La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, tras recibir una demanda que lo señala de presunta manipulación durante la votación de la consulta popular en el Congreso, realizada el pasado 14 de mayo.
La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, específicamente por el despacho del magistrado César Reyes, quien ordenó la recolección de pruebas, la escucha de varios testimonios y la citación de Cepeda para que rinda versión libre dentro del proceso judicial.
Al respecto el Senador Efraín Cepeda afirmó:
«Transparencia absoluta en el Senado. Estoy preparado para presentar ante la Corte Suprema videos, audios y documentos que demuestran la verdad sobre la plenaria, respaldando la actuación impecable de la Mesa Directiva y del Secretario General, nuestro notario. ¡No permitiremos que la mentira prevalezca! Elevamos la solicitud de investigar a quienes no solo obstaculizaron la labor del Secretario General, sino que intentaron sustraer documentos oficiales. Esta es una gran oportunidad para que brille la justicia y los colombianos tengan claro qué sucedió en esa sesión del Congreso«
Un debate cargado de tensiones
La controversia se originó cuando, antes de la votación de la consulta, el senador Cepeda incluyó en el orden del día la apelación de la reforma laboral, una jugada parlamentaria que fue duramente cuestionada por varios sectores. Para algunos congresistas, esta decisión habría influido directamente en el hundimiento de la consulta en el Senado.
La consulta popular había sido promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, con el objetivo de someter a votación ciudadana 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral, una de las apuestas clave del Ejecutivo.
Gobierno revoca la consulta popular
A la par del escándalo judicial, el Ejecutivo tomó una decisión política: derogó oficialmente la convocatoria a la consulta popular mediante el Decreto 0703 del 2025, publicado en el Diario Oficial.
Este nuevo decreto deja sin efectos el Decreto 639 del 11 de junio, que citaba a los colombianos a las urnas el próximo 7 de agosto. Según el documento, ya no es necesaria una consulta debido a que el Congreso culminó el trámite legislativo y aprobó la conciliación del proyecto de ley laboral el pasado 20 de junio.
La firma del decreto estuvo a cargo del presidente Gustavo Petro y de todos los ministros, con excepción de dos, cuyos cargos fueron asumidos por funcionarios encargados: Mauricio Cabrera Leal por el Ministerio de Ambiente y Kevin Fernando Henao Martínez por el Ministerio de Ciencia.
