Bogotá, 4 de septiembre de 2025 – La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente una decisión anterior y decretó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), por el delito de lavado de activos.
Con esta decisión, el tribunal modifica el fallo del pasado 3 de julio, en el que un magistrado se había abstenido de imponer dicha medida por este delito. Ahora, González enfrentará detención preventiva también por lavado de activos, sumándose a las imputaciones previas por cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.
La Sala encontró fundamentos suficientes para considerar a González como determinador de la conducta delictiva, al ordenar presuntamente pagos ilícitos a congresistas, dinero que fue movilizado por altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En particular, el tribunal validó la inferencia razonable de que González impartió instrucciones que derivaron en el transporte de $3.000 millones entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name Vásquez, con el fin de obtener respaldo a proyectos del Gobierno en el Congreso.
Según la Fiscalía, esos recursos provenían inicialmente de fuentes privadas con el compromiso de ser reembolsados con dineros públicos, lo que configura el presunto lavado de activos. Para los magistrados, esta actuación implica un conocimiento directo de la ilicitud de los fondos, razón por la cual se impone la medida de aseguramiento contemplada en el artículo 307 del Código de Procedimiento Penal.
Contexto del caso
Carlos Ramón González es una de las figuras centrales en el escándalo de corrupción que sacude al actual Gobierno, relacionado con la contratación irregular y desvío de fondos en la UNGRD. La investigación indica que al menos $70.000 millones de recursos públicos habrían sido comprometidos en pagos de sobornos y sobrecostos contractuales, entre ellos, un contrato para la compra de carrotanques destinados a La Guajira.
En el marco del proceso, González también enfrenta señalamientos por presuntamente haber ordenado la entrega de $4.000 millones en coimas a congresistas, dinero que fue entregado en efectivo por la entonces Consejera para las Regiones, Sandra Ortiz. De esa suma, $3.000 millones habrían sido entregados a Iván Name y $1.000 millones a Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes.
Asilo en Nicaragua
Aunque las autoridades judiciales han emitido orden de captura, González Merchán no se encuentra en Colombia, ya que recibió asilo político en Nicaragua, donde permanece desde mediados de este año. El gobierno de Daniel Ortega negó su extradición, argumentando que se trata de una persecución política, lo que añade un nuevo obstáculo para su judicialización en el país.
La defensa del exfuncionario ha insistido en esa línea, señalando que las actuaciones en su contra carecen de fundamento jurídico y tienen motivaciones políticas.
La decisión del Tribunal es de segunda instancia.