Por: Focus Noticias | El Canal de las Audiencias
Bogotá, Colombia – La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida el pasado 11 de agosto de 2025, sigue generando hondas repercusiones políticas y judiciales. Una revelación conocida por el medio SEMANA, pone en el centro de la controversia a la Fiscalía General de la Nación. Documentos oficiales indicarían que dicha entidad habría tenido conocimiento, al menos 13 días antes, de un plan para asesinar al líder del partido Centro Democrático. Sin embargo, la advertencia no habría sido compartida con las autoridades encargadas de su protección.
La información provino de un detenido recluido en la cárcel de Itagüí, Antioquia, quien habría descrito con detalles un complot en marcha que tenía como objetivo a varios líderes políticos de la derecha colombiana. Los datos, que incluían incluso la suma de ocho millones de dólares supuestamente entregados por organizaciones guerrilleras para ejecutar los asesinatos, indagan por qué no se activaron los protocolos necesarios para salvaguardar la vida del senador.
La advertencia recibida por un fiscal de crimen organizado
El 26 de mayo de 2025, un fiscal de crimen organizado visitó el centro penitenciario de Itagüí. Allí, según consta en un informe de inteligencia de la Alcaldía de Medellín, un recluso le advirtió sobre un plan estructurado por las disidencias de las FARC y un grupo conocido como Guerrillas del Pacífico para asesinar a Miguel Uribe y a otros importantes referentes del uribismo.
En una lista negra revelada por SEMANA, figuraban además el expresidente Álvaro Uribe Vélez, las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, el senador Jota Pe Hernández, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, la concejala y exfiscal Claudia Carrasquilla, y el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.
La advertencia enviada por el informante se concretó concretó el 7 de junio, en pleno evento público en Bogotá, y el senador falleció tras dos meses en la UCI de la Fundación Santa Fe.
Una segunda alerta, también ignorada
Una segunda fuente, esta vez desde Montería, entregó nueva información el 3 de junio, apenas cuatro días antes del atentado. De nuevo, la advertencia fue dirigida a la Fiscalía. Esta vez, el objetivo era Álvaro Uribe y Paloma Valencia.
En un documento clasificado, se lee:
“La semana del 3 de junio, antes del atentado contra Miguel Uribe, una fuente humana en Montería informó sobre un atentado a Álvaro Uribe y Paloma Valencia. Esa información la enviaron al CTI Antioquia, allí le dieron trámite y pusieron de conocimiento a la Fiscalía General en Bogotá… Luego del atentado a Miguel Uribe contactaron nuevamente a la fuente humana, un detenido, este dice que si lo trasladan de Pedregal a Bogotá cuenta más”.
La revelación de que la Fiscalía tuvo estas alertas en su poder y si las canalizó o no hacia la Policía Nacional, la UNP ni los propios afectados, crea un interrogante .
Entrevista exclusiva: Claudia Carrasquilla rompe el silencio
En entrevista exclusiva con Focus Noticias, la concejala Claudia Carrasquilla, exdirectora nacional de fiscalías, fue enfática:
«La omisión de la Fiscalía no fue un simple error administrativo. Fue una negligencia institucional gravísima que terminó costándonos la vida de Miguel Uribe. Como exfiscal, me duele profundamente que no se haya actuado con la urgencia que requería esta amenaza.»
Carrasquilla dirigió una carta formal a la directora seccional de fiscalías en Medellín, Esperanza Amaya Pascuas, cuestionando la falta de actuación pese a la gravedad del dato entregado el 26 de mayo.
Los fallos en el esquema de seguridad
A este panorama se suman las denuncias contra la Unidad Nacional de Protección (UNP). El abogado de la familia Uribe Turbay, Víctor Mosquera, informó que al menos veinte solicitudes formales de reforzamiento del esquema de seguridad fueron rechazadas.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, informó que el senador contaba únicamente con siete escoltas y dos vehículos blindados, cifra que incluso se redujo a tres escoltas el día del atentado.
El presidente Gustavo Petro solicitó una investigación a fondo para esclarecer la reducción del esquema el día del ataque y la posible responsabilidad administrativa de la UNP. Rodríguez fue citado por la Fiscalía para explicar los criterios utilizados para aprobar (o rechazar) solicitudes de protección.
¿Qué pasó en la Fiscalía?
Consultada por medios nacionales, la Fiscalía General sostuvo que no encontró registros de la alerta recibida por el fiscal en Itagüí, aunque sí reconoció amenazas anteriores contra Álvaro Uribe y otras figuras políticas, las cuales habrían sido tratadas con el Ejército.
No obstante, la Alcaldía de Medellín insiste en que la advertencia sí fue recibida por un fiscal y que el documento oficial reposa en sus archivos. Aún se desconoce qué hizo el funcionario con esa información y por qué no se fortaleció el esquema de seguridad de Miguel Uribe, sabiendo que era un objetivo inminente.
El ataque: 7 de junio en Bogotá
El atentado ocurrió durante un acto público en el occidente de Bogotá. Uribe Turbay recibió un disparo en la cabeza y otro en la pierna. La investigación inicial apuntó de inmediato a un ataque político, y las autoridades revisaron más de 1.000 videos de cámaras de seguridad en la zona.
Seis personas han sido capturadas, incluyendo a Élder José Arteaga, alias El Costeño, presunto enlace entre los autores materiales e intelectuales del magnicidio. El precio del atentado habría sido de 20 millones de pesos colombianos (4.800 dólares).
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que todos los involucrados están compareciendo ante la justicia, pero la pregunta de fondo sigue sin responderse:
¿Pudo haberse evitado la muerte de Miguel Uribe Turbay si se hubiera atendido la alerta del 26 de mayo?
Una cadena de omisiones fatales
La cadena de acontecimientos deja al descubierto fallas estructurales y posibles responsabilidades penales:
- Fiscalía: recibió dos alertas previas al atentado y no activó los protocolos de protección ni compartió la información con las autoridades correspondientes.
- UNP: ignoró múltiples solicitudes de refuerzo al esquema de seguridad del senador.
- Gobierno nacional y Ejército: reconocieron amenazas, pero no ejecutaron acciones específicas ante la inminencia del ataque.
- Responsables intelectuales: grupos armados ilegales estarían detrás del plan de exterminio político, financiado con millones de dólares.
La justicia deberá establecer con precisión quién sabía qué y cuándo, y si la inacción fue producto de negligencia, omisión o algo aún más grave.
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Redacción: Unidad de Investigación Periodística – Focus Noticias
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