El expresidente venezolano Nicolás Maduro enfrenta un proceso judicial sin precedentes ante una corte federal en el Distrito Sur de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico internacional, narcoterrorismo, conspiración y uso de armas de guerra. En el indictment sustitutivo de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ante el gran jurado federal detalla la acusación de que Maduro habría encabezado, desde cargos públicos, una “conspiración criminal transnacional” de más de dos décadas para facilitar el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos y proteger la operación de redes delictivas integradas con organizaciones armadas y carteles internacionales.
Según el propio indictment, “Maduro utilizó deliberadamente la cocaína como arma” y tenía “la intención expresa de inundar a los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de su población”. El documento también afirma que “el acusado dirigió y coordinó a otros co-conspiradores, incluidos funcionarios del Gobierno venezolano y miembros de organizaciones armadas, para asegurar el tránsito de toneladas de cocaína a través de Venezuela”. En cuanto a las alianzas con grupos ilegales, el expediente sostiene que Maduro y su entorno “proporcionaron protección política y militar a organizaciones narcoterroristas, entre ellas grupos armados colombianos”, como las FARC y el ELN a cambio de beneficios en el tráfico de drogas. Estos pasajes subrayan un nivel de implicación que, según la Fiscalía, va más allá de simples delitos aislados y se configura como una empresa criminal continuada.
Penas máximas y mínimos obligatorios bajo el Código Penal federal
En el sistema judicial de Estados Unidos, los delitos que conforman los cargos contra Maduro se rigen por leyes federales de control de estupefacientes y conspiración, que establecen penas extremadamente severas. Por ejemplo, la ley federal sobre importación de narcóticos (21 U.S.C. § 960) contempla que quien viole estas disposiciones puede ser condenado a una pena de prisión de “no menos de 10 años y hasta cadena perpetua”, y si el delito causa muerte o lesiones graves la sentencia mínima puede subir a 20 años o más.
Asimismo, los estatutos federales relativos a conspiración para importar cocaína o participar en una organización criminal continuada pueden implicar un mínimo obligatorio de 10 años hasta cadena perpetua, dependiendo de la cantidad de droga involucrada y otros factores agravantes como el papel organizativo del acusado. En casos de grandes conspiraciones, la ley estadounidense —incluido el llamado Continuing Criminal Enterprise Statute— establece mínimos de 20 años y máximos de cadena perpetua para administradores o supervisores de redes de tráfico de drogas.
Por otra parte, muchos de los cargos que integran el indictment, como conspiración de narcoterrorismo, no solo implican penas separadas por narcotráfico, sino que pueden acumularse con otras condenas, lo que incrementa la duración total de la sentencia en caso de que el acusado sea hallado culpable de múltiples delitos.
Lo que han dicho medios y expertos en EE. UU.
Medios estadounidenses han subrayado que el narcoterrorismo, aun cuando no es un delito autónomo como tal, se procesa bajo múltiples estatutos federales que combinan tráfico de drogas, terrorismo y participación en empresas criminales organizadas, con sentencias que pueden alcanzar la prisión de por vida. Según reportes en Estados Unidos, los casos de altos líderes de narcotráfico han resultado en cadenas perpetuas o penas superiores a 30 años, especialmente cuando se demuestra el nivel de coordinación y participación directa en operaciones criminales complejas.
Especialistas en derecho penal federal consultados por medios señalan que cuando una acusación incluye uso de armas automáticas, dispositivos destructivos y alianzas con grupos señalados como narcoterroristas, los jueces suelen imponer las penas máximas permitidas por ley, debido al impacto social y la amenaza que estos delitos representan para la seguridad nacional y pública.
Teniendo en cuenta los cargos formulados en el indictment —que combinan conspiración para importar cocaína, conspiración de narcoterrorismo y uso de armas en el contexto de actividades criminales— y la legislación federal vigente en Estados Unidos, Nicolás Maduro enfrenta potencialmente una condena que podría llegar a ser de por vida en prisión, sin posibilidad de libertad anticipada bajo los estándares más severos del sistema penal federal. La acumulación de múltiples cargos con mínimos obligatorios —que en casos asociados a grandes cantidades de drogas y rol de liderazgo no permiten sentencias inferiores a décadas de prisión— sitúa este proceso entre los más estrictamente penados por la justicia estadounidense en materia de crimen organizado internacional.
