El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien había sido condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión revocó la orden de detención inmediata impuesta por la jueza 44 de conocimiento, Sandra Liliana Heredia.
La Sala Penal del Tribunal señaló que los argumentos utilizados para privar de la libertad a Uribe resultaban “vagos, indeterminados e imprecisos”, sustentados en razones como la percepción ciudadana, el efecto ejemplarizante y la convivencia pacífica. Los magistrados advirtieron que la medida desconocía principios como la presunción de inocencia y el derecho a permanecer en libertad hasta que la condena quedara en firme.
El fallo subraya que “no se demostró la intención de fuga mediante la salida del país ni la realización de trámites de asilo”, y que “las medidas de aseguramiento no pueden sustentarse en riesgos futuros meramente hipotéticos ni en conjeturas derivadas del reconocimiento social del acusado”.
Ante la decisión, el senador Iván Cepeda, quien actúa como víctima en el proceso, expresó: “Respetamos esta decisión, más no la compartimos. Tenemos la certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia y campañas en contra nuestra”. Añadió que la medida de la jueza Heredia “era de alguna manera para protegernos de ese tipo de acciones”.
Cepeda anunció que apelará la decisión del Tribunal: “Con toda la calma y serenidad, procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos pertinente”.
Por su parte, el partido Centro Democrático celebró el fallo. Su presidente, Gabriel Vallejo, aseguró que “la justicia colombiana acaba de determinar que la juez 44 violó los derechos fundamentales del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es una gran noticia para el país y para el partido, pero sobre todo para Álvaro Uribe, que seguirá defendiéndose en libertad”.
Con esta decisión, el exmandatario continuará el proceso judicial sin medida de aseguramiento, mientras avanza la apelación y, eventualmente, la revisión en la Corte Suprema o la Corte Constitucional.