Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, y TransMilenio S.A. llegaron a un acuerdo conciliatorio dentro del incidente de reparación integral, tras los hechos vandálicos ocurridos el 22 de noviembre de 2019 en plena jornada del paro nacional.
Ese día, Barrera fue grabada mientras destruía con un martillo y otras herramientas parte de la infraestructura de la estación Molinos, ubicada al sur de la capital. El acto, ampliamente difundido en redes sociales, generó una fuerte reacción pública y derivó en su posterior condena penal. Actualmente, la joven cumple su pena en un centro de reclusión, aunque recientemente fue trasladada desde la cárcel El Buen Pastor.
Un acuerdo con enfoque restaurativo
El acuerdo alcanzado este jueves entre las partes contempla dos ejes centrales: uno pedagógico y otro económico.
Según detalló María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio, Barrera deberá participar en una serie de actividades educativas diseñadas para promover el respeto hacia el sistema de transporte público. Estas acciones incluyen la creación de contenidos en sus redes sociales —donde cuenta con millones de seguidores— y apariciones presenciales en puntos estratégicos del sistema, como estaciones de alta afluencia.
“Estas actividades buscan fomentar entre los ciudadanos el respeto y la apropiación del transporte público. Es una forma de transformar un acto negativo en una oportunidad de aprendizaje colectivo”, señaló Ortiz.
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Compensación económica por los daños
Además del componente pedagógico, el acuerdo incluye una reparación económica: Barrera se comprometió al pago de 100 millones de pesos colombianos a favor de TransMilenio S.A., en compensación por los daños ocasionados en la estación Molinos.
Desde la entidad se resaltó que este acuerdo no busca únicamente cubrir los costos materiales de la destrucción, sino también enviar un mensaje sobre las posibilidades de la justicia restaurativa en contextos urbanos.
“Esto no se trata solo de reparar lo que se dañó físicamente, sino de reconstruir el tejido social y el respeto por lo público”, puntualizó la gerente.
Falta aval judicial
Aunque el acuerdo representa un paso significativo en el proceso, su ejecución aún está sujeta a la aprobación de un juez de la República. El documento será presentado ante las autoridades competentes en los próximos días, quienes evaluarán si cumple con los requisitos legales para ser homologado.
La decisión judicial podría marcar un precedente importante en la forma en que se gestionan los daños contra el patrimonio público en el contexto de manifestaciones sociales, especialmente cuando los responsables son figuras de alto impacto mediático.
Redacción Judicial