Por Redacción Judicial
La Fiscalía General de la Nación presenta una nueva imputación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, en el marco de un proceso por presuntas irregularidades en la celebración de contratos con la Gobernación del Atlántico. A los cargos que ya enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, se suman ahora los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
Según el ente acusador, Petro Burgos habría tenido participación directa en la gestión de cinco contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso), por un valor superior a los 3.000 millones de pesos. Estos convenios, celebrados mientras Nicolás Petro ejercía como diputado en la Asamblea del Atlántico, estaban destinados a programas de atención social para adultos mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, según la Fiscalía, los contratos no cumplieron con su propósito.
Fiscalía designa una fiscal de apoyo a la fiscal Lucy Laborde quien investiga a Nicolás Petro
La resolución firmada por la Delegada para las Finanzas Criminales, designó como apoyo a María Isabel Ramírez Meléndez, Fiscal Delegado ante Jueces Penales de Circuito Especializado de la Delegada para las Finanzas Criminales, para que brinde acompañamiento, orientación y asesoría jurídica al interior del proceso mencionado, asignado a la Fiscalía 3 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, de conformidad con los argumentos expuestos en el acto administrativo.
Con esta designación se busca que la “fiscal de apoyo brinde acompañamiento, orientación y asesoría juridica del radicado mencionado, especialmente en cumplimiento de las funciones asignadas en la Resolución No. 042 del 30 de agosto de 2024, procedente de la Delegada para las Finanzas Criminales”
Contratación bajo la lupa
Los cinco contratos en cuestión fueron adjudicados a la Fundación Conciencia Social, una entidad que, de acuerdo con la investigación, fue presuntamente utilizada como fachada para desviar recursos públicos. En el expediente judicial también aparece el nombre de su exesposa, Daysuris Vásquez, quien habría tenido participación en el manejo de la fundación.
Los investigadores sostienen que existen elementos materiales probatorios, incluyendo mensajes de WhatsApp, archivos PDF y otros documentos digitales, que demostrarían la existencia de un presunto interés indebido en la adjudicación de estos contratos. La finalidad de los convenios, que era la implementación de proyectos sociales, no se habría cumplido, y los fondos destinados para ello habrían sido desviados para otros fines, aún en proceso de determinación.
La Fiscalía radicará la imputación ante un juez de control de garantías de Barranquilla, solicitando una medida de aseguramiento intramural (en centro carcelario) contra Petro Burgos, al considerar que hay riesgo de obstrucción a la justicia o de reincidencia. Nicolás Petro desde hace dos meses está residiendo junto a su familia en Bogotá.
Relación con el proceso anterior
Este nuevo proceso penal se suma al que ya cursa contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Ese expediente se originó a partir de las declaraciones de su exesposa Daysuris Vásquez, quien, en medio de una disputa personal, reveló supuestas entregas de dinero no reportado a las autoridades electorales, supuestamente destinado a la campaña presidencial de su padre, el entonces candidato Gustavo Petro.
En ese primer caso, también se mencionan personas que figuran ahora en la nueva imputación, como presuntos beneficiarios o facilitadores de los recursos. Entre ellos, destacan nombres como Samuel Santander Lopesierra, Óscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega y Jorge Robayo.
De hecho, fue el Juzgado 74 de Control de Garantías quien, durante una audiencia previa, solicitó compulsar copias para que estos nuevos hechos fueran investigados por separado. La Fiscalía atendió esa orden judicial y ahora radica esta nueva imputación.
El abogado defensor de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, manifestó que no ha sido notificado oficialmente de la nueva imputación. En publicaciones en la red social X ha dicho que todo al rededor de su cliente hace parte de una persecución política contra su defendido.
“De ser cierta esta imputación, me parece gravísimo que antes de que fuera radicada oficialmente, algunos periodistas ya conocieran los detalles. ¿A los funcionarios de la Gobernación de la época ya los imputaron? ¿Y al gobernador de ese entonces?”, cuestionó Carranza. También afirmó que su equipo revisará el expediente una vez reciban la notificación formal, y que solicitarán garantías procesales plenas para Petro Burgos.
Versión oficial de la Gobernación del Atlántico
La Gobernación del Atlántico, por su parte, había manifestado en agosto de 2023 que los convenios suscritos con la Fundación Conciencia Social se celebraron “en estricta sujeción a la ley, aplicando la normatividad respectiva y en cumplimiento de todos los principios que rigen la contratación administrativa”.
No obstante, la Fiscalía señala que existe evidencia que apunta a una manipulación del proceso contractual con el fin de favorecer intereses particulares y desviar recursos públicos a través de una entidad sin ánimo de lucro que habría sido instrumentalizada con este propósito.
Posibles sanciones penales
El delito de interés indebido en la celebración de contratos está contemplado en el Código Penal colombiano con penas de prisión de entre 64 y 216 meses (más de 18 años), además de multas que oscilan entre 66 y 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
En cuanto al delito de falsedad en documento público, el artículo 287 del mismo código establece penas de prisión de 48 a 108 meses, así como inhabilidad para ejercer funciones públicas.
El futuro judicial de Nicolás Petro
La imputación presentada marca un nuevo capítulo en la situación judicial del hijo mayor del jefe de Estado. La decisión sobre la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía está en manos de un juez de control de garantías, quien deberá evaluar si existen méritos suficientes para ordenar su detención preventiva o permitirle continuar el proceso en libertad.
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