El ministro encargado Andrés Idárraga afirmó que todas las hipótesis están abiertas, incluso la posible participación de funcionarios del Estado. También defendió la política antidrogas del Gobierno y el proyecto para penalizar el tráfico de fentanilo.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, aseguró que el Gobierno Nacional no descarta la hipótesis de un posible “fuego amigo” en los seguimientos y presuntos actos de espionaje denunciados por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez. Las declaraciones fueron entregadas en entrevista radial, en medio de una creciente preocupación por la posible utilización indebida de sistemas de inteligencia del Estado con fines distintos a los constitucionales.
“No se puede descartar ninguna hipótesis”
Durante el diálogo con Blu Radio, Idárraga fue enfático en que las investigaciones apenas avanzan y que ninguna línea ha sido descartada por parte de las autoridades judiciales.
“No se puede descartar ninguna hipótesis. Puede ser delincuencia común, pueden ser mafias o pueden ser personas al interior del Estado”, manifestó el ministro.
El funcionario señaló que la sofisticación de los hechos denunciados obliga a considerar incluso la posibilidad de participación de actores internos, hipótesis que ya está en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de esclarecer los responsables.
Los dos casos que desataron las alertas
Las declaraciones del ministro se producen tras dos episodios ocurridos en menos de una semana. El primero tiene que ver con la denuncia de Angie Rodríguez, quien reveló que cinco personas ingresaron de forma irregular a la vivienda de sus padres. Según el relato, los intrusos actuaron con rostros cubiertos, usaron guantes y se movieron con precisión. No sustrajeron objetos de valor, pero sí se llevaron documentos personales de la exdirectora.
Para el ministro de Justicia, este hecho resulta altamente sospechoso:
“Es muy sofisticado para creer que fue un robo común”, afirmó.
El segundo caso corresponde a la denuncia del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró haber sido víctima de espionaje mediante el software Pegasus, una herramienta de alta tecnología usada en investigaciones sensibles de inteligencia.
Sobre este punto, Idárraga fue claro:
“Es la hora que no sabemos quién tiene Pegasus, si está vivo o si no está vivo”.
Posible uso político de la inteligencia
Uno de los aspectos más delicados señalados por el jefe de la cartera de Justicia es la eventual utilización de organismos de inteligencia con fines políticos. Ante la pregunta sobre qué entidades podrían estar involucradas, el ministro respondió:
“A todas. No podemos descartar ninguna”.
Idárraga recordó que en un sistema democrático la inteligencia no puede ser utilizada contra funcionarios por razones políticas, y enfatizó que el presidente Gustavo Petro ha promovido la necesidad de depurar y fortalecer los sistemas de inteligencia para garantizar su orientación hacia la protección del Estado y el interés público.
Un tercer caso será revelado
El ministro anunció que en los próximos días se dará a conocer un tercer hecho que podría estar relacionado con los casos de Rodríguez y Benedetti, el cual reforzaría la hipótesis de un posible patrón de seguimientos dirigidos contra altos funcionarios del Gobierno Nacional.
Proyecto para penalizar el tráfico de fentanilo
En la misma intervención, Idárraga abordó uno de los temas centrales de la agenda legislativa del Gobierno: el proyecto de ley que busca tipificar como delito autónomo el tráfico, fabricación, desvío o porte ilegal de fentanilo en Colombia.
Aunque el país no enfrenta actualmente una crisis de consumo como la de Estados Unidos, el ministro explicó que se trata de una medida preventiva para evitar que organizaciones criminales trasladen sus laboratorios al territorio nacional.
“No podemos esperar a que suceda la situación para tomar acciones”, sostuvo.
El proyecto se complementa con medidas administrativas del Consejo Nacional de Estupefacientes, que ya aplicó controles sobre cuatro precursores químicos: ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, éter etílico y tolueno.
Radicación formal del proyecto en el Congreso
El pasado 2 de diciembre de 2025, los ministros Andrés Idárraga y Armando Benedetti radicaron formalmente el proyecto ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes. La iniciativa busca modificar el Código Penal (Ley 599 de 2000) para imponer penas de entre 11 y 30 años de prisión, además de multas que podrían superar los 81.000 millones de pesos.
También se establecen agravantes cuando:
- El delito involucre menores de edad.
- Exista participación de servidores públicos o contratistas del Estado.
- Haya desvío desde IPS, farmacias o laboratorios.
- Se cometa dentro de instituciones educativas u hospitales.
- Se financien grupos armados organizados.
Las penas también se endurecen para profesionales de la salud que formulen, suministren o apliquen fentanilo de manera ilegal.
Postura del Gobierno frente a la política antidrogas
Durante la presentación del proyecto, Idárraga aseguró que la iniciativa es un mensaje a la comunidad internacional sobre el compromiso de Colombia con una política de cero tolerancia frente al desvío de fentanilo desde el sector salud.
“Queremos impedir que Colombia se convierta en un lugar de transporte o fabricación de una sustancia que hace tanto daño a la salud pública”, afirmó.
Por su parte, el ministro Benedetti recordó que el país destruye un laboratorio de drogas cada 40 minutos y ha alcanzado cifras históricas de incautación de estupefacientes.
Lo que viene
Mientras avanzan las investigaciones por los presuntos seguimientos y actos de espionaje contra altos funcionarios del Gobierno, la Fiscalía deberá establecer si se trató de delincuencia común, estructuras mafiosas o, como no descarta el Ejecutivo, de una posible conspiración desde el interior del Estado.
Paralelamente, el Congreso deberá iniciar el trámite del proyecto que busca blindar al país frente al riesgo del fentanilo, una sustancia considerada una de las mayores amenazas de salud pública a nivel mundial.