Por Redacción Judicial | Focus Noticias
El futuro judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez se encuentra en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá resolver en los próximos días el recurso de apelación presentado por su defensa contra la condena de 12 años de prisión impuesta por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Sandra Liliana Heredia.
La decisión que adopten los magistrados será determinante no solo para el curso del proceso, sino también para la situación personal del exmandatario, quien actualmente permanece en libertad tras los fallos favorables del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia, que dejaron sin efecto la medida de detención domiciliaria ordenada en primera instancia por la juez.
Los magistrados a cargo de esta importante decisión son: Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa Sánchez y Leonor Oviedo Pinto
El primero de agosto, Uribe Vélez fue condenado por el juzgado 44 penal del circuito de conocimiento de Bogotá por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Se ordenó su detención inmediata y se le concedió la prisión domiciliaria, sin embargo el Tribunal Superior de Bogotá, en decisión del 19 de agosto de 2025 revocó el numeral cuarto del fallo en cuanto a la privación inmediata de la libertad del condenado y amparó el derecho fundamental a la libertad.
El fallo, emitido el pasado 1 de agosto, declaró al exmandatario culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, determinando que Uribe habría intentado manipular testigos en su propio favor dentro de un proceso judicial que se inició por denuncias del senador Iván Cepeda.
El Tribunal deberá decidir si ratifica la condena, la revoca, la modifica o incluso la anula.
Un proceso con más de una década de historia
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, acusándolo de promover falsos testigos para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018, la Corte archivó la investigación contra Cepeda y abrió una nueva, esta vez contra el expresidente, al considerar que habría sido Uribe quien intentó manipular testigos a través de terceros.
En 2020, la Corte ordenó su detención domiciliaria, medida que provocó un terremoto político y llevó al exmandatario a renunciar a su curul en el Senado para trasladar el expediente a la justicia ordinaria.
A partir de entonces, el caso pasó a manos de la Fiscalía General de la Nación, que en tres oportunidades durante el periodo del exfiscal general Francisco Barbosa pidió precluir la investigación, alegando falta de pruebas. No obstante, los jueces de control de garantías negaron esas solicitudes, dando paso a un juicio formal que concluyó en 2025 con la condena en primera instancia.
El 1 de agosto de 2025, la jueza Sandra Liliana Heredia leyó durante más de seis horas la sentencia que condenó al expresidente Uribe Vélez.
En su argumentación, la funcionaria sostuvo que existía prueba suficiente de que Uribe, “a través de su abogado Diego Cadena y de su asesor Juan Guillermo Villegas, desplegó una estrategia orientada a influir indebidamente en el testimonio de exparamilitares recluidos en distintas cárceles del país”.
El proceso en segunda instancia
El 13 de agosto de 2025, los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana radicaron ante el Tribunal Superior un recurso de apelación de 904 páginas, en el que solicitaron la nulidad del fallo condenatorio emitido el 1 de agosto y la absolución total del expresidente Uribe, procesado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
Solicitudes del recurso de apelación
1️⃣ Revocar integralmente la sentencia condenatoria proferida contra Álvaro Uribe Vélez, absolviéndolo de todos los cargos formulados en su contra.
2️⃣ Declarar la nulidad de lo actuado desde el momento en que se practicaron las interceptaciones ilegales al abogado Diego Cadena, ordenando la exclusión de dichas pruebas.
3️⃣ Reconocer la vulneración de garantías fundamentales y ordenar las medidas necesarias para la restitución plena de los derechos de mi defendido, incluida la terminación de cualquier medida restrictiva de la libertad.
La defensa sostiene que la sentencia presenta “errores de hecho y de derecho”, afectando el debido proceso y la presunción de inocencia del exmandatario. En su sustentación, los abogados plantearon cuatro ejes centrales:
Nulidad desde la audiencia de acusación: La defensa solicita la nulidad de todo lo actuado desde esa etapa, al considerar que el proceso tuvo un enfoque político y parcial.
Nulidad desde la lectura del fallo: De manera subsidiaria, solicitan que se anule lo actuado desde la audiencia del 1 de agosto, alegando irregularidades procesales, incluyendo la falta de imparcialidad de la jueza.
Absolución del expresidente: En caso de no prosperar las nulidades, los abogados solicitan la revocatoria total de la condena por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al considerar que no se acreditó la responsabilidad penal de Uribe.
Restablecimiento de su libertad: Insisten en que el expresidente no debe permanecer detenido mientras se resuelve la apelación, argumentando que no hay razones jurídicas suficientes para mantener la medida de aseguramiento.
