En una rueda de prensa realizada este martes, el Registrador Nacional, Hernán Penagos, se pronunció sobre la polémica generada por el llamado ‘decretazo’ que ordena la realización de una consulta popular, el próximo 7 de agosto en medio de la controversia jurídica y política que ha generado.
Registraduría pide concepto al Consejo de Estado para definir futuro del mecanismo.
Consulta popular queda en suspenso: Registrador solicitará concepto jurídico al Consejo de Estado
Penagos advirtió que la medida evidencia una ruptura preocupante en la separación de poderes y enfatizó la necesidad de que la Corte Constitucional intervenga para definir con claridad esta controversia legal. Mientras tanto, la Registraduría procederá a solicitar un pronunciamiento formal a otras entidades del Estado, entre ellas la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, la Agencia Jurídica del Estado y la Procuraduría, para obtener un concepto integral que oriente el proceder sobre la consulta popular.
“Estamos ante una controversia jurídica que no tiene antecedente en la historia moderna de Colombia. Pero, de otro lado, estamos ante una dificultad material, porque organizar una consulta popular de la magnitud de la que aquí se convoca exige una planeación muy juiciosa, que debe adelantarse con todo rigor”, explicó Penagos.
“Desde ya solicitamos muy respetuosamente al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional que de manera rápida tomen decisiones de fondo que permitan saber hacia dónde va el país, porque esta duda no se puede mantener”, afirmó el Registrador Nacional.
Siga aquí las declaraciones del Registrador Nacional, Hernán Penagos sobre la Consulta Popular:
Además, Penagos explicó el proceso logístico necesario para convocar a la consulta y advirtió sobre el riesgo financiero que implica la ejecución del decreto. “No es correcto que la Registraduría comprometa 750.000 millones de pesos; hay que ser prudentes, porque esto puede significar un detrimento patrimonial para el Estado, además de abrir la puerta a investigaciones disciplinarias y fiscales”, indicó.
«Materialmente no es posible realizar la logística en poco tiempo, mínimo se requieren tres meses como lo define la Constitución y las leyes, este es similar a un proceso nacional ordinario como una elección de Congreso y Presidencia que dura un año y medio de organización, son cerca de 112.000 mesas nacionales y hay que llevar material electoral a 67 países, capacitar jurados y ponen en marcha los sistemas de procesamiento de los votos«: Registrador Nacional
«Son 42 millones de personas las que podrían participar en la consulta»
Y agregó: «Yo tengo que acatar lo que dice la Constitución y la Ley, se debe respetar el principio de la separación de poderes, yo insisto vamos a iniciar una acciones administrativa para que las demás entidades se pronuncien, cuales son las acciones que se adelantarán de ahora en adelante, el Registrador no es magistrado, hay que esperar la decisión de los jueces, debe haber una planeación y un concepto, más de 150 tutelas que estan en las cortes«.
El pasado viernes, el Gobierno solicitó a la Registraduría convocar a los ciudadanos para votar el próximo 7 de agosto sobre 12 preguntas relacionadas con una reforma laboral. Sin embargo, el Senado negó este mecanismo el 14 de mayo, pero el Ejecutivo insiste en llevar adelante la convocatoria, dejando la responsabilidad en manos de la Registraduría.
El registrador agregó que luego de las decisiones de las altas cortes al respecto si ordenan realizar la consulta esta se organizará dentro de los términos de la ley. Agregó que en el encuentro convocado por la Iglesia no habló con el presidente Gustavo Petro de este tema.
Con estas declaraciones, la Registraduría pone en evidencia la complejidad y el impacto de la decisión, al tiempo que pide un pronunciamiento rápido y definitivo de las autoridades judiciales competentes para despejar las dudas jurídicas y políticas que rodean la consulta popular.