Condenas similares en la justicia federal de Estados Unidos: precedentes que enmarcan el caso Maduro
Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) lo ubican dentro de una categoría excepcionalmente grave del derecho penal federal estadounidense. Los delitos de narcotráfico a gran escala, narcoterrorismo, conspiración transnacional y uso de armas de guerra han derivado históricamente en condenas de cadena perpetua o penas acumuladas de varias décadas, incluso cuando los acusados han sido exjefes de Estado, comandantes armados o máximos líderes criminales.
El antecedente más citado es el de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, condenado en 2019 en Nueva York a cadena perpetua más 30 años. El tribunal consideró determinantes el liderazgo absoluto de la organización, la violencia sistemática, el uso de armas de guerra y la dimensión industrial del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. La Fiscalía del SDNY ha señalado en casos similares que cuando se demuestra una conspiración prolongada y jerárquica, la pena máxima es la respuesta estándar del sistema judicial.
En la misma línea se ubica Ismael Zambada García, El Mayo Zambada, quien enfrenta cargos federales que también lo exponen a cadena perpetua. Fiscales estadounidenses han sostenido que la magnitud del daño causado por estas estructuras criminales justifica las sanciones más severas previstas en la ley federal.
El precedente de exjefes de Estado y líderes armados
Un caso histórico comparable es el del exdictador panameño Manuel Noriega, condenado en 1992 a 40 años de prisiónpor narcotráfico y lavado de activos. Aunque su pena fue reducida posteriormente, el fallo marcó un precedente clave: el cargo político o militar no otorga inmunidad cuando se prueba el uso del poder estatal para facilitar el narcotráfico internacional.
En el contexto colombiano, las condenas de jefes armados extraditados refuerzan este patrón. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel (o Otro Noel), máximo líder del Clan del Golfo, fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y enfrenta cargos que lo exponen a cadena perpetua por conspiración para importar cocaína, tráfico transnacional y violencia armada. Los fiscales estadounidenses han enfatizado su rol como comandante criminal y la continuidad delictiva durante años como factores agravantes.
Otro referente clave es Salvatore Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Mancuso se declaró culpable en una corte federal de EE. UU. por narcotráfico y fue condenado a 15 años de prisión, pena que reflejó tanto la gravedad de los delitos como su cooperación judicial. No obstante, expertos señalan que, sin colaboración efectiva, las condenas para líderes armados suelen superar ampliamente las dos décadas y pueden escalar a cadena perpetua.
El marco penal que enfrenta Maduro
A la luz de estos precedentes, los cargos contenidos en el indictment contra Maduro —narcoterrorismo (21 U.S.C. § 960a), conspiración para importar cocaína (21 U.S.C. §§ 952, 960 y 963) y uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos (18 U.S.C. § 924)— lo colocan en el rango más alto de exposición penal del sistema federal estadounidense. Estas normas prevén mínimos obligatorios elevados y máximos de cadena perpetua, además de la posibilidad de penas consecutivas y decomiso integral de bienes.
Especialistas en derecho penal federal y medios estadounidenses coinciden en que, si la Fiscalía logra probar el liderazgo de una conspiración criminal transnacional sostenida por más de dos décadas, con alianzas con las FARC, el ELN y carteles internacionales, el escenario más probable es una condena de por vida o varias décadas de prisión sin beneficios tempranos. En ese sentido, el caso de Nicolás Maduro se alinea con los precedentes más duros del SDNY y con las sentencias impuestas a los máximos responsables del narcotráfico y el narcoterrorismo en el hemisferio occidental.
