La representante a la Cámara por la curul de paz de Arauca se presentó voluntariamente ante la Sijín en Tame después de que la Corte Suprema la llamara a juicio por presunto cohecho impropio y le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario. Su defensa rechaza los señalamientos y sostiene que el caso se basa en “fábulas de Olmedo”.
Karen Manrique permanece en las instalaciones de la Dijín, en Bogotá, en medio del proceso judicial relacionado con la UNGRD.
La representante electa fue trasladada desde Arauca hasta la capital del país por orden de la Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, será llevada al búnker de la Fiscalía.
Manrique llegó a Bogotá en condición de detenida, mientras avanzan las diligencias de legalización de captura dentro de la investigación que se adelanta en su contra por el presunto delito de cohecho impropio, en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bogotá / Tame (Arauca), 12 de marzo de 2026. Karen Astrith Manrique Olarte, representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 2 de Arauca, se presentó voluntariamente ante las autoridades en Tame, Arauca, luego de que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenara medida de aseguramiento en su contra dentro del proceso por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD. La congresista quedó a disposición de las autoridades tras acudir primero a la estación de Policía y luego a la Sijín, mientras avanzan los trámites judiciales de su caso.
La decisión de la Corte se conoció el 11 de marzo, cuando el alto tribunal informó que acusó por cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En esa misma providencia, la Corte resolvió cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario a Manrique y a Wadith Alberto Manzur Imbett.
Qué dijo la Corte y por qué la investiga
Según la Corte Suprema, la investigación se refiere a hechos ocurridos en el segundo semestre de 2023, cuando varios legisladores, en su condición de integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar operaciones de crédito que interesaban a esa cartera.
De acuerdo con la versión del alto tribunal, en varias reuniones se habría pactado que la contraprestación para los congresistas consistiría en el impulso de contratación y obras de interventoría de tres proyectos de la UNGRD en Córdoba, Arauca y Bolívar. La Corte añadió que en esos encuentros presuntamente se definieron montos y beneficios con los que representantes del Ejecutivo favorecerían a los congresistas para comprometer su función pública.
En el caso específico de Karen Manrique, distintos reportes periodísticos señalan que la investigación la ubica en el presunto direccionamiento de proyectos en Arauca, particularmente en Saravena, como parte de ese supuesto intercambio entre apoyos a operaciones de crédito y beneficios contractuales. Su nombre también aparece mencionado en chats y en testimonios que forman parte del expediente.
La Corte, por ahora, no ha emitido una condena. Lo que hizo fue llamarla a juicio y ordenar una medida restrictiva de la libertad mientras avanza el proceso. En esa misma decisión, también fueron llamados a juicio Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes seguirán vinculados al expediente en libertad.
La entrega en Tame
La presentación voluntaria de Manrique ante la Sijín se produjo en medio de versiones cruzadas sobre su ubicación y rumores sobre una eventual salida hacia Venezuela, versiones que quedaron desvirtuadas con su comparecencia ante las autoridades en Tame. La congresista se entregó en Arauca, a diferencia de Wadith Manzur, quien lo hizo en el búnker de la Fiscalía en Bogotá.
Su caso ha cobrado especial atención porque se trata de una curul de paz de Arauca, un escaño creado para representar territorios golpeados por el conflicto armado. Además, la decisión judicial llegó pocos días después de las elecciones legislativas del 8 de marzo, en las que Manrique obtuvo nuevamente esa representación con 5.640 votos, según reportes de prensa.
Lo que dicen sus abogados
La defensa de Karen Manrique ha salido a rechazar de manera frontal la tesis de la Corte. Su abogado, Andrés Garzón, aseguró públicamente que la congresista “siempre ha estado dispuesta a presentarse a la justicia” y a cumplir las decisiones de la Sala de Instrucción. También afirmó que la medida de aseguramiento es innecesaria y que su clienta enfrenta un proceso por hechos que, según su lectura, no implican pérdida de dineros públicos.
En entrevistas radiales, Garzón sostuvo que las actuaciones de Manrique se enmarcaron en la Ley Quinta de 1992, es decir, en la posibilidad que tienen los congresistas de gestionar iniciativas para sus regiones. Según su versión, existe un intento de “satanizar” la actuación de la representante por haber impulsado un proyecto ligado a compromisos adquiridos durante un paro cívico en 2023.
El abogado fue todavía más lejos al desacreditar el testimonio del exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Al referirse a los señalamientos que ubican a Manrique como coordinadora de supuestas gestiones irregulares, afirmó que esa versión “son fábulas de Olmedo”, una frase con la que la defensa ha buscado mostrar que el expediente descansa en declaraciones interesadas y que su contenido deberá ser debatido en juicio.
Garzón también ha dicho que ni Ricardo Bonilla ni otros funcionarios citados en el caso habrían reconocido ofrecimientos ilegales, y que los chats atribuidos a la exasesora María Alejandra Benavides serán controvertidos durante el juicio para explicar el contexto real de esas comunicaciones. La línea de la defensa, en suma, apunta a sostener que Manrique no recibió dádivas, no actuó en beneficio personal y no buscará una estrategia de confesión, sino demostrar su inocencia en estrados.
Quién es Karen Manrique
Karen Astrith Manrique Olarte nació en Tame, Arauca, y actualmente ocupa una curul de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (CITREP) en la Cámara de Representantes. En su perfil institucional, la Cámara la presenta como hija de campesinos y destaca su trayectoria como asesora legislativa, funcionaria pública en el nivel municipal y asesora técnica en procesos rurales, incluida la implementación de los Planes de Acción para la Transformación Regional en municipios PDET.
Su hoja de vida pública indica que es profesional en Administración de Empresas de la Universidad Francisco de Paula Santander y que tiene estudios de posgrado en gestión pública, gestión de proyectos, derechos humanos, derecho internacional de los conflictos armados, derecho ambiental y sostenibilidad, además de gestión y dirección de proyectos.
En el Congreso ha pertenecido, en distintos periodos, a la Comisión Tercera y luego a la Comisión Primera, además de integrar espacios como la Comisión de Paz y Posconflicto, la Comisión de Ordenamiento Territorial y la Comisión de Seguimiento a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Su curul no corresponde a un partido tradicional, sino a la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional, bajo el esquema especial de representación de las CITREP.
El perfil oficial de la Cámara también resalta su trabajo legislativo en proyectos como el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y reformas relacionadas con víctimas, aunque ahora su nombre ha quedado atravesado por uno de los expedientes más delicados del actual escenario político y judicial: el de la presunta compra de apoyos en el Congreso mediante contratos asociados a la UNGRD.
La entrega de Karen Manrique no cierra el capítulo judicial, sino que abre una etapa más compleja. La congresista llega al juicio manteniendo la presunción de inocencia, mientras la Corte sostiene que encontró elementos suficientes para acusarla por cohecho impropio y privarla preventivamente de la libertad. Entre tanto, su defensa insiste en que no hubo delito y que lo ocurrido fue una gestión regional desfigurada por testimonios interesados.
El expediente de la UNGRD sigue creciendo como uno de los casos de mayor impacto institucional en Colombia. Y en ese tablero, Karen Manrique pasó en pocas horas de ser una congresista reelegida en una curul de paz a