La Fiscalía General de la Nación solicitará este miércoles la audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La imputación se dará en Bogotá, ante el Tribunal Superior, por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, en hechos que datan de finales de 2023 y que han salpicado a varios altos exfuncionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La imputación incluye los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en contratos, en un capítulo que compromete a exfuncionarios, congresistas y asesores del Gobierno en la entrega de proyectos por más de 92.000 millones de pesos.
Bonilla bajo investigación: qué halló la Fiscalía
De acuerdo con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, la entidad cuenta con evidencia para imputarle a Bonilla los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en contratos, por presuntamente haber intervenido para favorecer proyectos financiados con recursos públicos de la UNGRD.
Según Camargo, “se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente se radicará mañana por parte de la fiscal María Cristina Patiño”, quien lidera la investigación estructural del caso.
Los hechos se remontan a finales de 2023, cuando Bonilla —según la Fiscalía— habría buscado direccionar tres proyectos por 92.000 millones de pesos en los municipios de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena, con el fin de beneficiar a congresistas de las comisiones económicas del Senado y la Cámara. A cambio, estos legisladores acelerarían la aprobación de cupos indicativos esenciales para la agenda fiscal del Gobierno.
Aunque los recursos nunca llegaron a desembolsarse, la Fiscalía sostiene que existió un actuar deliberado orientado a “interesarse indebidamente en beneficiar a determinados funcionarios públicos”, según fuentes judiciales consultadas dentro del expediente.
La ruta del supuesto entramado: declaraciones reveladoras
La imputación contra Bonilla se sustenta, en buena parte, en la información entregada por dos testigos clave:
1. Olmedo López, exdirector de la UNGRD
Lopez relató ante la Fiscalía la existencia de una red de direccionamientos, pagos y presiones políticas para la entrega de contratos estratégicos desde la Unidad de Gestión del Riesgo.
2. María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda
Benavides habría sido la asesora más cercana a Bonilla en el trámite de estos proyectos. Hoy es la principal testigo contra él. Negoció con la Fiscalía un principio de oportunidad que le otorga inmunidad total a cambio de revelar:
- cómo se habría articulado la posible intervención del Ministerio en contratos de la UNGRD;
- quiénes participaron;
- cómo se buscaban beneficios políticos a través de los proyectos.
Según informó la fiscal Patiño, “este caso no se desarrolló solamente en Bogotá, está involucrada contratación en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar. Hemos tenido que realizar labores de corroboración que requieren tiempo”.
Un capítulo más en el caso UNGRD
Con Bonilla, ya son cinco los exfuncionarios del Gobierno investigados formalmente dentro del escándalo:
- Olmedo López, exdirector de la UNGRD (colaborador de la justicia).
- Sandra Ortiz, exalta comisionada del Gobierno.
- Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE (prófugo).
- César Manrique, exsubdirector de la UNGRD (prófugo).
- Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda (imputado esta semana).
La Fiscalía ha señalado que existe evidencia de que cada uno operó desde su cargo para “torcer la contratación”, obtener beneficios políticos o económicos o facilitar trámites de recursos públicos.
En el caso específico de Bonilla, la tesis de los investigadores es que, a través de Benavides y del asesor Jaime Ramírez Cobo, habría intentado impulsar los tres proyectos cuestionados para favorecer a determinados congresistas.
¿Quién es Ricardo Bonilla?
Ricardo Bonilla González es un economista de la Universidad Nacional, considerado uno de los asesores históricos del presidente Gustavo Petro desde su paso por la Alcaldía de Bogotá. Fue secretario de Hacienda del Distrito entre 2012 y 2015, presidente de Findeter y posteriormente designado ministro de Hacienda en mayo de 2023. Es reconocido como uno de los articuladores del programa económico del Gobierno y uno de los funcionarios más cercanos al mandatario.
Tras su salida del Ministerio —en medio de tensiones internas por el manejo fiscal del país— Bonilla se había mantenido fuera del debate público, hasta que el caso UNGRD lo ubicó nuevamente en el centro de la controversia.
Lo que viene: la audiencia y las consecuencias
La imputación se realizará ante el Tribunal Superior de Bogotá debido al fuero constitucional del exministro. En esa diligencia se formalizarán los cargos, y Bonilla podrá pronunciarse sobre las acusaciones.
Desde que estalló el escándalo, Bonilla ha sostenido que es inocente y que nunca participó en maniobras de direccionamiento de contratos. Su defensa insiste en que no existió orden suya ni influencias en la UNGRD.
La Fiscalía, sin embargo, considera que es necesario que responda judicialmente, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, el alcance presupuestal comprometido y la calidad del cargo que ocupaba.