Las centrales obreras piden un alza del 16 %, mientras los gremios proponen 7,21 %. El Gobierno impulsa un incremento del 11 % en medio de advertencias por inflación, informalidad y efectos en cadena sobre la economía
Bogotá, diciembre de 2025. La negociación del salario mínimo para 2026 entró en su fase más decisiva luego de que empresarios y centrales obreras presentaran oficialmente sus propuestas de incremento ante el Ministerio del Trabajo. Las posiciones iniciales quedaron marcadamente distantes: mientras los gremios plantearon un aumento de 7,21 %, los trabajadores solicitaron un 16 %, casi el doble de la propuesta empresarial. En medio de estas posturas, el Gobierno nacional impulsa un alza del 11 %, con el objetivo de avanzar hacia lo que ha denominado un “salario digno”.
Según una carta enviada al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, los principales gremios del país —ANDI, SAC, Asobancaria y Acopi— sustentaron su propuesta del 7,21 % en las actuales condiciones macroeconómicas y en el comportamiento del empleo formal. De aprobarse ese porcentaje, el salario mínimo, sumado al auxilio de transporte, alcanzaría los $1.740.554, lo que representaría un aumento cercano a los $117.000 mensuales.
Los argumentos de los empresarios
Los gremios fundamentaron su propuesta en cifras recientes del DANE, que reflejan un panorama complejo del mercado laboral. Según sus datos, 11,38 millones de colombianos ganan menos de un salario mínimo, lo que representa 1,23 millones más que hace un año. Además, señalaron que el número de personas que reciben el salario mínimo se redujo en 1,3 millones entre 2024 y 2025, mientras la informalidad laboral asciende a 13,6 millones de personas.
En la misiva enviada al ministro Sanguino, los empresarios advirtieron que un aumento determinado “por fuera de criterios técnicos” podría afectar negativamente la reducción de las tasas de interés y generar impactos sobre millones de hogares con microcréditos, créditos de vivienda, libranzas y tarjetas de crédito. Por ello, insistieron en que el ajuste debe ser sostenible, de manera que proteja el empleo formal y no deteriore el poder adquisitivo real vía inflación.
La propuesta de las centrales obreras
En contraste con la postura gremial, las centrales obreras presentaron una propuesta de incremento del 16 %, lo que llevaría el salario mínimo para 2026 a $1.651.260, sin contar el auxilio de transporte. Los sindicatos justificaron su solicitud en la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, tras varios años de presiones inflacionarias, encarecimiento del costo de vida y aumento sostenido de bienes y servicios básicos.
Actualmente, el salario mínimo para 2025 se encuentra en $1.423.500, tras un incremento del 9,54 % decretado por el Gobierno. Para las organizaciones de trabajadores, ese ajuste resultó insuficiente frente al comportamiento de la canasta básica, los arriendos, el transporte y los servicios públicos.
El Gobierno plantea un punto intermedio del 11 %
Por su parte, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio del Trabajo, ha planteado un incremento del 11 %, con el argumento de avanzar hacia un ingreso mínimo “más digno” para los trabajadores formales. Desde el Ejecutivo se reconoce que ese aumento beneficiaría directamente a cerca de cinco millones de trabajadores, pero también se admite que tendría efectos sobre múltiples variables económicas.
Analistas económicos han advertido que un incremento de ese nivel podría activar más de 30 recálculos automáticos, los cuales impactan directamente la liquidez de los hogares y de las empresas, especialmente en lo relacionado con pagos indexados al salario mínimo.
El efecto dominó del nuevo salario mínimo
El debate también incluye los impactos colaterales del aumento del mínimo sobre múltiples sectores de la economía. El analista financiero Guillermo Berrío, socio BPO de Crowe Co, explicó que el salario mínimo no solo representa un mayor ingreso para los trabajadores, sino también un incremento directo en los costos de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas.
“El reto no será solo cuánto sube el salario, sino cuánto resiste la economía doméstica cuando todos los pagos y servicios ajusten su valor al nuevo mínimo”, aseguró Berrío.
