Augusto Rodríguez Ballesteros será llamado a audiencia de imputación por el delito de prevaricato por omisión, tras no atender reiteradas solicitudes de refuerzo en el esquema de seguridad del precandidato presidencial y Senador Miguel Uribe Turbay
La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación de cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por omisión, dentro de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La diligencia fue radicada ante un juez de control de garantías en Bogotá y se relaciona con las decisiones adoptadas por la UNP antes del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025, que terminó con la vida del dirigente del Centro Democrático durante un acto político en la capital.
Según informó la Fiscalía, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá presentó formalmente la solicitud de audiencia al considerar que Rodríguez Ballesteros no habría atendido de manera oportuna ni adecuada los llamados para reforzar y mejorar el esquema de seguridad del entonces senador y aspirante presidencial.
De acuerdo con el ente acusador, la conducta atribuida al funcionario estaría asociada a una presunta omisión en el cumplimiento de sus deberes legales, pese a que existían advertencias reiteradas sobre los riesgos que enfrentaba Miguel Uribe Turbay por su condición de figura política de oposición y por su reciente anuncio de aspiración presidencial.
La audiencia de imputación contra Rodríguez fue programada por la Fiscalía para el 11 de febrero de 2026
La imputación se sustenta, entre otros elementos, en el hecho de que el precandidato habría solicitado en más de 23 ocasiones el reforzamiento de su esquema de protección ante la UNP, sin que dichas peticiones fueran atendidas de fondo. La última de esas solicitudes se habría presentado el 5 de junio de 2025, apenas dos días antes del atentado.
Un informe pericial incorporado al expediente detectó presuntas fallas en la conformación y funcionamiento del esquema de seguridad asignado a Uribe Turbay. Entre los hallazgos figura que uno de los escoltas de la UNP no se encontraba en servicio el día del ataque, lo que redujo la cobertura del dispositivo de protección en un momento considerado de alto riesgo.
El atentado se registró durante un evento político en Bogotá, cuando un menor de edad, posteriormente identificado como alias “Tianz”, disparó contra el senador. Uribe Turbay fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció varias semanas en estado crítico, hasta que finalmente falleció por la gravedad de las heridas.
Contexto y cuestionamientos a la UNP:
Tras el magnicidio, la actuación de la Unidad Nacional de Protección quedó en el centro del debate público y judicial, al tratarse de la entidad encargada de evaluar los niveles de riesgo y asignar esquemas de seguridad a personas amenazadas, entre ellas dirigentes políticos.
El abogado de la familia Uribe Turbay, Víctor Mosquera, y el partido Centro Democrático denunciaron desde los primeros días posteriores al crimen una presunta negligencia de la entidad. Según Mosquera, desde 2023 la UNP había catalogado al senador con nivel de riesgo “extraordinario” y, pese a ello, no reforzó su esquema ni siquiera después de que anunciara su aspiración presidencial en 2024.
“El senador hizo más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última fue el 5 de junio. Simplemente recibía respuestas repetitivas, sin una evaluación real del riesgo”, afirmó Mosquera, quien presentó una denuncia penal contra el director de la UNP por estos hechos.
El abogado también señaló que Uribe Turbay venía recibiendo seguimientos, mensajes intimidatorios, llamadas y una ola de insultos en redes sociales, circunstancias que, a su juicio, incrementaban sustancialmente el nivel de amenaza.
Al respecto Miguel Uribe padre del exsenador manifestó: «La noticia de hoy en la que la Fiscalía le imputará cargos al director de la UNP, el ex guerrillero del M-19, Augusto Rodríguez, evidencia lo que he venido repitiendo desde el atentado y muerte de mi hijo Miguel. La UNP no atendió las más de 20 solicitudes para que le dieran la protección necesaria. A mi hijo lo dejaron desprotegido y aunque nada remedia el enorme daño causado a la familia y a Colombia«.
Versiones encontradas:
El 30 de julio de 2025, un mes después del atentado, Augusto Rodríguez aseguró públicamente que la UNP había cumplido con todos los protocolos y que el Estado “hizo todo lo que tenía que hacer” para proteger al senador.
“La UNP suministró las personas de protección con su armamento y los vehículos de modelos recientes. El mismo Miguel Uribe, y de pronto en conversación con su jefe de esquema, llegaron a decisiones que fueron un poco negativas”, afirmó entonces el funcionario, al rechazar señalamientos de negligencia.
No obstante, estas declaraciones fueron controvertidas por la defensa de la familia y por sectores políticos de oposición, que sostienen que el esquema asignado era insuficiente. El senador solo contaba con dos camionetas, tres escoltas de la UNP y cuatro policías que, además, eran compartidos con su familia.
Un juez de la República, en el marco de la imputación contra Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, uno de los implicados en el plan criminal, concluyó que existieron responsabilidades del Estado en la protección del dirigente político.
Avances en la investigación penal:
Mientras se define la situación jurídica del director de la UNP, la Fiscalía continúa avanzando en el proceso penal por el magnicidio. A siete meses del crimen, el ente acusador ha gestionado varios preacuerdos con presuntos responsables, en un intento por reconstruir la cadena de mando e identificar a los determinadores del ataque.
Dentro de ese proceso ya fue sancionado el menor alias “Tianz”, quien disparó contra el senador, y se logró la captura de alias “Chipi”, señalado como una de las piezas clave en la coordinación del plan criminal. Las autoridades también han avanzado en la identificación de otros involucrados y en la consolidación del material probatorio.
