Bogotá, 10 de octubre de 2025 — El Juzgado 58 Administrativo de Bogotá ordenó este martes a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Policía Nacional reforzar el esquema de seguridad del precandidato presidencial Abelardo De la Espriella, tras determinar que se habían vulnerado sus derechos fundamentales a la vida, integridad personal y seguridad.
La decisión judicial surge como resultado de una acción de tutela presentada por el propio De la Espriella, en la que denunció presuntas omisiones por parte de la UNP en la implementación de nuevas medidas de protección, así como una reducción “injustificada” de su esquema de seguridad previo.
Renuncia previa, nuevo contexto
Aunque el tribunal reconoció que el abogado y aspirante a la presidencia había desistido voluntariamente de su protección en 2023 —cuando aún no era precandidato y actuaba en su rol de periodista—, concluyó que el nuevo contexto electoral y el aumento del riesgo justifican una reevaluación de las medidas.
En su fallo, fechado el 9 de octubre, el juez Fabián Eduardo Vega ordenó que el nuevo esquema incluya un vehículo blindado, un escolta asignado por la UNP y siete agentes adicionales bajo responsabilidad de la Policía Nacional. No obstante, el equipo legal de De la Espriella expresó su inconformidad con lo dispuesto.
“Ocho escoltas no caben en un solo carro blindado. Necesitamos dos motos más, y el juez no las contempló”, señaló el abogado Germán Calderón España, defensor judicial del precandidato.
La seguridad en el foco del debate
De la Espriella ha argumentado que su vida y la de su familia están en riesgo, especialmente tras el asesinato del también precandidato Miguel Uribe Turbay, hecho que elevó las alertas sobre la seguridad de quienes participan en la contienda presidencial de 2026.
“La negativa del gobierno a garantizar mi protección ha sido una forma de persecución política. Esta sentencia demuestra que la justicia aún funciona en Colombia”, afirmó el precandidato tras conocerse el fallo.
Sin embargo, el despacho judicial también señaló que la terminación del esquema anterior no fue una decisión de la UNP, sino una solicitud expresa del propio De la Espriella. Según los documentos del expediente, en enero de 2023 el abogado pidió formalmente el retiro de su esquema de seguridad —compuesto en ese momento por cuatro escoltas y un chaleco blindado— y firmó el acta correspondiente el 6 de febrero de 2023.
Respuesta de la UNP
Por su parte, la UNP ha rechazado las afirmaciones del precandidato sobre supuestas órdenes del presidente Gustavo Petro para reducir su protección, calificándolas como “desinformación que erosiona la confianza institucional”.
La entidad recordó que los esquemas de seguridad para aspirantes a cargos de elección popular son evaluados de forma periódica por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cormpe), el cual fue reforzado en los últimos meses ante el incremento de solicitudes de protección por parte de candidatos.
Actualmente, más de cien aspirantes a la Presidencia cuentan con esquemas de seguridad activos o en evaluación.
Movimiento político y respaldo partidario
Abelardo De la Espriella oficializó su precandidatura presidencial en el 2025 por el movimiento ciudadano Defensores de la Patria, con el cual busca reunir firmas para inscribirse formalmente en la contienda de 2026. También cuenta con el respaldo del partido político Salvación Nacional.
El fallo podrá ser impugnado dentro de los tres días siguientes a su notificación. En caso de no presentarse apelación, será enviado a la Corte Constitucional para su eventual revisión.