Bogotá, 8 de septiembre de 2025 — La defensa legal de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado el pasado junio, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia formal por la supuesta interferencia del presidente Gustavo Petro en las investigaciones del magnicidio.
El abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia, radicó un documento de 11 páginas en el que argumenta que desde el Ejecutivo se ha vulnerado la independencia de la Fiscalía General de la Nación, única autoridad competente para conducir la investigación judicial. Según Mosquera, el presidente Petro ha realizado múltiples pronunciamientos públicos en redes sociales y eventos oficiales, donde ha emitido teorías sobre los responsables del atentado sin contar con elementos probatorios oficiales.
Acusaciones de interferencia y discurso de odio
El documento detalla que desde el 1 de septiembre se solicitó formalmente al presidente una rectificación pública, debido a que sus declaraciones no solo atribuyen autorías no comprobadas, sino que también han generado “revictimización” de la familia Uribe Turbay. El abogado señala que en al menos 11 intervenciones, Petro vinculó al crimen con grupos armados organizados como ELN, las disidencias de las Farc y estructuras criminales dedicadas a actividades ilegales, sin sustento judicial.
Además, Mosquera denuncia que el mandatario ha cuestionado la motivación política del atentado, contradiciendo la hipótesis oficial presentada por la Fiscalía, y que con estas declaraciones se genera confusión y se obstaculiza el avance de las indagaciones.
Mosquera se refirió a la “junta directiva del narcotráfico en Dubái”, señalada en pronunciamientos del presidente, la cual calificó como un “inventó” que afecta las relaciones internacionales:
El abogado Mosquera publicó que se reunión con el Embajador de Emiratos Arabes Unidos, S.E. Mohamed Abdullah BinKhater Al Shamsi, «en el marco de nuestras indagaciones para llegar a la verdad. Rechazo la nocion de una supuesta “junta directiva del narcotrafico en Dubai”, un invento de @petrogustavo que afecta la imagen de Emiratos, las relaciones con Colombia y desvía la atencion de la Fiscalía de los verdaderos responsables»
Preocupación por la seguridad de familiares y funcionarios
En la denuncia también se advierte sobre la insuficiencia y falta de idoneidad en los esquemas de protección asignados a los familiares del senador asesinado, en especial para su padre, Miguel Uribe Londoño, quien es hoy precandidato presidencial, y para la hermana de la víctima, María Carolina Hoyos Turbay.
Su esposa Maria Clara Tarazona y sus hijos estan viviendo fuera del país.
Mosquera informó que desde agosto la Unidad Nacional de Protección (UNP) respondió que iniciaría un estudio individualizado de riesgo, pero este proceso ha sido tardío, exponiendo a los allegados a un riesgo inminente por la ausencia de un esquema adecuado.
Asimismo, se solicitó protección para los fiscales e investigadores del caso, bajo el argumento de que su permanencia garantiza la seriedad de la investigación, la protección de testigos y el acceso de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.
Solicitudes ante la CIDH
El abogado pidió a la Comisión que ordene al Estado colombiano proveer medidas cautelares urgentes que garanticen protección idónea y acompañamiento psicológico a los familiares, así como garantizar la independencia de la Fiscalía en el proceso investigativo, libre de interferencias del poder Ejecutivo.
También se solicitó que el presidente Petro y otros funcionarios públicos se abstengan de hacer pronunciamientos públicos que puedan afectar la investigación o estigmatizar a miembros de la oposición política.