Colombia celebra una noticia. El tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez, revocando la condena de 12 años que le había impuesto una Juez de la República, que, aunque representa la majestad de la justicia, no llegó a dicho cargo por concurso de méritos, es decir, no ocupa el cargo de juez en carrera judicial, y que – hay que decirlo sin rodeos— erró de cabo a rabo.
La decisión no solo reivindica el honor y buen nombre de Uribe, pues vale decirlo, su inocencia jamás fue desvirtuada con una sentencia ejecutoriada, muy a pesar de que sus malquerientes lo habían condenado, sí, lo habían condenado desde antes de iniciar el juicio, quienes por cierto siguen pataleando, y han anunciado un recurso extraordinario de casación, que anticipó desde ya, no prosperará.
Y es que con este juicio – adelantado con un claro trasfondo político – se quiso acabar no solo con el legado político de Uribe, sino también con la posibilidad de que volviera a participar y se hiciera elegir para algún cargo de elección popular. No sé sonrojo Timochenko en criticar el fallo absolutorio, diciendo que: “la Justicia era para los de ruana”. Habrase visto semejante desfachatez: Los pájaros tirándole a las escopetas.
Y es que la decisión de la Sala Penal del Tribunal no fue una simple revisión de una decisión de primera instancia: fue una corrección histórica. El Tribunal, conformado por magistrados de carrera en su mayoría, con experiencia real y una argumentación de más de 700 páginas, demostró que el sistema judicial colombiano —tan golpeado por la polarización— aún tiene jueces capaces de fallar con independencia, con equilibrio y con autonomía. Y eso, en medio del ruido político que provoca cada paso de Álvaro Uribe Vélez, eso, es casi un milagro institucional.
La juez 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, había condenado a Uribe en un fallo plagado de errores en la valoración de las pruebas. El Tribunal lo dejó claro: la sentencia no tenía sustento suficiente, ni rigor técnico, ni respeto por la presunción de inocencia. En otras palabras, la justicia en primera instancia fue injusta.
¿Y cuál es el remedio para esas injusticias? La apelación. El recurso que permite que un superior revise los errores de un juez inferior. Así funciona el Estado de Derecho. Pero claro, en Colombia, cuando la justicia absuelve a Uribe, algunos gritan “impunidad”. Cuando lo condenan, aplauden. La coherencia sí que se volvió un lujo en este país.
Y entonces apareció Gustavo Petro. Sin leer una sola página del fallo, arremetió contra el Tribunal, lo descalificó y, de paso, volvió a sacar su carta favorita: la constituyente. Cada vez que la justicia no le obedece, amenaza con reescribir la Constitución.
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Un presidente que juro cumplir la Constitución y la Ley, y con ello, defender la independencia y la autonomía de las otras Ramas del Poder Público, entre ellas la judicial, no puede comportarse como el primer tuitero del país irrespetando a las otras ramas del poder público. Petro debería ser garante del equilibrio de poderes, no su principal agresor. Pero parece que su lógica es simple: si el fallo me gusta, es justicia; si no me gusta, es conspiración.
La independencia judicial no se defiende con discursos, se respeta con silencio cuando no nos conviene o con expresiones que den cuenta del disentir, pero en todo caso respetuosas. Petro no lo entiende, o peor, no le interesa entenderlo. Y su constante llamado a una constituyente con pretextos políticos suena cada vez más a un intento de perpetuar su proyecto personal por encima de la institucionalidad.
El caso ahora avanza hacia el terreno de la casación, un recurso extraordinario ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que no constituye una tercera instancia, sino apenas un examen de legalidad sobre la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá. Su propósito no es reabrir el debate probatorio, sino determinar si se aplicaron correctamente las normas. Si en la sentencia de segunda instancia pudieron vivenciare errores de hecho o de derecho. procesales y/o sustantivos.
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Tanto la Fiscalía General de la Nación, como las presuntas víctimas —entre ellas el senador Iván Cepeda— anunciaron que interpondrán este recurso, que podría tardar años en resolverse. La Corte, antes de admitirlo, evaluará si cumple con los estrictos requisitos de admisibilidad y, de ser así, convocará a una audiencia de sustentación en la que las partes dispondrán de un tiempo razonable para defender la tesis que sustentan. Es en esencia, el último filtro jurídico antes del cierre definitivo del caso.
En medio del ruido, hay un hecho que muchos ignoran o por lo menos que no recuerdan: Álvaro Uribe Vélez pudo haberse acogido a la prescripción del proceso, dejar que el tiempo hiciera su trabajo y salir del lío sin una sentencia en firme. No lo hizo. Prefirió enfrentar el juicio, renunciar a la prescripción, esperar la segunda instancia y permitir que el país conociera, como conoció, a verdad real, la verdad jurídica.
