El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció públicamente la madrugada de este 2 de noviembre presuntas actividades de seguimiento y vigilancia ilegal en las inmediaciones de su residencia en Bogotá. Según su relato, dos drones estuvieron sobrevolando el sector entre las 12:00 a. m. y las 3:00 a. m., lo que lo llevó a interponer una denuncia penal.
Gobierno ofrece hasta $1.000 millones por información
La alerta se produjo a través de su cuenta oficial en X, donde el funcionario afirmó:
“Entre las 12 de la noche y las 3 de la madrugada de hoy estuvieron dos drones sobrevolando el lugar donde yo vivo.
¿Lo mandó a hacer el candidato criminal, o el bobo, o Hello Kitty, o alguna estructura delincuencial? Todo esto pasa porque un estúpido hace presunciones sobre dónde resido.
TODO lo que ha dicho es mentira. En la tarde de hoy pondré las denuncias penales respectivas con nombre propio y de ahí saldrá el culpable de cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia”.
Horas más tarde, Benedetti confirmó que la denuncia había sido formalizada y aseguró tener indicios iniciales sobre posibles responsables:
“Ya puse la demanda penal con dos sospechosos. Es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia. Ahora me entero que cuando estaban sobrevolando los drones, un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo. Y hoy a las 9:45 a. m. en la parte trasera de mi casa había personas tomando fotos. En un país donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hace seguimientos en carro”.
El ministro insistió en que se trata de un riesgo real para su seguridad:
“Es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia”, remarcó.
La denuncia se conoce una semana después de que Benedetti fuera incluido dentro de la denominada Lista Clinton, lo cual lo mantiene en el centro de la atención política y mediática.
Reacciones del Gobierno: Justicia rechaza intimidaciones
El Ministerio de Justicia, en cabeza del ministro encargado Augusto Ocampo, expresó respaldo institucional a Benedetti y rechazó cualquier acto de intimidación contra funcionarios públicos. En un comunicado oficial afirmó:
“Este tipo de situaciones, que atentan contra la tranquilidad personal y familiar, no pueden ni deben normalizarse en una democracia. La intimidación, la amenaza o el hostigamiento, venga de donde venga, constituyen una afrenta directa a los valores más sagrados del Estado Social de Derecho: la vida, la dignidad humana y la libertad”.
El pronunciamiento agrega:
“Confiamos en que las autoridades competentes desplegarán de manera inmediata las investigaciones técnicas y judiciales necesarias para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y evitar que estos hechos se repitan”.
El mensaje finaliza reiterando solidaridad:
“Expresamos nuestra solidaridad humana e institucional con el Ministro del Interior, Armando Benedetti”.
Recompensa de hasta $1.000 millones por información
La denuncia también generó respuesta desde el sector seguridad. El Ministerio de Defensa informó que el caso es atendido con prioridad y anunció la entrega de incentivos económicos para quienes suministren información que permita prevenir cualquier atentado.
En su comunicado oficial, la cartera señaló:
“Protegeremos la vida de cada colombiano y la de sus dirigentes sin distinción alguna. La amenaza denunciada por el Ministro @AABenedetti está siendo atendida con toda la diligencia y contundencia del Estado y su Fuerza Pública”.
Y añadió:
“Ofrecemos una recompensa de hasta $1.000 millones de pesos por información veraz, precisa y oportuna que permita anticiparnos y evitar cualquier atentado contra líderes políticos, sociales y otros liderazgos, así como contra sus familias”.
Investigación en curso
La denuncia fue puesta en conocimiento de autoridades judiciales, que ya iniciaron labores de verificación en la zona reportada. Por el momento, el Ministerio del Interior no entregó detalles sobre los dos sospechosos mencionados por Benedetti, pero señaló que cualquier hecho que comprometa su seguridad o la de su familia deberá ser atribuido a quienes eventualmente resulten vinculados en la investigación.