La justicia avanza en el proceso judicial contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por presuntas irregularidades en la administración del predio Aguas Vivas. El Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín programó para el próximo 21 de noviembre de 2025, a las 3:00 p.m., la audiencia de acusación en la que la Fiscalía General de la Nación presentará formalmente el escrito que da inicio a la etapa de juicio.
Acusaciones y contexto del caso
El proceso, que también involucra a doce personas más, entre exfuncionarios públicos y particulares, gira en torno a la supuesta manipulación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para favorecer la restitución y valorización de un predio de aproximadamente 147.000 metros cuadrados ubicado entre El Poblado y Las Palmas, en Medellín.
De acuerdo con la Fiscalía, el terreno fue inicialmente traspasado sin costo alguno a la Alcaldía en diciembre de 2019, con el propósito de cumplir obligaciones urbanísticas relacionadas con la creación de espacio público. Sin embargo, durante la administración de Quintero, se intentó modificar esta cesión gratuita para convertirla en una compraventa, lo que habría generado un pago indebido por más de 40.500 millones de pesos a las firmas IDC, Técnicas Constructivas y a un particular, Juan Manuel Villegas, quienes mantenían conexiones con el exgobernador Luis Pérez.
Ante el fracaso de estos intentos, el exalcalde y su exsecretario general, Fabio Andrés García Trujillo, presuntamente expidieron el Decreto 412 de 2023, que amplió el uso permitido del predio Aguas Vivas, incrementando su valorización y favoreciendo intereses privados contrarios al POT vigente.
Delitos investigados y personas implicadas
El escrito de acusación incluye cargos por:
- Prevaricato por acción (en el caso de Daniel Quintero y Fabio Andrés García) por supuesta apropiación en favor de terceros.
- Interés indebido en la celebración de contratos para ocho exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín.
- Peculado por apropiación contra tres particulares vinculados al predio.
Entre los funcionarios acusados figuran:
- Ingrid Vanessa González Montoya (exsecretaria de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía)
- Yina Marcela Pedroza Gómez (exsubsecretaria legal de Movilidad)
- Carlos Mario Montoya Serna (exsecretario de Gestión y Control Territorial)
- Karen Bibiana Delgado Manjarrés (exsecretaria de Suministros y Servicios)
- Sergio Andrés López Muñoz (exdirector del Departamento Administrativo de Planeación)
- Natalia Andrea Jiménez Pérez (exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación)
- Alethia Carolina Arango Gil (exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público)
- Leidy Jiménez Echavarría (exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores)
Los particulares imputados son:
- Juan Diego de Jesús Moreno Barón (representante de IDC)
- José Fernando Rueda Salazar (representante de Técnicas Constructivas)
- Juan Manuel Villegas Márquez
Pruebas recopiladas y etapa procesal
La Fiscalía, a través de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, presentó un acervo probatorio compuesto por casi 4.000 pruebas documentales, que incluyen:
- Correos electrónicos
- Informes técnicos y periciales
- Inspecciones judiciales
- Evidencias fotográficas
- Planos
- Testimonios de 48 funcionarios y otras personas clave
Estos elementos evidencian que entre febrero de 2020 y mayo de 2023, los implicados habrían intentado, a través de una conciliación prejudicial y actos administrativos irregulares, favorecer a los particulares mediante el pago indebido y la valorización artificial del predio.
Próximos pasos en el proceso judicial
La audiencia de acusación es un momento crucial en el que el juez leerá oficialmente el documento acusatorio y se abrirá la etapa formal de juicio. Posteriormente, se programará una audiencia preparatoria en la que las defensas podrán solicitar la incorporación de pruebas adicionales o pedir la nulidad del proceso si consideran que hubo violaciones a derechos o fallas procesales.
Finalmente, se realizará el juicio oral, con confrontación de pruebas y testimonios, tras lo cual el juez dictará sentencia en primera instancia. Se anticipa que cualquiera de las partes podría apelar ante el Tribunal Superior de Medellín, e incluso solicitar casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Fecha de audiencia: 21 de noviembre de 2025, 3:00 p.m.
Lugar: Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín
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