Por Redacción Judicial
El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, en cabeza de la jueza Amalia Rondón Bohórquez, modificó su decisión inicial y autorizó la realización del concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación, programado para este domingo, 24 de agosto de 2025. La prueba estaba suspendida por una medida provisional adoptada un día antes, tras una acción de tutela interpuesta por un aspirante no admitido.
La decisión llega luego de una intensa jornada de cuestionamientos y tensiones jurídicas, pues el concurso busca suplir 4.000 cargos vacantes en el ente acusador, incluyendo plazas para auxiliares, técnicos, profesionales, conductores y fiscales delegados.
El origen del caso
La controversia surgió tras la acción de tutela presentada por Nelson Antonio Uribe Martínez, aspirante al cargo de Profesional de Gestión II, a quien la Universidad Libre —operadora del concurso— rechazó su inscripción al no reconocerle su experiencia como docente universitario como equivalente a la experiencia profesional exigida.
El aspirante alegó que esta decisión vulneraba sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el trabajo, la dignidad humana y el mínimo vital. En consecuencia, la jueza Amalia Rondón decretó una medida provisional de suspensión total de las pruebas, pese a que el reclamo del accionante se limitaba a un cargo específico.
El caso ganó notoriedad pública cuando se conoció que la misma jueza Rondón Bohórquez también se había postulado al concurso, y que su inscripción había sido rechazada por razones similares: la Universidad Libre no admitió la totalidad de sus certificados de experiencia.
La juez Novena Laboral del Circuito de Barranquilla (Atlántico) levantó la medida provisional de suspender las pruebas escritas del Concurso de Méritos FGN 2024, por lo cual serán aplicadas el próximo domingo 24 de agosto a 98.687 personas que aspiran a ocupar 4000 cargos de carrera en la entidad.
Para la Fiscalía, la orden judicial derogada, emitida en principio de manera oficiosa por la juez al dar trámite a la acción de tutela de un aspirante inadmitido por falta del requisito pleno de la experiencia profesional, resultaba desproporcionada y comprometía la validez técnica, logística y financiera del proceso.
Al acoger los argumentos y pruebas expuestos por la entidad, el juzgado admitió que aportaron “elementos de juicio de gran calado que deben ser sopesados, entre ellos la alternativa de permitir el examen del accionante en igualdad de condiciones que los demás participantes con miras a evitarse el perjuicio irremediable”, cuya validez estará supeditada a la decisión definitiva de la acción de tutela.
En efecto, la Fiscalía pidió al juzgado modular la medida inicial de suspensión provisional para que autorizara la continuidad de la aplicación de las pruebas escritas del concurso, garantizando la participación del accionante, pero dejando claro que los efectos de su resultado quedaran sujetos a lo que disponga el fallo de fondo.
“Como alternativa menos lesiva, se solicita autorizar la citación preventiva de todos los aspirantes, incluido el accionante, para la fecha prevista, evitando así́ los sobrecostos desproporcionados, el riesgo de filtración de materiales y la afectación de un proceso colectivo de trascendencia nacional”, sostuvo la entidad al oponerse a la tutela.
Para la Fiscalía, la modulación concedida ofrece un punto de equilibrio entre la garantía del derecho individual del accionante y la necesidad de preservar los principios de mérito, igualdad y economía que orientan los concursos públicos. De esta forma, se evitó que la tutela, en lugar de proteger, generara efectos desproporcionados que afectaban a los miles de aspirantes a ocupar los cargos de carrera en la Fiscalía General de la Nación, se preservó la validez técnica de la prueba y se impidieron perjuicios económicos y logísticos de gran magnitud al Estado.
Finalmente, por considerar que la mencionada juez de Barranquilla debió declararse impedida para conocer la acción de tutela teniendo en cuenta que también fue inadmitida en el concurso de méritos, la Fiscalía puso esta circunstancia en conocimiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico para que proceda de acuerdo con sus competencias.
El nuevo fallo: se levanta la suspensión
Mediante providencia emitida en la tarde de este 20 de agosto, la jueza modificó el numeral tercero del auto anterior, levantando la suspensión general de las pruebas y ordenando permitir la participación del accionante, Nelson Uribe Martínez, en condiciones de igualdad con los demás aspirantes.
La jueza fundamentó su decisión en un análisis de ponderación constitucional, señalando que la tutela no puede implicar un perjuicio irremediable para miles de aspirantes ni un detrimento patrimonial para el Estado, que se calcula entre 5.000 y 7.000 millones de pesos si el concurso fuera suspendido.
«La labor del juez de tutela no se limita a la adopción estática de una medida, sino que comprende el deber dinámico de velar porque esta siga siendo la más idónea y necesaria», se lee en la decisión.
🔍 Aspectos clave de la providencia:
- Se permitirá el examen al accionante de manera provisional, sin prejuzgar sobre el fondo de la tutela.
- La Universidad Libre deberá garantizar su participación y notificar esta decisión a todos los vinculados al proceso en el término de una hora
- RESUELVE:
1. MODIFICAR el numeral tercero del auto proferido el 14 de agosto de 2025, por medio del cual se decretó medida provisional. En su lugar, se ORDENA a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad Libre que garanticen la participación del señor Nelson Uribe Martínez en el examen programado para el día 24 de agosto de 2025. En consecuencia, LEVÁNTESE la suspensión de la aplicación de las pruebas que había sido previamente ordenada.
2. ADVERTIR a las partes e intervinientes que la participación del accionante en la prueba referida, así como en las fases subsiguientes del concurso, tendrá un carácter estrictamente provisional. La consolidación y validez de sus resultados estarán supeditadas a la decisión definitiva que se adopte en la presente acción de tutela.
3. NOTIFICAR esta providencia a las partes y a los vinculados por el medio más expedito y eficaz.
4. ORDENAR a la Universidad Libre, en su calidad de entidad operadora del concurso, que en el término perentorio de una (1) hora contada a partir de la comunicación de esta providencia, notifique la presente decisión a todas las personas vinculadas al proceso. Deberá arribar a este Despacho el soporte de dichas comunicaciones con las respectivas constancias de entrega.
Reacciones y contexto
Desde hace semanas, sindicatos y funcionarios de la Fiscalía habían expresado dudas sobre las condiciones técnicas del concurso, anticipando una avalancha de tutelas. La decisión judicial provisional aumentó la tensión, pues el concurso obedece a una orden previa del Consejo de Estado para reemplazar a los funcionarios que actualmente ocupan cargos en provisionalidad.
¿Qué sigue?
La prueba escrita se realizará este domingo 24 de agosto en más de 120 sedes habilitadas en las 32 capitales del país, con 98.000 aspirantes inscritos para ocupar uno de los 4.000 cargos disponibles.
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