilar roles distintos dentro del grupo. Según lo reportado por medios que conocieron el expediente, Johan Mauro Cerón Reyes aparece señalado como presunto coordinador de los movimientos irregulares. Johan Alexander Cendales Tafur habría cumplido tareas operativas y, en algunos eventos, guiado físicamente a migrantes por zonas restringidas del aeropuerto. Cristian Camilo Bueno Casallas sería una pieza clave en la alteración de bases de datos y en la validación de pasaportes suplantados. Y Efraín Collazos Guerrero, según la investigación, continuó gestionando trámites y asesorando a la red incluso después de haber salido de la entidad.
Además, la Fiscalía señaló que en el curso de la investigación se acreditaron 11 eventos delictivos en los que los agentes habrían actuado sin estar de turno o sin tener habilitación funcional, lo que refuerza la tesis de un esquema deliberado y sostenido en el tiempo.
Lo que pasó en la audiencia
En las audiencias concentradas, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos les imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, abuso de autoridad, falsedad personal y falsedad ideológica en documento público. En el caso de Johan Mauro Cerón Reyes, además, se formuló un cargo adicional de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, porque durante su captura le fue encontrada munición para pistola sin autorización.
Sobre la medida de aseguramiento, las versiones públicas coinciden en que el juez de control de garantías impuso una medida privativa de la libertad, pero no en centro carcelario sino en sus lugares de residencia para los cuatro funcionarios de Migración judicializados en esta fase. Ese es el dato que aparece en los reportes revisados este viernes sobre la audiencia.
La dimensión del caso
El caso no solo compromete a funcionarios del aeropuerto El Dorado. El coronel Sanabria afirmó que la organización habría extendido operaciones a Medellín, Ipiales y San Andrés, lo que sugiere una red con alcance más amplio que el inicialmente advertido en Bogotá. La investigación sigue abierta para establecer la dimensión completa del esquema y la eventual participación de otros actores.
La propia Migración Colombia se pronunció tras las capturas. La entidad manifestó “completo respaldo” a la investigación, rechazó cualquier actuación que atente contra la ley y la integridad institucional, y señaló que uno de los involucrados ya era exfuncionario. También indicó que las indagaciones tuvieron un componente interno previo que ayudó a robustecer el acervo probatorio.
Un caso que golpea la seguridad migratoria
La investigación deja al descubierto una vulneración grave de los controles estatales en el principal terminal aéreo del país. Más allá de las capturas, el expediente muestra cómo una estructura con acceso privilegiado a sistemas, turnos y zonas restringidas habría convertido la función pública en una plataforma para el tráfico de migrantes. El proceso ahora avanza hacia las siguientes etapas judiciales, mientras las autoridades intentan establecer cuántos movimientos irregulares adicionales pudieron concretarse por esta vía. .