En el historial de condenas emblemáticas impuestas por la justicia federal de Estados Unidos contra el narcotráfico colombiano figura la de Fabio Ochoa Vásquez, uno de los principales integrantes del Cartel de Medellín. Ochoa fue extraditado a EE. UU. en 2001 y, tras un proceso en una corte federal, fue condenado en 2003 a 30 años de prisión por conspiración para importar cocaína. La sentencia destacó su rol como financiador y coordinador de envíos masivos de droga hacia territorio estadounidense durante los años de mayor expansión del cartel. Fabio Ochoa cumplió la mayor parte de su condena en cárceles federales y fue liberado en 2022, tras completar la pena impuesta por la justicia norteamericana.
Otro precedente clave es el de los hermanos Miguel Rodríguez Orejuela y Gilberto Rodríguez Orejuela, fundadores y máximos jefes del Cartel de Cali, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo en la década de los noventa. Ambos fueron extraditados a Estados Unidos en 2004 y juzgados en cortes federales por conspiración para traficar cocaína, lavado de activos y crimen organizado. Miguel Rodríguez Orejuela fue condenado a 30 años de prisión, mientras que Gilberto Rodríguez Orejuela recibió una sentencia de cadena perpetua, debido a la magnitud de la operación criminal, la duración de la conspiración y el volumen de droga introducido en Estados Unidos.
Las condenas de Fabio Ochoa y de los hermanos Rodríguez Orejuela son citadas con frecuencia por fiscales y analistas como referentes directos del rigor del sistema penal federal estadounidense frente a líderes del narcotráfico internacional. En estos casos, las cortes consideraron determinantes el liderazgo jerárquico, la escala transnacional del delito, la afectación a la seguridad y salud pública de Estados Unidos y la continuidad criminal durante años. Estos mismos criterios aparecen hoy en el indictment contra Nicolás Maduro, lo que refuerza la tesis de que, de ser hallado culpable, el exmandatario venezolano podría enfrentar penas equivalentes o incluso superiores a las impuestas históricamente a los máximos capos colombianos.
Gilberto Rodríguez Orejuela murió en 2022 a los 83 años mientras cumplía una determinada sentencia de prisión en una instalación federal en Carolina del Norte, donde se encontraba recluido desde su extradición y condena por narcotráfico y lavado de activos.
El expediente judicial: una conspiración de más de 25 años
Según el documento judicial, el gran jurado concluyó que, desde al menos 1999 hasta 2025, Maduro habría utilizado cada cargo público que ocupó —diputado, canciller, vicepresidente y presidente— para facilitar el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos, proteger rutas del narcotráfico y garantizar impunidad a organizaciones criminales .
El indictment sostiene que Maduro se ubicó en la cúspide de una estructura conocida como el “Cartel de los Soles”, integrada por altos mandos civiles y militares venezolanos, que habría operado como un aparato estatal al servicio del narcotráfico. De acuerdo con la acusación, este esquema permitió el tránsito anual estimado de entre 200 y 250 toneladas de cocaína a través de Venezuela hacia el Caribe, Centroamérica, México y finalmente Estados Unidos .
Lea aquí completo el indictment federal contra Nicolás Maduro
Alianzas con grupos armados y carteles internacionales
El expediente detalla presuntas alianzas directas entre el entorno de Maduro y organizaciones catalogadas como terroristas o criminales por Estados Unidos, entre ellas las FARC, el ELN, el Cartel de Sinaloa, Los Zetas (CDN)y el Tren de Aragua .
Según la Fiscalía, estas organizaciones recibían protección política, militar y logística desde Venezuela a cambio de participación en el tráfico de drogas, control territorial y apoyo armado. El documento describe reuniones, envíos coordinados, uso de pistas clandestinas, puertos, aeronaves oficiales y cobertura diplomáticapara movilizar cargamentos de cocaína a gran escala .
El papel de la familia y el círculo de poder
El indictment no se limita a Maduro. También vincula a su esposa Cilia Flores, a su hijo Nicolás Maduro Guerra (“Nicolasito”), y a figuras clave del chavismo como Diosdado Cabello y Ramón Rodríguez Chacín.
