Brasilia, 11 de septiembre de 2025 — En una decisión histórica que sacude los cimientos de la política brasileña y marca un precedente judicial en América Latina, el Tribunal Supremo de Brasil condenó este jueves al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión por su responsabilidad en un intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022 donde resultó ganador Lula da Silva.
La sentencia lo convierte en el primer exmandatario del país condenado por atentado contra la democracia y el tercero en ser juzgado penalmente tras dejar el cargo. Sin embargo, su caso reviste una gravedad inédita: la justicia lo encontró culpable de liderar una “organización criminal” que intentó evitar, mediante medios ilegales, el retorno al poder del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El juicio que estremeció a Brasil
La sentencia fue dictada por la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) luego de una sesión que inicialmente estaba prevista para este viernes. Sin embargo, tras concluir la audiencia de este jueves y con una mayoría consolidada, los jueces optaron por pasar de inmediato a la fase de imposición de penas.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la sala encontró a Bolsonaro culpable de cinco delitos graves:
- Planear un golpe de Estado
- Participar en una organización criminal armada
- Intentar abolir el orden democrático por la fuerza
- Cometer actos violentos contra instituciones del Estado
- Dañar bienes públicos protegidos
El caso tiene como eje los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes del exmandatario invadieron y vandalizaron las sedes de los tres poderes en Brasilia. Para los magistrados, ese episodio fue el desenlace de un complot iniciado al menos desde 2021.
El “liderazgo indiscutible” de Bolsonaro en la trama
Según el juez Alexandre de Moraes, quien lideró la instrucción del caso y también fue blanco de las amenazas del grupo, Bolsonaro actuó como el “líder natural” de una red criminal con fines golpistas.
“Se trató de una organización criminal armada, estructurada jerárquicamente y orientada a mantener al expresidente en el poder, por cualquier medio, incluso mediante asesinatos”, expresó Moraes en su voto.
El presidente de la sala, el juez Cristiano Zanin, respaldó esa tesis: “La Fiscalía logró probar que se buscó subvertir el orden constitucional, incluso con un plan para asesinar al presidente electo Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio juez Moraes”.
Recordemos que Lula da Silva estuvo detenido por un total de 580 días (poco más de un año y medio) por delitos de lavado de dinero y corrupción en el marco de la Operación Lava Jato, aunque esas condenas fueron anuladas posteriormente por el Supremo Tribunal Federal y quedó en libertad en el 2020.
Las pruebas y la construcción del caso
La investigación judicial se apoyó en una serie de evidencias, incluyendo mensajes interceptados, borradores de decretos de intervención militar, vigilancia a opositores y declaraciones obtenidas a partir de colaboraciones premiadas.
Uno de los testimonios clave fue el del teniente coronel Mauro Cid, antiguo ayudante de Bolsonaro, quien reconoció haber participado en reuniones donde se discutieron planes para desacreditar el sistema electoral y frenar la investidura de Lula. Su cooperación le valió una sentencia reducida de dos años en régimen abierto.
La estrategia golpista, según la Fiscalía
De acuerdo con los fiscales, el plan se activó tras la segunda vuelta electoral de 2022. Con su derrota confirmada, Bolsonaro se replegó con su círculo más cercano para impedir la transmisión del poder. Las medidas contemplaban:
- Emisión de decretos de excepción para cesar a jueces y gobernadores
- Disolución de la Justicia Electoral
- Arresto de autoridades
- Asesinatos selectivos
- Instigación de caos mediante bloqueos y ataques
Mientras tanto, miles de seguidores bloqueaban carreteras y cercaban cuarteles militares, exigiendo una “intervención” que nunca ocurrió.
¿Qué sigue para Bolsonaro?
El fallo aún no está firme. La defensa del expresidente, de 70 años, anunció que presentará un recurso de apelación, aunque este solo podría revisar aspectos formales del juicio, sin cambiar el fondo del caso.
De confirmarse la sentencia, Bolsonaro deberá cumplir su condena en régimen cerrado, como establece la ley brasileña para penas superiores a ocho años. Sin embargo, su defensa ha planteado la posibilidad de prisión domiciliaria por razones de salud.
Por el momento, el Tribunal no ha definido el lugar de reclusión ni ha ordenado la detención inmediata del exmandatario.
Consecuencias políticas: un país dividido
La condena refuerza la inelegibilidad de Bolsonaro, quien ya tenía prohibido postularse hasta 2030 por desinformar sobre el sistema electoral. Sin embargo, su espacio político —el bolsonarismo— aún conserva fuerza.
Analistas ven en el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, un posible sucesor natural. Otros apuntan al diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, actualmente radicado en Estados Unidos, como un posible aspirante.
“El bolsonarismo no está muerto, pero está herido. Tendrán que reorganizarse sin su principal figura. Y eso toma tiempo”, advirtió Alessandra Terra de Faria, politóloga de la Universidad Católica de Río de Janeiro.
Repercusiones internacionales
El caso no pasó desapercibido fuera de Brasil. El expresidente estadounidense Donald Trump calificó a Bolsonaro como “un buen hombre” y comparó su situación con sus propios procesos judiciales en EE.UU.
Un antes y un después en la historia democrática de Brasil
Más allá de la polarización política, la condena a Jair Bolsonaro representa un parteaguas en la justicia brasileña, que por primera vez lleva a prisión a un expresidente por amenazar el orden constitucional.