Eso no lo hace quien teme, sino quien confía y está seguro de su inocencia. Con la absolución, Uribe no solo ganó en lo legal, también en lo moral y porque no, en lo político que es lo que más, pero más les duele a sus detractores, que hoy definitivamente están Petristes.
Su decisión contrasta con la actitud de sus detractores, que durante años construyeron un relato basado en la condena anticipada. Hoy ese relato se diluye, se desmorona, y con él, la narrativa que pretendía reducir a Uribe a un símbolo de corrupción o criminalidad.
Pero el caso no estuvo exento de sombras. Una magistrada del Tribunal, María Leonor Oviedo Pinto, salvó su voto y defendió la condena de Heredia. Hasta ahí, todo dentro de la normalidad judicial. El problema es que Oviedo tenía un historial de trinos políticos donde criticaba a periodistas, atacaba al expresidente Uribe y hasta respondía con entusiasmo los tuits de Gustavo Petro. Al igual que la Juez Heredia, se trata de una Juez que tampoco llegó a esa Magistratura por concurso de méritos, esto es, se encuentra nombrada en provisionalidad, lo que significa que no hace parte de la carrera judicial, lo cual como sostuve antes, compromete su autonomía y su independencia.
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¿Puede alguien con ese pasado de opinión abierta, respetable si se quiere, pero opinión en todo, hacer parte de un tribunal que juzga un caso de tantas connotaciones mediáticas? De hacerlo, podía haber hecho parte de la
¿Sala Penal correspondiente sin sesgos? ¿Debió acaso haberse declarado impedida? Difícil. difícil responder. Lo que sí no resulta difícil afirmar es que, así como la Mujer del César no sólo debe ser digna sino también parecerlo, en el caso de la justicia, está no solo debe ser imparcial, sino igualmente parecerlo. Y cuando una magistrada actúa con la misma vehemencia de un activista digital, pierde, pierde autoridad moral para exigir respeto por su criterio jurídico.
Esa, esa es la gran herida del sistema judicial colombiano que demanda un estricto control político y ciudadano; concursos de méritos que se prolongan en el tiempo como viene ocurriendo con la convocatoria 27 por años y años, con tropiezos y dificultades, permitiendo que los jueces designados en provisionalidad se perpetúen en dichas plazas en el tiempo, mientras quienes han ganado el concurso, el
concurso de méritos, tienen que esperar el sueño de los justos, para ser nombrados y puedan ejercer con la autonomía y la independencia con la que no cuentan desafortunadamente, quienes son designados a dedo, por razones distintas al mérito.
Y si algo le faltaba al guion, llegó la renuncia del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. En una carta llena de calificativos, llamó al Tribunal “prevaricador” y a Uribe “criminal de guerra”.
Sí, un ministro dizque de Justicia; ex presidente de la corte constitucional, insultando a jueces porque no fallaron como él quería.
Montealegre —quien, por cierto, enfrenta procesos disciplinarios— quiso vender su renuncia como un acto heroico, cuando en realidad fue un berrinche político. Lo que deja su salida es una imagen penosa de un funcionario que usa el ministerio como tribuna ideológica.
Su carta no fue la defensa de un principio, sino la confirmación de que algunos quieren convertir la justicia en campo de batalla partidista.
La absolución de Uribe no es una victoria de un sector político, sino del principio de legalidad; de la presunción de inocencia; de las garantías supremas. Es la prueba de que el derecho sigue teniendo la última palabra, incluso cuando los poderosos —de un lado o del otro— gritan lo contrario.
Colombia sigue siendo un país con fisuras, pero con instituciones que perduran, con instituciones que resisten. La justicia, pese a sus errores y a sus pasiones internas, sigue cumpliendo su función esencial: proteger al ciudadano del abuso del poder. Abuso y extralimitación del poder, que es justamente la esencia por la cual fue concebida el Estado de Derecho.
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Finalmente, mientras a Uribe lo absuelven, a Gustavo Petro lo incluyen en el registro elaborado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que Oficialmente, se le llama lista OFAC por las siglas en inglés de ese departamento, pero que todos conocemos como lista Clinton, la cual implica quedar excluido del sistema financiero internacional, situación está exageradamente grave para cualquier ciudadano, y más, para un Presidente en funciones.
Claramente Petro tendrá derecho a defenderse. A reivindicar su presunta inocencia. Lo que si no se, es si su abogado americano le recomiende a su sui generis cliente, hoy Presidente de Colombia, la estrategia que ha usado en nuestro País, de maltratar a los Magistrados estadounidenses y ponerlos en situación de inminente riesgo, como lo ha hecho por ejemplo con el Presidente de la Corte Constitucional de Colombia Jorge Enrique Ibáñez; esperemos los resultados de estas diligencias. Mientras tanto le quiero recordar al Presidente Gustavo Petro, que Uribe, ha sido declarado inocente.