Según los fiscales, Cilia Flores habría participado en reuniones para el cobro de sobornos relacionados con vuelos cargados de cocaína, mientras que Maduro Guerra habría utilizado aeronaves estatales para transportar drogas y coordinar envíos internacionales. El documento incluye además referencias a sobornos millonarios, pagos en efectivo, armas de guerra y homicidios ordenados para proteger la estructura criminal .
¿Qué contiene el indictment de 25 hojas contra Nicolás Maduro?
El indictment sustitutivopresentado ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York consta de 25 páginas y fue emitido por un gran jurado federal. El documento describe, de manera cronológica y estructurada, más de dos décadas de hechos que la Fiscalía considera constitutivos de una conspiración criminal transnacional encabezada por Nicolás Maduro .
En sus primeras secciones, el indictment identifica a los acusados, define la jurisdicción y expone el marco legal bajo el cual se formulan los cargos. A continuación, desarrolla un relato detallado del esquema criminal, en el que se describe cómo Maduro, desde posiciones de poder estatal, habría coordinado y protegido operaciones de narcotráfico internacional, utilizando instituciones del Estado venezolano como fachada y mecanismo de cobertura .
El documento incluye descripciones específicas de rutas de tráfico, métodos de transporte (aéreo, marítimo y terrestre), uso de pistas clandestinas, puertos y aeronaves, así como alianzas con organizaciones armadas y carteles. También consigna fechas aproximadas, roles asignados a cada integrante de la red, y la participación de funcionarios civiles y militares en la logística y protección de los envíos de cocaína hacia Estados Unidos .
En varias páginas, la Fiscalía detalla la naturaleza de los cargos penales, explicando cómo las conductas atribuidas a Maduro encajan en los delitos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra. El indictment precisa que estas conductas habrían sido continuas, sistemáticas y coordinadas, y no hechos aislados .
Finalmente, el documento dedica apartados al decomiso de bienes, solicitando la incautación de activos financieros, propiedades, recursos y ganancias presuntamente obtenidas de manera ilícita, así como cualquier interés directo o indirecto del acusado en dichos bienes. El cierre del indictment formaliza la acusación del gran jurado y habilita la apertura del juicio en Nueva York, donde Maduro será llamado a responder penalmente por los hechos descritos .
El indictment sostiene que Maduro encabezó una conspiración criminal transnacional durante más de dos décadas. Según el gran jurado, el entonces mandatario “participó en una conspiración para distribuir cocaína con el conocimiento y la intención de que sería importada ilegalmente a los Estados Unidos”, utilizando su poder político para “proteger y facilitar operaciones de narcotráfico a gran escala”desde territorio venezolano .
Uno de los pasajes más contundentes del documento describe el uso deliberado del narcotráfico como arma contra EE. UU. La Fiscalía afirma que “Maduro utilizó deliberadamente la cocaína como arma” y que “tenía la intención expresa de inundar a los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de su población”, una conducta que, según los fiscales, configura el delito de narcoterrorismo .
El expediente también atribuye a Maduro el liderazgo del llamado ‘Cartel de los Soles’, al que define como una organización integrada por altos funcionarios civiles y militares. De acuerdo con el indictment, “el acusado dirigió y coordinó a otros co-conspiradores, incluidos funcionarios del Gobierno venezolano y miembros de organizaciones armadas, para asegurar el tránsito de toneladas de cocaína a través de Venezuela”con destino final a Estados Unidos .
En relación con las alianzas criminales, la acusación afirma que Maduro y su entorno “proporcionaron protección política y militar a organizaciones narcoterroristas”, entre ellas grupos armados colombianos, a cambio de participación en el negocio de la droga. El documento señala que estas organizaciones “recibieron acceso a rutas, armas y apoyo logístico” bajo la garantía de impunidad estatal .
El indictment describe el uso de armas de guerra para asegurar la operación criminal. La Fiscalía sostiene que Maduro “conspiró para poseer y usar ametralladoras y dispositivos destructivos” en relación con los delitos de narcotráfico, y que dichas armas “fueron empleadas para proteger cargamentos de cocaína, intimidar a rivales y mantener el control territorial”, hechos por los cuales enfrentará juicio en una corte federal de Nueva York .
