La Fiscalía General de la Nación decidió retirar, de manera inesperada, la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien había sido señalado por una presunta omisión en el reforzamiento del esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado tras un atentado ocurrido en junio de 2025. La determinación se produjo apenas horas después de que se hiciera pública la intención del ente acusador de presentar una solicitud para imputarle el delito de prevaricato por omisión, una decisión que había generado un fuerte impacto político y jurídico por tratarse del primer alto funcionario del actual Gobierno vinculado formalmente al expediente del magnicidio.
Fuentes explicaron que el ‘Reversazo’ obedeció a un problema de competencia funcional dentro de la entidad. La fiscal que radicó la solicitud de audiencia pertenece a una unidad de Administración Pública, que no estaría habilitada para asumir el conocimiento de este proceso específico, debido a la existencia de un grupo especial de tareas creado mediante la Resolución 00633 del 19 de junio de 2025, liderado por la fiscal Elsa Reyes el cual concentra la investigación del caso Miguel Uribe. En virtud de ese acto administrativo, solo los fiscales adscritos a ese equipo pueden adelantar actuaciones procesales dentro del expediente, lo que llevó a frenar la audiencia que ya había sido programada para el próximo 11 de febrero.
la Fiscalía retirará la solicitud de audiencia y reasignará formalmente el trámite dentro del equipo especializado que concentra el expediente del caso Miguel Uribe. La Fiscalía General de la Nación decidió reversar la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien había sido señalado por una presunta omisión en el caso del atentado. Según el ente acusador, la fiscal que promovió la imputación actuó sin advertir que la investigación del magnicidio fue asignada de manera exclusiva a un grupo especial de tareas creado por la fiscal general Luz Adriana Camargo mediante la Resolución 00633 del 19 de junio de 2025, lo que generó un problema de competencia funcional.
De acuerdo con fuentes oficiales, la actuación de la fiscal habría ocurrido sin advertir que el caso estaba bajo la órbita de ese grupo especializado, al que fue trasladada inicialmente la denuncia presentada por Víctor Mosquera, abogado de la familia del dirigente político. Mosquera recopiló información que indica que, en al menos 23 oportunidades, Miguel Uribe y su equipo solicitaron formalmente a la UNP el reforzamiento de su esquema de seguridad, sin que esas peticiones se tradujeran en un aumento efectivo de escoltas o medidas adicionales de protección. Para la Fiscalía, ese material probatorio no ha sido descartado, pese al retiro de la imputación.
Este es el comunicado de la Fiscalía al respecto:
«Luego de advertir la competencia integral del Grupo de Tareas Especiales creado para investigar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá retiró la solicitud de imputación por presunto prevaricato por omisión contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Balleteros, y remitió esa indagación a dicho equipo de investigadores.
La fiscal 295 adoptó la determinación para evitar futuras nulidades procesales y permitir la concentración de las diligencias en el equipo especialmente asignado, al conocer los alcances de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, mediante la cual el director de la Seccional Bogotá, Javier Mauricio Paba Mejía, conformó el «Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de todas las noticias criminales y demás hechos relacionados con el atentado al senador Miguel Uribe Turbay».
En los próximos días se realizará una mesa técnica entre el Grupo de Tareas Especiales y la fiscal 295 de Administración Pública para fortalecer la línea investigativa por la posible desatención a los llamados de protección y de mejoras al esquema de seguridad del precandidato Uribe Turbay, así como para valorar los elementos materiales probatorios obtenidos hasta el momento, en aras de tener mayor contexto, unidad y una visión integral del caso»
La Fiscal 295 seccional informó mediante una constancia que retira la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, la cual le había sido asignada mediante reparto automático y aleatorio el 11 de junio de 2025 y traslada el caso al Grupo de Tareas Especiales creado desde junio de 2025, del cual la funcionaria dice no tenía conocimiento:
Esta es la constancia de la fiscal:
Revisada la carpeta contentiva de la noticia criminal identificada con en NUNC 110016000050202556999 este
Despacho Fiscal deja CONSTANCIA de lo siguiente:
i) El conocimiento de la noticia criminal en referencia fue asignada el 11 de junio de 2025 a este despacho, por reparto automático y aleatorio, en etapa de indagación.
