La Fiscalía General de la Nación decidió mantener en el caso a la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, al declarar “infundada” la recusación presentada por la defensa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro Urrego, quien enfrenta un proceso judicial por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
La decisión, contenida en una resolución firmada por la directora (e) de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, Sandra Liliana Mesa Agudelo, concluye que no existen pruebas de conflicto de interés ni de pérdida de imparcialidad que justifiquen el retiro de la fiscal Laborde del proceso.
“Declarar infundada la causal de recusación propuesta por el doctor Pedro Alejandro Carranza Cepeda, en calidad de apoderado judicial de confianza del ciudadano Nicolás Fernando Petro Burgos, conforme a las razones expuestas”, indica la resolución.
“Contra la presente decisión no procede recurso alguno”, agrega el documento.
La recusación de la defensa
El abogado Pedro Alejandro Carranza Cepeda, defensor de Nicolás Petro, había solicitado apartar a la fiscal Laborde argumentando que su actuación “compromete la apariencia y la realidad de imparcialidad”, ya que, según él, Laborde dirige varias investigaciones donde coinciden testigos comunes que también participan en el caso principal contra su cliente.
Carranza sostuvo que existía un “patrón sistemático de conductas que comprometen gravemente los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia”, por lo que pidió que la funcionaria fuera apartada tanto de la investigación de Nicolás Petro como de los expedientes relacionados con Laura Ojeda, su actual pareja, y Day Vásquez, su exesposa, quien es testigo clave de la Fiscalía.
Lo que dijo la Fiscalía
La Fiscalía descartó los señalamientos de la defensa, señalando que “no demuestran en ningún momento la existencia de un interés personal de la fiscal en la actuación, ni permiten inferir una expectativa real, tangible y manifiesta de provecho o menoscabo”.
El documento añade que la fiscal Laborde “ha mantenido separación funcional entre las causas, sin que se evidencie interferencia ni afectación a la garantía de defensa técnica”, y que no se han presentado actuaciones contrarias a la ley.
“No se ha acreditado la existencia de conflicto funcional ni de interés procesal. La Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos observa de las actuaciones de la fiscal que esta ha actuado conforme al principio de legalidad (…). No existen elementos objetivos que justifiquen la remisión de copias para investigación disciplinaria”, señala la resolución.
El ente acusador también negó que se hubiera configurado alguna causal de nulidad ni la necesidad de compulsar copias a la Procuraduría o la Corte Suprema, al no encontrarse indicios de irregularidades graves.
Además, el fallo ordena reforzar medidas institucionales de preservación de la reserva, como auditorías de accesos digitales y custodia de documentos físicos, aunque aclara que “no se ha acreditado vulneración de los protocolos de reserva ni necesidad de adoptar medidas extraordinarias”.
Contexto del proceso contra Nicolás Petro
El hijo del presidente enfrenta actualmente juicio ante un Juzgado Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, dentro del proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, cargos que la Fiscalía formalizó en agosto de 2023 tras una investigación que surgió de los señalamientos de su exesposa Day Vásquez, quien reveló que Petro Burgos habría recibido dinero de empresarios y excontratistas con la promesa de aportarlos a la campaña presidencial de 2022, pero que finalmente habría usado para fines personales.
De acuerdo con la Fiscalía, Nicolás Petro habría incrementado injustificadamente su patrimonio mediante la recepción de recursos cuya procedencia no logró justificar. Los investigadores también indagan si parte de esos fondos fueron canalizados a través de terceros o simulados mediante contratos falsos.
En la etapa de juicio, la fiscal Laborde ha mantenido la acusación sobre los delitos iniciales y ha anunciado que se imputarán dos cargos adicionales: interés indebido en la celebración de contratos y violación de datos personales, con base en nuevos elementos de prueba recolectados en los últimos meses.
La defensa de Petro insiste en que el proceso tiene un trasfondo político y ha cuestionado la imparcialidad de la Fiscalía, razón por la cual presentó la recusación contra Laborde, ahora rechazada oficialmente.
Conclusión de la decisión
“Sean estos argumentos suficientes para concluir que, en el caso en examen, no encontrándose acreditadas las causales invocadas por el recusante para separar de la actuación a la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, se concluye que no se configura ninguna de las causales previstas en la ley. En consecuencia, la fiscal delegada continuará con el conocimiento de las investigaciones referidas”.
Con esta decisión, la Fiscalía General de la Nación ratifica la permanencia de la fiscal Lucy Laborde en el caso y confirma que el proceso contra Nicolás Petro Burgos continuará su curso judicial ante el despacho de Barranquilla, mientras se define si el juez especializado acoge la solicitud de medida de aseguramiento que prepara el ente investigador por los nuevos delitos.