El indictment dedica un apartado específico al decomiso de bienes y ganancias ilícitas. La Fiscalía solicita que, de ser hallado culpable Nicolás Maduro, se ordene la incautación de “cualquier propiedad, real o personal, que constituya o se derive de los ingresos obtenidos directa o indirectamente como resultado de las violaciones”, así como “cualquier interés del acusado en dichos bienes”, incluidos activos financieros y recursos vinculados a la conspiración .
En relación con el alcance temporal y la continuidad del esquema, el documento subraya que los hechos no fueron aislados, sino “parte de una conducta continua y sostenida”que se extendió “durante años y a través de múltiples cargos públicos”. La acusación afirma que el acusado “utilizó su posición de autoridad estatal para garantizar la persistencia del tráfico de drogas”, aun cuando cambiaba de funciones dentro del aparato gubernamental .
Otro eje central es el uso de infraestructura estatal para facilitar los delitos. El gran jurado sostiene que los co-conspiradores “emplearon aeropuertos, puertos, aeronaves y rutas bajo control o influencia del Estado” para “transportar, almacenar y asegurar cargamentos de cocaína”, reduciendo riesgos operativos y “asegurando protección oficial frente a interdicciones” .
El expediente también aborda el beneficio económico personal y político derivado del esquema. Según la Fiscalía, el acusado “recibió pagos, sobornos y otros beneficios de valor” y “obtuvo ventajas políticas y estratégicas” al “intercambiar protección y acceso territorial por participación en las ganancias del narcotráfico”, lo que habría consolidado redes de lealtad dentro del poder civil y militar .
Finalmente, el indictment detalla la intimidación y violencia asociadas a la conspiración, señalando que “se emplearon armas de guerra y amenazas” para “proteger rutas, cargamentos y co-conspiradores” y “disuadir a rivales y testigos”. La Fiscalía afirma que estas conductas “formaron parte integral del funcionamiento del esquema criminal”, reforzando la solicitud de penas agravadas y decomiso integral en el juicio de Nueva York .
Los cargos formales que enfrentará Maduro en Nueva York
El indictment presentado ante la corte federal de Manhattan incluye cuatro cargos principales:
- Conspiración de narcoterrorismo, por financiar y colaborar con organizaciones terroristas mediante el tráfico de cocaína.
- Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, en cantidades superiores a cinco kilogramos de manera sistemática.
- Uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con delitos de narcotráfico.
- Conspiración para poseer armas de guerra, incluyendo armas automáticas y explosivos, en apoyo a la actividad criminal .
Además, la Fiscalía solicita decomiso de bienes, activos financieros, propiedades y cualquier recurso obtenido directa o indirectamente de estas actividades ilícitas.
Un caso de alto impacto internacional
El proceso judicial contra Maduro se convierte en uno de los casos más relevantes de la justicia federal estadounidense contra un exjefe de Estado en ejercicio. La Fiscalía sostiene que, pese a la pérdida de reconocimiento internacional, Maduro continuó ejerciendo el poder “de facto” y mantuvo activa la estructura criminal incluso después de elecciones ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional .
El juicio se desarrollará en el Distrito Sur de Nueva York, una jurisdicción especializada en casos de crimen organizado, narcotráfico y terrorismo internacional.
Lo que viene: un proceso con implicaciones políticas y regionales
La judicialización de Nicolás Maduro abre un escenario inédito para Venezuela y la región. Mientras el proceso penal avanza en Estados Unidos, el futuro político del país queda marcado por la incertidumbre institucional, la presión internacional y las posibles decisiones que adopten las élites civiles y militares en Caracas.
El caso no solo busca determinar la responsabilidad penal individual de Maduro, sino que también expone —según la acusación— el funcionamiento de un Estado capturado por redes criminales, con impactos directos en la seguridad regional y el narcotráfico global.