El Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Superior de la Judicatura radicaron en el Senado de la República el proyecto de ley No. 050, que busca establecer mecanismos de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional.
La iniciativa reglamenta el artículo 246 de la Constitución y garantiza el respeto por los sistemas de justicia propios de los 115 pueblos indígenas del país.
El proyecto plantea reglas claras y principios orientadores para la coordinación entre ambas jurisdicciones, fortaleciendo la autonomía indígena y ofreciendo seguridad jurídica en la resolución de conflictos.
El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, destacó que esta propuesta “no crea ni modifica competencias jurisdiccionales, pero sí establece mecanismos efectivos de coordinación que permitirán resolver conflictos sin arbitrariedad ni improvisación”.
Uno de los puntos centrales es la inclusión de salvaguardas para los derechos de las mujeres, con compromisos de debida diligencia tanto para la justicia indígena como para la ordinaria, con el fin de eliminar prácticas que puedan afectar sus derechos dentro de las comunidades.
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo, resaltó la importancia del proyecto como un ejercicio de respeto y entendimiento entre poderes públicos: “Aquí cabemos todos. Podemos coordinar, con respeto y en armonía, los distintos sistemas de justicia que nos permiten convivir como sociedad”.
La senadora indígena del partido MAIS, Aida Quilcué, afirmó que esta herramienta “será clave para ejercer plenamente la jurisdicción interna, reconocer la autoridad de nuestros jueces naturales y avanzar en la construcción de un país diverso”.
La propuesta es fruto de un trabajo participativo entre entidades del sector justicia, la Rama Judicial y organizaciones indígenas, en el marco de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).
El proyecto ya había sido radicado con anterioridad y alcanzó la aprobación unánime en primer debate en la Comisión Primera del Senado. Sin embargo, por falta de tiempo legislativo fue archivado. Ahora, el Gobierno lo presenta nuevamente, con el propósito de consolidar un marco legal que permita el acceso integral a la justicia, en armonía con la diversidad étnica y cultural de Colombia.