🧾 Las cinco opciones que tiene el Tribunal
Fuentes judiciales consultadas por Focus Noticias explican que la Sala Penal del Tribunal Superior tiene varias alternativas procesales al resolver el recurso de apelación.
1. Confirmar la condena:
El Tribunal podría mantener íntegramente la decisión de la jueza Sandra Liliana Heredia, ratificando la condena de 12 años de prisión y la responsabilidad de Uribe por los dos delitos imputados.
2. Revocar el fallo y absolverlo:
Otra posibilidad es que los magistrados concluyan que la valoración de las pruebas fue incorrecta o insuficiente y, en consecuencia, absuelvan al expresidente de todos los cargos.
3. Emitir una sentencia mixta:
También podría darse un fallo parcialmente favorable, en el que el Tribunal confirme la condena por uno de los delitos —por ejemplo, soborno en actuación penal— y absuelva por el otro, como fraude procesal o viceversa.
4. Anular el proceso:
Si el Tribunal considera que hubo irregularidades graves en la actuación procesal, podría decretar la nulidad total o parcial del juicio, lo que implicaría retrotraer el proceso a etapas anteriores, incluso antes de la acusación.
5. Modificar la pena o las sanciones:
Otra alternativa es modificar los términos de la condena, reduciendo la pena o cambiando las condiciones de cumplimiento, sin absolver completamente al exmandatario.
En todos los escenarios, los magistrados deberán pronunciarse igualmente sobre el estatus de libertad de Uribe, quien, aunque condenado en primera instancia, permanece libre tras las decisiones judiciales que anularon su detención domiciliaria.
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La situación actual del expresidente
Uribe fue condenado en primera instancia a 144 meses de prisión (12 años) y a una multa de más de 2.400 salarios mínimos, tras ser hallado responsable como determinador de soborno a testigos y fraude procesal. La jueza Heredia ordenó su captura y detención domiciliaria en su finca de Rionegro (Antioquia).
Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante fallo del 19 de agosto, y posteriormente la Corte Suprema de Justicia el 18 de septiembre, determinaron que dicha medida vulneró los derechos fundamentales del exmandatario al debido proceso y a la libertad personal.
Ambas instancias coincidieron en que la jueza no sustentó adecuadamente los motivos de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para imponer la detención, ordenando su libertad inmediata mientras se surte la apelación.
Los argumentos de la defensa
El recurso de apelación presentado por los abogados de Uribe contiene una serie de críticas a la valoración probatoria del fallo condenatorio. Entre los puntos relacionados por la defensa están:
- La falta de imparcialidad de la jueza desde el inicio del proceso.
- La valoración sesgada de los testigos, especialmente de quienes declararon a favor del expresidente.
- El uso indebido de interceptaciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, que —según la defensa— violaron el secreto profesional.
- La aplicación inadecuada de la figura del descubrimiento inevitable, que permitió el ingreso de dichas interceptaciones como prueba.
“La sentencia se basa en conjeturas y pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales”, señala uno de los apartes del recurso.
“Las interceptaciones entre abogado y cliente son inviolables; aquí se violó el secreto profesional”, sostiene otro fragmento.
La defensa califica la condena como “injusta y carente de objetividad”.
Un fallo que marcará un precedente
El caso, considerado uno de los procesos judiciales más emblemáticos y polarizantes en la historia reciente de Colombia, podría tener su desenlace antes del 16 de octubre, fecha límite para que el Tribunal emita su decisión de segunda instancia.
La trascendencia de este fallo no solo radica en la figura política del exmandatario, sino que tendrá repercusiones en el panorama electoral del 2026, más aun cuando Uribe anunció que ocupará el puesto 25 en la lista al Senado de la República del partido Centro Democrático.
Renuncia a la Prescripción
Mientras tanto, el expresidente Uribe reiteró recientemente su decisión de renunciar a la prescripción de la acción penal, lo que significa que no se acogerá al beneficio legal que extinguiría el proceso por el paso del tiempo.
“A pesar de que la ley me permite cerrar este proceso por prescripción, no puedo aceptarlo. Mi compromiso es con la verdad”, afirmó Uribe en una carta dirigida al magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez del Tribunal Superior.
🔍 En resumen
- El Tribunal Superior de Bogotá analiza el recurso de apelación interpuesto por la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
- La condena de primera instancia impuesta por la jueza Sandra Liliana Heredia fue de 12 años de prisión por soborno y fraude procesal.
- El Tribunal tiene cinco opciones: confirmar, revocar, dictar un fallo mixto, anular el proceso o modificar la pena.
- Uribe continúa en libertad tras decisiones del Tribunal y la Corte Suprema.
- El fallo de segunda instancia definirá el futuro judicial del exmandatario y podría conocerse en los próximos días.
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