Bogotá, Colombia – La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ha presentado un incidente de nulidad y una solicitud de aclaración ante la Corte Constitucional, en respuesta a la sentencia SU-277 de 2025, que revocó las resoluciones que permitían la intervención de la EPS Sanitas, la segunda mayor prestadora de servicios de salud en Colombia, con cerca de 6 millones de afiliados. A través de estas acciones legales, la Supersalud interpone el recuro tras más de un año de intervención administrativa.
El Caso de EPS Sanitas: Un Año Bajo Intervención
El 2 de abril de 2024, la Supersalud había intervenido de forma administrativa la EPS Sanitas debido a preocupaciones sobre su situación financiera y operativa. Esta intervención fue prorrogada en varias ocasiones, sin embargo, el 28 de julio de 2025, la Corte Constitucional, ordenó la anulación de dicha intervención, al considerar que se vulneraron los derechos fundamentales de los accionistas, incluidos los del Grupo Keralty.
La Corte subrayó que las decisiones tomadas por la Supersalud no habían respetado las garantías procesales mínimas, particularmente el derecho al debido proceso. Como consecuencia, se dejaron sin efectos las resoluciones que habilitaban la intervención y se ordenó la restitución de la EPS a su propietario original.
La respuesta del Gobierno: Incidente de nulidad y solicitud de aclaración
Supersalud informó que se presentaron dos acciones ante el alto tribunal: un incidente de nulidad y una solicitud de aclaración. El incidente de nulidad tiene como objetivo garantizar el respeto al debido proceso y la coherencia del sistema normativo y jurisprudencial. La entidad afirma que la sentencia contiene vicios materiales graves que justifican su nulidad, como la omisión de argumentos clave y el análisis de asuntos constitucionales relevantes, además de que se presentaron defectos en el procedimiento judicial.
No se busca » reabrir el debate jurídico, sino garantizar que las decisiones proferidas por la Corte Constitucional respeten de manera estricta las garantías procesales, en especial el debido proceso, y que se mantenga la coherencia del sistema normativo y jurisprudencial» . Por lo que solo es procedente cuando se constata un defecto grave y ostensible en el trámite de la sentencia o una transgresión que tenga un impacto sustancial en la decisión», señaló la Supersalud.
Las Peticiones Clave de la Supersalud
Dentro de la solicitud de aclaración, la Supersalud pidió que se precisara el alcance de la decisión tomada en la sentencia. En particular, solicitan aclaraciones sobre:
- La forma en que se debe ejecutar la devolución de Sanitas: ¿Quién será el receptor de la EPS Sanitas y qué plazos deben cumplirse para su entrega efectiva?
- El cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008: La Corte había planteado condiciones adicionales en su fallo que la Supersalud considera poco claras en cuanto a los pasos a seguir.
Además, la Supersalud solicita que se aclare si la «anulación» de las resoluciones implica la eliminación definitiva de la intervención o si se contempla un nuevo proceso administrativo para Sanitas.
La Reacción del Grupo Keralty
El grupo Keralty, propietario de EPS Sanitas dice que el Gobierno ha demorado la restitución de la EPS, a pesar de la decisión de la Corte. En una reciente intervención, el abogado Juan David Riveros, representante de Keralty, criticó la actitud del Gobierno, señalando que “la actuación del gobierno parece enfocarse únicamente en las decisiones judiciales que le favorecen, mientras que se muestra renuente a cumplir con aquellas que no lo hacen”.
Por otro lado, la Subdirectora Jurídica de la Supersalud, María Camila Lozano Martínez, indicó que la aclaración busca evitar que la sentencia «se convierta en un obstáculo para la operatividad de la entidad y la seguridad jurídica del sistema de salud».