En el foro “La primera Infancia Indígena: deberes del Estado, compromiso de la sociedad”, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, lanzó una fuerte advertencia sobre la crítica situación que enfrentan los niños y niñas indígenas en Colombia, especialmente aquellos que pertenecen a pueblos en riesgo de extinción.
Según el jefe del órgano de control, esta población continúa expuesta a problemáticas estructurales que la sitúan en niveles de vulnerabilidad muy superiores a los de la población general, particularmente durante la primera infancia.
La Contraloría General, a través de la Delegada para Población Focalizada, presentó una evaluación sobre la oferta de servicios de atención integral dirigida a la primera infancia indígena durante las vigencias 2023 y 2024. El estudio analizó la eficacia y pertinencia de las acciones del Estado para garantizar los derechos de esta población altamente prioritaria.
Los resultados son alarmantes. La entidad concluyó que las tasas de mortalidad por desnutrición en la niñez indígena son entre tres y cuatro veces más altas que el promedio nacional. Además, el diagnóstico territorial realizado por el organismo de control en 2024 señaló que departamentos como Amazonas, Arauca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Vichada y Putumayo presentan los peores desempeños en la garantía de derechos para niños y adolescentes, coincidiendo con zonas de alta presencia indígena.
La falta de información confiable agrava el panorama. Según datos del DANE de 2018, existen 250.328 niños indígenas entre 0 y 5 años, de los cuales más de 205.000 pertenecen a pueblos en riesgo de extinción. Sin embargo, no hay proyecciones actualizadas y los censos del Ministerio del Interior están incompletos, lo que impide conocer con precisión la dimensión real de esta población y limita la formulación de políticas públicas efectivas.
El contralor Rodríguez destacó que, aunque existen avances, persisten fallas estructurales que impiden una atención adecuada. La evaluación incluyó además un análisis de caso en Pueblo Rico, Risaralda, en cumplimiento de la Sentencia T-187 de 2018, la cual ordena garantizar los derechos fundamentales de la primera infancia indígena. Pese a algunos progresos, la Contraloría encontró que la desnutrición sigue siendo crítica y persisten brechas en articulación institucional, seguimiento y continuidad de los servicios.
“El DAPRE debe fortalecer su papel como articulador para que los esfuerzos tengan un impacto real”, advirtió el contralor.
El órgano de control hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades indígenas para implementar mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación que permitan medir resultados, garantizar derechos y avanzar en el cierre de brechas estructurales que afectan a los niños y niñas indígenas del país.