Implicaciones políticas y judiciales:
La imputación contra Augusto Rodríguez Ballesteros convierte al director de la UNP en el primer alto funcionario del Gobierno vinculado penalmente al caso.
El propio mandatario había reconocido, días después del atentado, que existían alertas previas sobre riesgos en el entorno familiar del precandidato. “Sé que el hijo de Miguel Uribe tenía seguimientos desde el colegio. Todo esto es muy difícil, pero tenemos que tener la cabeza fría”, declaró Petro entonces.
La audiencia de imputación marcará un punto clave en la investigación por las eventuales responsabilidades administrativas y penales derivadas del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía buscará demostrar que la presunta omisión en el reforzamiento del esquema de seguridad contribuyó a la materialización del ataque.
Mientras tanto, la familia del senador y su partido político insisten en que el caso no solo debe esclarecer la autoría material e intelectual del crimen, sino también las fallas institucionales que, a su juicio, permitieron que uno de los líderes más visibles de la oposición fuera asesinado en plena campaña presidencial.
¿Quién es Augusto Rodríguez Ballesteros ?
Augusto Rodríguez Ballesteros es el actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), es la entidad del Estado colombiano encargada de evaluar el nivel de riesgo y brindar medidas de protección a personas, grupos y comunidades en situación de amenaza o vulnerabilidad por razones de su actividad pública, política, social, periodística, judicial o de derechos humanos conforme a la normativa de protección estatal. Rodríguez es Ingeniero Químico egresado de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con una extensa trayectoria como asesor legislativo y de control político en el Congreso de la República, habiendo desempeñado funciones de asesor en la Cámara de Representantes y el Senado antes de ser designado director de la UNP el 24 de agosto de 2022.
Su nombramiento ha estado marcado por su relación histórica con el presidente Gustavo Petro, pues ambos compartieron militancia en el extinto grupo guerrillero M-19 y han trabajado conjuntamente en campañas políticas y en el ejercicio del control político durante décadas. Rodríguez ha sido una figura cercana al mandatario desde la década de 1990.
El atentado
El 7 de junio de 2025, durante un mitin político en el parque El Golfito del barrio Modelia, al occidente de Bogotá, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, fue víctima de un atentado con arma de fuego que conmocionó al país. El congresista recibió varios impactos, entre ellos dos en la cabeza y uno más en la pierna, mientras participaba en un evento público en el que ejercía su labor política ante simpatizantes y ciudadanos. Tras el ataque, Uribe Turbay fue trasladado de inmediato a la Fundación Santa Fe, donde permaneció internado por más de dos meses en cuidados intensivos y bajo tratamiento médico intensivo en medio de pronósticos reservados.
El crimen, calificado inicialmente por la Fiscalía General de la Nación como intento de homicidio agravado, generó una rápida movilización de la fuerza pública y del ente investigador, que desplegó equipos de Policía Judicial, análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a testigos y diligencias de allanamiento para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades. En ese contexto, las autoridades identificaron y capturaron a varias personas presuntamente vinculadas a la ejecución del atentado, en medio de líneas investigativas que apuntan a la participación de organizaciones criminales, entre ellas la disidencia de las extintas FARC conocida como Segunda Marquetalia, como presunta responsable intelectual detrás del ataque.
Entre los investigados y procesados por la Fiscalía General de la Nación figura un adolescente de 15 años, señalado como quien accionó el arma contra Uribe Turbay y quien aceptó cargos por su participación en el hecho y fue condenado por estos hechos. Además, la Fiscalía identificó y vinculó a la investigación a Carlos Eduardo Mora González, un hombre de nacionalidad colombo-venezolana de 34 años, quien habría conducido el vehículo utilizado para transportar al menor hasta el lugar del ataque y facilitado la logística de la acción delictiva.
En la misma línea, Katerine Andrea Martínez Martínez, alias “Andrea”, de 19 años, fue señalada por la Fiscalía como la persona que presuntamente entregó el arma homicida tipo Glock al adolescente y estuvo en las inmediaciones del sitio del ataque para asegurar la ejecución del plan criminal. Martínez realizó un preacuerdo con la Fiscalía y ha entregado información clave para avanzar en este caso.
Otro de los implicados es William Fernando González Cruz, presunto partícipe en la planeación, selección del menor para el disparo y apoyo en la huida de los actores del hecho. Estos cuatro procesados han enfrentado imputaciones por delitos como homicidio agravado en grado de tentativa, fabricación y tráfico de armas, uso de menores en la comisión de delitos y ocultamiento de pruebas, entre otros, conforme a la calificación jurídica inicialmente adoptada por la Fiscalía.
Paralelamente, la Justicia Penal Militar y Policial abrió una investigación propia, bajo la jurisdicción especializada, para establecer eventuales responsabilidades relacionadas con la seguridad de Uribe Turbay el día del atentado, dado que existieron presuntas fallas en la coordinación y ejecución de medidas de protección por parte de las autoridades encargadas de la seguridad del congresista.
La tragedia se consumó días después del ataque: el 11 de agosto de 2025, Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada tras complicaciones derivadas de las heridas sufridas en el atentado, poniendo fin a una de las figuras más visibles de la oposición política en Colombia y reconfigurando el clima electoral y de seguridad del país. Desde entonces, las investigaciones han continuado su curso, con esfuerzos de la Fiscalía General de la Nación y la Justicia Penal Militar para judicializar a los responsables materiales e intelectuales, determinar las motivaciones y establecer las posibles fallas en la protección estatal.