De acuerdo con los estudios técnicos, al menos 30 recálculos automáticos se verían afectados, lo que impactaría hasta 60 bienes y servicios, entre ellos: aportes a salud y pensión, arriendos, cuotas judiciales, comparendos, pensiones escolares, servicios personales y contratos de prestación de servicios.
Este efecto se sentiría con mayor intensidad en los trabajadores informales, quienes aunque no reciben directamente el salario mínimo, sí enfrentan incrementos plenos en sus gastos.
Las posiciones técnicas de los gremios
Desde el sector gremial también se han propuesto rangos intermedios. Algunas asociaciones, como Andesco, han sugerido que el alza no supere el 8 %. En el mismo sentido, el analista Guillermo Berrío estimó que un aumento técnico de 8,94 %, ajustado a inflación y productividad, llevaría el salario a cerca de $1,5 millones, con un incremento mensual de $127.300.
Este escenario implicaría que los costos laborales de las pymes, sumando prestaciones, recargos y seguridad social, aumenten entre 8,5 % y 9,3 %, según el sector. Actividades como vigilancia privada, restaurantes y construcción serían algunas de las más impactadas.
Tensiones en la mesa de concertación
Las discusiones se desarrollan en medio de un ambiente político y económico tenso. Aunque el Gobierno ha reiterado su intención de lograr un acuerdo por consenso antes del 15 de diciembre, no se descarta que, de persistir las diferencias, el aumento sea definido por decreto presidencial, como ha ocurrido en años anteriores.
En este escenario, la salida de Fenalco de la mesa de concertación encendió las alertas del sector productivo, al considerar que la propuesta del 11 % no se ajusta a los criterios técnicos.
Una decisión que marcará a la economía en 2026
La negociación del salario mínimo de 2026 no solo definirá el ingreso directo de millones de trabajadores, sino que también tendrá efectos estructurales en la inflación, el consumo, la generación de empleo, la informalidad y la estabilidad de las empresas. En un contexto de incertidumbre fiscal, bajo crecimiento económico y presiones inflacionarias, la decisión final será determinante para el desempeño de la economía colombiana en el próximo año.
Cifras y datos económicos
El DANE informó que la inflación anual a noviembre de 2025 se ubicó en 5,3 %, con lo cual esta variable se consolida como uno de los principales referentes técnicos para la negociación del salario mínimo de 2026. A su vez, el Banco de la República ha mantenido su tasa de interés de referencia en niveles restrictivos para contener la inflación, lo que incide directamente en el costo del crédito y en la capacidad de consumo de los hogares. En este contexto, los analistas señalan que un aumento salarial muy por encima del dato inflacionario podría generar presiones adicionales sobre los precios de bienes y servicios indexados al salario mínimo.
Desde el sector empresarial, aunque la propuesta formal comunicada al Ministerio de Trabajo ronda entre el 6 % y el 7 %, estudios privados han afinado sus proyecciones. La encuesta de la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip), aplicada a más de 150 empresas, reveló que el 82,2 % proyecta incrementos salariales promedio de 6,2 % para 2026, mientras que un 15,8 % aún no define ajustes y un 2 % descartó realizar incrementos. Bajo este escenario, un aumento del 6,2 % llevaría el salario mínimo de $1.423.500 a cerca de $1.511.000, sin incluir auxilio de transporte.
En contraste, la propuesta sindical del 16 % elevaría el salario mínimo hasta $1.651.260, lo que representaría un aumento mensual de $227.760 frente al valor vigente. De prosperar un incremento del 11 %, impulsado por el Gobierno, el salario se ubicaría alrededor de $1.580.000, con un ajuste cercano a $156.500 mensuales. Los centros de estudio advierten que estos incrementos activarían más de 30 recálculos automáticos en la economía, que impactan al menos 60 bienes y servicios, desde arriendos y aportes a seguridad social hasta tarifas, sanciones, cuotas judiciales, pensiones educativas y contratos de prestación de servicios.