ii) Frente a la situación fáctica, se adujo que: Se presentó denuncia penal por parte del Doctor Victor Mosquera en contra del director de la Unidad Nacional de Protección en la que al parecer en razón al atentado que sufrió 7 de junio de 2025 el señor Miguel Uribe Turbay, y que tras haber sido herido de bala en la cabeza, esta situación se pudo haber sido prevenido ya que por información de Doctor Mosquera representante de victima, la Unidad Nacional de Protección (UNP), dirigida por Augusto Rodriguez, rechazó en varias oportunidades un refuerzo al esquema de seguridad de quien perdiera la vida el doctor Uribe, por esta razón se denunció por el delito de prevaricato por omisión. Esta fiscalia realizó el programa metodológico y diversas órdenes a policia judicial
iii) El día de hoy 19 de enero de 2026 se tiene conocimiento por esta delegada, referente a la existencia de la Resolución 001683 del 19 de junio de 2025, «Por medio de la cual se crea el Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización dentro de las noticias criminales (…) y demás hechos relacionados con el atentado realizado en contra de Senador Miguel Uribe Turbay».
iv) En el mismo sentido, se deja la presente constancia en razón a que la Resolución considera que esta investigación debe ser asumida por los despachos competentes que son los indicados en el artículo tercero, con la finalidad de evitar posibles nulidades y especialmente concentrar las diligencias de una forma eficiente dada la naturaleza de los hechos investigados y su relevancia.
Como la indagación se ajusta a los parámetros se envia para que se asuma y como consecuencia se retirara la Audiencia de Formulación de Imputación al Centro de servicios Judiciales».
El atentado
El caso tiene su origen en el atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Ese día, Miguel Uribe Turbay recibió varios disparos mientras participaba en un mitin político. Fue trasladado de urgencia a la Fundación Santa Fe, donde permaneció más de dos meses en estado crítico, hasta que falleció el 11 de agosto de 2025 por complicaciones derivadas de las heridas. Desde entonces, la actuación de la UNP quedó bajo escrutinio público, al ser la entidad encargada de evaluar riesgos y asignar esquemas de protección a dirigentes amenazados.
La defensa de la familia sostiene que desde 2023 la UNP había clasificado al senador con nivel de riesgo “extraordinario” y que, pese a ello, no reforzó su seguridad, ni siquiera después de que anunciara su aspiración presidencial en 2024. Uribe contaba el día del atentado con tres escoltas de la UNP, dos camionetas y cuatro policías adicionales que compartía con su núcleo familiar. Un juez de la República, en el marco de la imputación contra uno de los implicados en el ataque, concluyó que existieron fallas del Estado en la protección del dirigente político, lo que reavivó el debate sobre eventuales responsabilidades institucionales.
Desde Casa de Nariño, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez se refirió a la imputación inicial de la Fiscalía por presuntas omisiones en el magnicidio de Miguel Uribe, y aseguró que todo tiene un transfondo político para afectarlo, y que funcionarios podrían estar relacionados. Dijo también, que desconoce por qué lo van a imputar, pues aclaró que el senador Miguel Uribe ordenó entregarle el 50% de su esquema de seguridad a su esposa María Claudia Tarazona.
El abogado Alejandro Carranza, que representa a Rodríguez, aseguró que desde el primer momento le advirtieron a la fiscal de la Unidad de Administración Pública que supuestamente no era competente para tomar esa decisión.
Mientras se define la situación jurídica del director de la UNP, la investigación penal por el magnicidio continúa avanzando. Ya fue condenado el menor de edad que disparó contra el senador, y fueron capturados Carlos Eduardo Mora González, Katerine Andrea Martínez Martínez, alias “Andrea”, y William Fernando González Cruz, señalados de participar en la logística, entrega del arma y planeación del ataque. La Fiscalía también mantiene abierta una línea para identificar a los determinadores del crimen y esclarecer si existieron omisiones estatales que facilitaron su materialización. La retirada de la imputación contra Rodríguez, lejos de cerrar el capítulo, abre una nueva etapa en un expediente que sigue marcando la agenda judicial y política del país.