Tribunal decide si confirma o no la orden de enviar a la cárcel a Carlos Ramón González por caso de corrupción UNGRD

Bogotá, 4 de septiembre de 2025 — En una audiencia clave celebrada este miércoles, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resuelve los recursos de apelación interpuestos tanto por la Fiscalía General de la Nación como por la defensa del exdirector del DAPRE Carlos Ramón González Merchán, investigado por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La audiencia, desarrollada en horas de la mañana tiene como objetivo revisar la decisión previa del magistrado José Reinaldo Rugeles, quien el pasado mes se abstuvo de imponer medida de aseguramiento por el delito de lavado de activos, pero ordenó detención preventiva en establecimiento carcelario por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros.

González se encuentra asilado en Nicaragua

El Gobierno de Daniel Ortega justificó su decisión de no extradición de González afirmando que se trata de una persecución de carácter político. Según Managua, González está siendo “perseguido por motivos políticos o conexos”, razón suficiente, en su criterio, para concederle protección internacional bajo la figura de asilo.


Decisión del Tribunal

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal decide si confirma o no  la medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para González Merchán,  Según la fiscal y el magistrado Rugeles existen elementos suficientes que permiten inferir un riesgo para el adecuado desarrollo del proceso penal en caso de que el imputado permanezca en libertad.

El Tribunal también deberá decidir el recurso presentado por la Fiscalía, que busca revocar la decisión del magistrado Rugeles de abstenerse de imponer medida de aseguramiento por el delito de lavado de activos.


El caso: una trama de corrupción que sacude al Gobierno

Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y considerado durante años como uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro, es señalado por la Fiscalía como pieza clave en una red de corrupción que desvió aproximadamente 70.000 millones de pesos de recursos públicos destinados a emergencias humanitarias.

De acuerdo con las investigaciones, González habría determinado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López Martínez, para adjudicar contratos de forma irregular, favoreciendo intereses políticos y personales. Entre las evidencias se encuentran testimonios y registros de pagos en efectivo supuestamente dirigidos a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, a cambio de respaldar proyectos del Gobierno en el Congreso.

Uno de los contratos más cuestionados es el que buscaba la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua potable a comunidades indígenas en La Guajira. Según la Fiscalía, parte del dinero de ese contrato fue utilizado para pagar coimas por valor de 4.000 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones fueron transportados por Sandra Liliana Ortiz Nova y destinados a Name Vásquez, y 1.000 millones a Calle Aguas.


El asilo en Nicaragua: un nuevo obstáculo judicial

Pese a la orden de captura en su contra, González Merchán no se encuentra en territorio colombiano. Actualmente permanece asilado en Nicaragua, luego de que el gobierno de Daniel Ortega le concediera protección internacional al considerar que enfrenta una “persecución política” en Colombia.

En una comunicación oficial, el gobierno nicaragüense negó la extradición del exfuncionario, asegurando que su solicitud de asilo se ajusta a principios del derecho internacional, ya que, según Managua, las acusaciones tienen un carácter político o conexo, lo que imposibilita su entrega.

 


 

Por su parte, la defensa del exfuncionario reiteró que González es víctima de una persecución política, y calificó la decisión del tribunal como “desproporcionada y basada en presunciones no verificadas”.

Mientras tanto, las autoridades colombianas deberán decidir los siguientes pasos en el marco de la cooperación judicial internacional, aunque las posibilidades de una extradición desde Nicaragua lucen cada vez más remotas.


 

La Fiscalía continúa recabando pruebas y testimonios en el marco de esta investigación que ya ha salpicado a varios sectores políticos y administrativos. El país sigue atento a uno de los casos de corrupción más graves y complejos de los últimos años, con ramificaciones que podrían extenderse a otras dependencias gubernamentales y figuras del Congreso.


En resumen:

  • El Tribunal Superior de Bogotá decide si confirma o no  detención en cárcel para Carlos Ramón González por cohecho y peculado.
  • González permanece fuera del país, asilado en Nicaragua
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Redacción judicial –